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El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció el martes 29 de septiembre una iniciativa de ley para la creación de tres zonas económicas especiales (ZEE) en los estados del sur del país, con el objetivo de atraer inversión extranjera, crear empleos e impulsar las exportaciones.
Las dos áreas iniciales que el Gobierno pretende designar como ZEE incluyen Puerto Chiapas y Lázaro Cárdenas, en la costa del Pacífico. De aprobarse, se crearía también el Corredor Interoceánico de Tehuantepec, que conectaría las costas del Golfo y del Pacífico e incluiría Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz (ver mapa).
Las ZEE permitirían «reducir los contrastes entre la prosperidad de la región norte y bajío del país y la marginación de los estados del sur», dijo en Chiapas el presidente Peña Nieto, durante la presentación de la propuesta de ley.
Las zonas ofrecerían una combinación de incentivos fiscales, facilidades para el comercio y la simplificación de procesos regulatorios para acelerar el crecimiento económico. También incrementarían la inversión en infraestructura, en sectores como telecomunicaciones y energía, y ofrecerían acceso a crédito a través de la Banca de Desarrollo de México.
La propuesta fue realizada con el apoyo del Banco Mundial, que ha colaborado con experimentos de políticas públicas similares en países como China, Malasia, Corea del Sur y Turquía. En su discurso, sin embargo, Peña Nieto reconoció que no todas las ZEE han sido una «panacea». Y que más allá de las inversiones y la participación del sector privado, que se necesitan, el esfuerzo también requerirá una capacidad de coordinar decisiones a través de varios niveles de Gobierno, una visión a largo plazo y que los funcionarios del Gobierno mantengan claros los objetivos de elevar la productividad y competitividad.
Cerrando la brecha entre norte y sur
La política macroeconómica de México ha impulsado la productividad y el crecimiento de áreas como el Distrito Federal y el estado de Nuevo León. Pero los beneficios no se han diseminado a todo el país, sobre todo a los estados sureños.
Alrededor de 74 por ciento de los residentes de Chiapas, 67 por ciento de Guerrero y 61 por ciento de Oaxaca viven en extrema pobreza, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esos tres estados son los mismos con los niveles más bajos en el índice de desarrollo humano de la ONU, de acuerdo a un reporte de 2015.
Un claro reconocimiento de que el sur está rezagado respecto al resto del país y que el problema se debe a los incentivos creados por la regulación ya es un hecho positivo, dice el economista y analista político Pedro Valenzuela Parcero. Pero la iniciativa enfrenta varios retos.
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Primero, que el presidente no reconoció los distintos factores mitigantes que podrían obstaculizar las ZEE. «Los retos de seguridad de Michoacán son distintos a los retos de Guerrero, por ejemplo, y estos de los de Chiapas… Y en la iniciativa del Presidente no veo esa distinción en el tratamiento», dijo Valenzuela al PanAm Post.
Además, está el problema de la implementación. Las instituciones municipales y estatales «no tienen ni la voluntad ni el capital humano para accionar estos programas,» explica el analista. Para que el esfuerzo se sostenga en el tiempo, «es necesario que haya un plan contra la corrupción, una estrategia coherente de seguridad… problema para el cual no ha habido esfuerzos claros o coherentes para atacarlo».
En México y el resto del mundo, el éxito de las iniciativas de ZEE depende del tamaño, ubicación y la infraestructura que requieren. Pero existe un problema mayor, según Lotta Moberg, economista de la Universidad de George Mason. “Los tomadores de decisiones deben ser capaces de encontrar las políticas adecuadas para las zonas y tener los incentivos correctos para implementarlas», escribe Moberg en un estudio de 2014. «En otras palabras, deben superar un problema de conocimiento y uno de incentivos».
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