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La recién aprobada Reforma Tributaria, con la cual se introducen nuevas categorías y mayores niveles de tributos es una magnífica oportunidad para discutir sobre la relación entre el tamaño y la función del Estado y el desarrollo económico y el bienestar de la población. Las imposiciones de nuevos tributos han sido frecuentemente catalizadores de grandes cambios políticos.
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En Colombia, durante los últimos cinco años, el recaudo de impuestos ha crecido a un 13 % compuesto anual. El recaudo de impuestos como proporción del PIB ha pasado de alrededor 10 % a algo más del 15 %. El aumento de este indicador ha sido señalado por el gobierno como algo positivo para el país, por aproximarse a los niveles de las economías desarrolladas.
Las grandes economías europeas, cuyas organizaciones estatales crecieron muy significativamente durante la segunda mitad del siglo XX, tienen este indicador por encima del 30 %. En Estados Unidos el recaudo de impuestos federales ha fluctuado alrededor del 18 % del PIB desde fines de los sesenta, elevándose hasta el 20 % al final del siglo XX y disminuyendo hasta el 15 % del PIB en el 2011 (David Wessel, Red Ink Inside the High-Stakes Politics of the Federal Budget, CPG 2012). Claro, suponer que un alto recaudo de impuestos nos va a convertir en un país desarrollado es, por decir lo menos, ingenuo.
El indicador, simplista por si, tiene problemas de definición que lo pueden desdibujar por completo y hacerlo inútil como parámetro comparativo. En Colombia, por ejemplo, los impuestos locales, en ICA y predial, son cuantiosos, así como los “parafiscales”, que son inexistentes en muchas economías desarrolladas. Cuando se suman ambos conceptos a los impuestos nacionales, los niveles de tributación con respecto al PIB aumentan hasta en cinco puntos.
Un alto recaudo de impuestos podría emplearse para potenciar la productividad de empresas y personas, y el bienestar social en general. Los grandes Estados de los países desarrollados logran en muchos casos una alta efectividad en funcionamiento de sus principales instituciones, aquellas asociadas a la provisión de justicia, seguridad personal y seguridad social, algo en general incomparable con lo que el Estado colombiano proporciona a sus ciudadanos. Si a esto le sumamos la falta de infraestructura para movilidad y transporte, encontramos que el Estado colombiano difícilmente puede justificar su altísimo gasto.
Finalmente, la relación del indicador Recaudo de Impuestos/PIB con el nivel de desarrollo no implica por supuesto ninguna causalidad. De hecho, se podría argumentar que los países con alto PIB per capita lo son a pesar de contar con aparatos estatales gigantescos; y que si sus niveles impositivos fuesen mucho menores, sus ritmos de crecimiento económico serían superiores. De hecho, no existe evidencia empírica alguna que asocie un gobierno más grande con mayor crecimiento económico.
Un estudio de Bergh y Henrekson (Government Size and Implications for Economic Growth, National Research Initiative, 2010) que revisa cuidadosamente numerosas investigaciones econométricas con distintas metodologías realizadas sobre este tema concluye que “hay una correlación negativa robusta entre el tamaño del gobierno y el crecimiento económico”. Entre muchos, cita un estudio de Loayza y Ranciere (2006) que con series de 75 países para el período 1960-2000 concluye que el tamaño del gasto público como proporción del PIB esta asociado negativamente al crecimiento económico.
Uno de los argumentos frecuentemente utilizados en Colombia para promover el incesante aumento de los impuestos es el objetivo redistributivo del gasto público. Sin embargo, varios análisis han concluido que la desigualdad, medida por el coeficiente Gini, prácticamente no varía después de considerar el efecto de los impuestos y del gasto público (pasa de 0,53 a 0,52). Esto porque partes muy significativas del gasto están destinados a las clases medias y medias altas (por ej. Pensiones) y partes muy grandes del recaudo tributario provienen de las amplias clases bajas vía impuestos indirectos (IVA). En cuanto a su función redistributiva, el Estado colombiano recauda de todos para entregar a unos pocos.
La discusión sobre el crecimiento desbordado del Estado afecta otras esferas de la calidad de vida presente y futura del país. Un Estado más grande tiene innumerables efectos colaterales. Un gobierno grande no sólo quita recursos económicos al sector privado sino también atrae talento humano que, en lugar de buscar desarrollar emprendimientos innovadores, ve en el gobierno y la política oportunidades importantes de ascenso social y progreso económico personal.
Un Estado grande coarta las libertades individuales, por su excesiva influencia sobre los medios de comunicación y sus despliegues autoritarios. Un Estado grande promueve el despilfarro y la corrupción. Y tal vez lo más grave, un Estado grande en manos “equivocadas” puede fácilmente llevar a un país a la catástrofe, como en el caso de Venezuela.
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