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Hace algunos años, siguiendo la experiencia de otras ciudades del mundo, se establecieron en Medellín las llamadas Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER). El objetivo de las ZER era evitar que los particulares convirtieran en parqueaderos privados gratuitos las congestionadas calles de la ciudad. Se estableció una tarifa relativamente elevada para inducir al automovilista a buscar un parqueadero con cobro en el caso de que su permanencia en el lugar fuese prolongada. Contrariando este objetivo, bastante plausible, la Administración Municipal de Medellín decidió privatizar a su favor las ZER y montarle un negocio a una empresa de su propiedad, la Sociedad Terminales de Transporte.
El propósito disuasivo de las ZER se ha perdido por completo. Ya no importa que los vehículos permanezcan estacionados todo el día, congestionado las vías de la ciudad, siempre que la empresa del municipio se lucre con un cobro indebido y descarado. Este negocio es además una abusiva competencia desleal del Gobierno con los particulares que han invertido en la construcción de parqueaderos para el público.
Como ocurre cada vez que el gobierno establece un trámite que suponga un cobro a los ciudadanos o fija una multa por la inobservancia de alguna norma absurda, los funcionarios encargados de su ejecución se sienten autorizados para montar su propio negocio. Ese es también el caso de las ZER de Medellín.
Cuando un automovilista se estaciona en una de las celdas demarcadas de las ZER, inmediatamente aparece el funcionario de la Terminal y se tiene el siguiente diálogo:
- ¿Se demora mucho?
- No, solo un instante.
- Vaya pues, que yo le “colaboro”.
También están dispuestos a “colaborar” con el automovilista los guardas de tránsito que operan las grúas en las que se llevan a los patios de la Secretaría de Movilidad los vehículos de los infractores sorprendidos en flagrancia. La colaboración, por si alguien lo ignora, supone un pago inferior a la tarifa del estacionamiento o a la multa y demás costos en que se debe incurrir para sacar los vehículos de los ominosos patios. Venido el caso, también están dispuestos a “colaborar”, para acelerar el proceso, los funcionarios de la dependencia donde se pagan las multas y, cómo no, los que administran los patios.
El negocio montado por la administración municipal de Medellín es, evidentemente, un caso de corrupción legalizada de los que abundan cada vez que los gobiernos deciden intervenir la vida de las personas. No tiene nada de extraño que los encargados de ejecutar las acciones se sientan autorizados a lucrarse personalmente. La corrupción legalizada del Gobierno justifica y alienta la corrupción particular de sus agentes.
En una ciudad agobiada por la congestión, causada más por la incapacidad de la administración municipal para ampliar la red vial que por la existencia de un elevado número de vehículos, el manejo que se le viene dando a las ZER aumenta la congestión al tiempo que desincentiva la construcción y operación de parqueaderos públicos.
La administración municipal de Medellín debería entender que lo público es lo que es de todos y que el deber de los funcionarios del Gobierno es hacer respetar esa condición, no de apropiárselo, legal o ilegalmente, para su propio beneficio, como ocurre hoy con las ZER.
En su espléndida novela Los empleados, Balzac definió al gobierno como un gigantesco poder burocrático puesto en movimiento por enanos. Todo el que haya adelantado gestiones en oficinas gubernamentales sabe de la capacidad que tienen esos enanos, mal llamados servidores públicos, para amargar la vida de las personas que por desgracia llegan a la oficina, taquilla o lugar cualquiera donde ejercen su función, como las zonas ZER de Medellín donde están siempre atentos los funcionarios de la Sociedad Terminales de Transporte para cobrarle a los ciudadanos su descarado estipendio.
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