English Version
EnglishTras meses de crisis política y protestas ciudadanas en Guatemala, el descontento de la gente con los niveles de corrupción y arreglos políticos se tradujo en una frase citada a menudo: «el problema no es la gente, es el sistema». Y así es.
Esta es la razón por la cual varios líderes de opinión y de la sociedad civil han estado proponiendo reformas a la legislación que regula las elecciones y los partidos políticos, centrales en el funcionamiento del sistema político.
Los principales problemas de la política electoral en Guatemala son, sin lugar a dudas, la opacidad con la que los partidos son financiados; la falta total de autoridad del Tribunal Electoral para aplicar las reglas de juego y la organización interna de los partidos políticos —la mayoría de ellos podría intentar con un poco de democracia interna.
Sin embargo, el problema es que los congresistas a cargo de aprobar una reforma significativa son los mismos que más pierden al hacerlo. En consecuencia, ninguno de los asuntos mencionados más arriba fue incluido en el proyecto aprobado por el Congreso el pasado jueves.
Esconder la corrupción debajo de la alfombra
La propuesta fue votada favorablemente por 124 de los 158 congresistas, y ahora debe ser sometida a análisis en la Corte Constitucional. La corte luego decidirá cuáles artículos son válidos y cuáles inconstitucionales. De todas maneras, incluso si son aprobados, no le ofrecerán ningún respiro a los guatemaltecos que buscan terminar con la corrupción.
La reforma permitiría a los guatemaltecos en el exterior a votar para presidente, vicepresidente y representantes en el Congreso y en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). También apunta a duplicar el desembolso que hace el Estado para los partidos partidos políticos por cada voto obtenido en las elecciones, de US$5 a US$10.
Además, obliga a las organizaciones políticas a unificar sus cuentas bancarias, y hacer pública la lista de patrocinadores y los montos que aportan a sus campañas.
Mientras que las medidas propuestas no son necesariamente malas, son apenas carnada para distraer al electorado de los asuntos importantes: no hubo ninguna intención seria de cambiar el sistema electoral para hacerlo más representativo, ni altera sustancialmente las formas en que se financian los partidos.
La imposibilidad de una reforma en serio
Muchos en Guatemala se quejan sobre la práctica común en la cual un congresista electo se cambia de un partido a otro, conocida como «transfuguismo». La reforma busca terminar con esta práctica al prohibir a los congresistas cambiar de partido en el caso que renuncien a su puesto.
Es más, sí un congresista ocupa otras posiciones en el Congreso —por ejemplo, en una comisión especial— y opta por renunciar a su partido, otro integrante del cuerpo legislativo puede reemplazarlo.
Sin embargo, esto es apenas una receta para tratar los síntomas, y no la enfermedad. Ninguna prohibición absoluta al «transfuguismo» tendrá éxito si los incentivos para cambiar de bando y proteger sus beneficios y los de sus financistas no son eliminados del sistema.
[adrotate group=»8″]
Nada de esto fue abordado en el debate legislativo: 19 de las 31 propuestas en la reforma fueron incluidas en el último minuto y sin un debate adecuado.
Como señaló el analista Jahir Dabroy al diario local El Periódico, esta fue una movida estratégica para deslindarse de la responsabilidad, ya que ahora es en la Corte Constitucional, y no en el Congreso, donde se decidirá cuáles artículos son constitucionales y cuáles no.
Parece que el Congreso está intentando preservar sus privilegios y, hasta el momento, lo está logrando.
Discusión sobre post