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Entre los 100 mejores colegios del País, según las Pruebas Saber 11 de 2016, no hay un solo colegio público. Léase bien: ni uno solo. El primer colegio público del escalafón es el Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño, en el puesto 119. Hay únicamente 11 colegios públicos entre los 500 mejores. Para encontrar una participación elevada de los colegios públicos hay que mirar el otro extremo de la tabla: 92 de los 100 peores colegios del País son públicos. No es un problema de baja representación de éstos puesto que el 68 % de los 11.472 colegios que participan en las Pruebas Saber son públicos. Los colegios públicos son aquellos donde “enseñan” los maestros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), actualmente en huelga en “defensa” de la educación pública.
Fecode es un sindicato politizado que periódicamente interrumpe la prestación del servicio de educación con paros, marchas y protestas. Esto no tiene ninguna consecuencia para sus afiliados que nunca son sancionados, no dejan de recibir sus salarios y, lo más importante, tampoco pierden participación en el mercado puesto que los alumnos de las escuelas y colegios oficiales son en su inmensa mayoría niños y jóvenes de familias pobres que no tienen alternativa. Son ocho millones los niños y jóvenes condenados a la educación mediocre y de baja calidad impartida por los maestros afiliados a Fecode.
El poder de mercado es la capacidad que tiene un agente económico de aumentar el precio o reducir la calidad o continuidad de su oferta sin que esto tenga consecuencias sobre sus ingresos. Este es el caso de la llamada educación oficial o pública de la que Fecode ostenta el monopolio. Esos ocho millones de niños y jóvenes y sus familias que no pueden elegir son los rehenes de Fecode.
El poder de mercado de este sindicato, que se transforma en poder político, es resultado de la forma de financiación de la educación pública mediante el sistema de subsidios a la oferta. Las escuelas y colegios oficiales y sus maestros reciben sus ingresos financiados con impuestos sin que importe el número de alumnos atendidos ni la continuidad o calidad del servicio educativo. Esto es el subsidio a la oferta.
Es falso que el subsidio a la oferta sea la única forma de garantizar la gratuidad de la educación, como pretenden los dirigentes de Fecode y sus aliados “progresistas” de izquierda. Desde hace tiempo están inventados, en el mundo y en Colombia, los subsidios a la demanda para garantizar a los más pobres el acceso a la educación y a otros bienes y servicios considerados como meritorios. Los colegios en concesión y el programa Ser Pilo Paga son ejemplos exitosos de subsidios a la demanda.
El voucher educativo, también llamado bono o cheque educativo, es la forma alternativa de financiar la educación pública que además de garantizar su gratuidad obliga a las escuelas y colegios oficiales a competir con calidad y servicios si quieren retener los alumnos. El voucher educativo fue propuesto por Milton Friedman en los años 50 y actualmente es aplicado en varios estados de Estados Unidos y en países como Singapur, Corea del Sur y Suecia cuyos sistemas educativos están entre los mejores del mundo. Sí, en la “socialista” Suecia, donde se implantó desde 1992.
El voucher educativo opera de una manera extremadamente simple. La totalidad de recursos que el gobierno entrega anualmente a las escuelas y colegios oficiales, se divide por el número de alumnos y se determina así el monto del bono que debe entregarse a cada estudiante o a su familia. El bono no se entrega a las escuelas y colegios sino a las familias. Cada familia escoge la escuela o colegio de su preferencia y paga con su bono la matrícula y las mensualidades. Los maestros, como en cualquier actividad que recibe sus ingresos de sus clientes, deben esforzarse con calidad, continuidad y servicios para retener sus alumnos. Si no lo hacen, pierden demanda y las escuelas malas desaparecen. La competencia sería más intensa sí, como es mucho mejor, el bono es universal, es decir, si puede utilizarse en todos los colegios públicos o privados. El voucher debe ser intransferible y de uso exclusivo para pagar servicios educativos. Este es el principio básico que podría tener algunos cambios para su aplicación efectiva y manejar problemas de transición.
El programa Ser Pilo Paga y los colegios en concesión en Colombia y las experiencias de los países mencionados con el bono educativo muestran que es posible eliminar el subsidio de la oferta y mantener la gratuidad de la educación para los más pobres. Por eso, cuando Fecode defiende el subsidio a la oferta lo que está defendiendo es su monopolio, no la gratuidad de la educación.
Lo que teme Fecode es que ocurra, como seguramente ocurrirá, lo que pasó con el programa Ser Pilo Paga cuyos beneficiarios eligieron mayoritariamente universidades privadas. Los resultados de las pruebas Saber 11 de 2016 sugieren que el temor de la Fecode no es infundado.
La implantación del bono educativo universal es una tarea urgente para mejorar la calidad de la educación. Los buenos maestros afiliados a Fecode, que son la mayoría, tendrían escuelas y colegios de mejor calidad, más alumnos y mejores ingresos porque podrían explotar sus competencias y habilidades sin estar sometidos a la mediocridad que impone un escalafón salarial que no reconoce los méritos.
Los ocho millones de alumnos y sus familias tendrían libertad de escoger, de seleccionar para sus hijos escuelas y colegios de calidad y dejarían de ser, y con ellos el país entero, rehenes de un sindicato politizado dominado por lo más mediocre de la izquierda “progresista”.
