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El recaudo de impuestos ha crecido a un promedio anual del 13% durante los últimos 5 años. Esto ha representado un esfuerzo gigantesco de parte del ciudadano del común, que ha visto como una parte creciente de sus ingresos, producto de su trabajo y voluntad personal, son trasladados al gobierno. Sin embargo, este sacrificio es insuficiente para alimentar un Estado insaciable, con un exceso de gasto crónico, cuyo consumo se ha elevado a un ritmo similar durante el mismo período.
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Un Estado grande estimula la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción. El desbordamiento del gasto se manifiesta en muchas áreas: en la inmensa burocracia del gobierno y de sus propias entidades de control, con sus altos sueldos, beneficios y frecuente falta de diligencia; en un legislativo enorme y costoso, etc. Los ejemplos ilustrativos de absurdo derroche de los recursos públicos abundan en el día a día. Bandas de funcionarios de la DIAN que se apropian de decenas de miles de millones con la devolución del IVA. Sobrecostos de más de 4 mil millones de dólares en la ampliación de la Refinería de Cartagena. 400 mil colados en el Sisben, de los cuales 140 mil tienen ingresos superiores a $3,8 millones mensuales. Subsidios pensionales de 34 billones de pesos destinados a tan sólo 1.200.000 personas que ni siquiera tributan por esta renta.
Al deficit fiscal crónico se suma ahora la disminución de ingresos originados en la caída del precio del petróleo y en la desaceleración económica. Se pensaría que la forma lógica de enfrentar esta situación sería recortar los gastos estatales, por ejemplo mediante una Reforma Pensional que le ahorraría al Estado fácilmente 10 billones de pesos anuales, o considerar vender activos que no sean parte de las actividades sustantivas del estado, como Ecopetrol o el Banco Agrario. Por ahora toda la privación que ha ofrecido el gobierno ha sido la de congelar su nómina.
La ruta que se ha tomado ha sido la de extraer más tributos en distintas formas. El más grueso, la subida del IVA general del 16% al 19% y la ampliación de los bienes, servicios y transacciones que tendrán IVA. Se suman también el aumento del impuesto de renta para los asalariados y la obligación de declarar para ingresos desde $2,8 millones mensuales, además del monotributo a los tenderos.
El resultado de aplicar estos elementos de la propuesta de Reforma sería devastador sobre el bienestar económico de todos los colombianos y sobre el desempeño de la economía en general. Los tímidos estímulos que la Reforma aporta a las empresas serán nimios frente al golpe sobre la demanda agregada que traerá la nueva tarifa de IVA y la disminución del ingreso disponible de los asalariados. Esto sin mencionar el costo para los contribuyentes de someterse a nuevas reglas tributarias con infinito papeleo y ajustar nuevamente practicas comerciales, laborales y operativas.
El Gobierno, autista a la opinión pública, no parece comprender lo contradictorio que resulta pretender prodigar con abundantes recursos a los jefes de las Farc, a los guerrilleros y a su movimiento político, para alcanzar la paz con ellos, mientras arrebata al grueso de los colombianos partes significativas de su ingreso, erosionando su bienestar, sin más justificación que su incapacidad para detener el excedido crecimiento de los gastos estatales.
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