EnglishMientras el Gobierno colombiano lleva a cabo conversaciones de paz en La Habana, Cuba, con la guerrilla marxista FARC, miles de personas tomaron las calles de toda Colombia el pasado sábado 13 de diciembre para protestar la posible impunidad para los crímenes cometidos por el grupo rebelde en un conflicto que ya lleva 50 años.
Pese a la copiosa lluvia que caía sobre Bogotá, los manifestantes, muchos de ellos partidarios del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se congregaron en la Plaza de Bolívar mientras reclamaban “paz sin impunidad”.
Bogotá, Plaza de Bolívar. pic.twitter.com/G5cL1Ftp7C
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 13, 2014
Uno de los puntos más controvertidos de las negociaciones es la amnistía ofrecida por el presidente Juan Manuel Santos, a cambio de la desmovilización de los rebeldes. En particular, la idea de que los guerrilleros de las FARC —cuyo conflicto de varias décadas con el Estado colombiano ha sido financiado, principalmente, a través del tráfico de drogas y secuestros extorsivos— eviten ser enjuiciados y se reinventen creando partidos políticos. Los detalles de la oferta de amnistía de Santos están siendo discutidos esta semana en Cuba.
Uribe se dirigió a la multitud que se hizo presente en Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia y el escenario de la manifestación más populosa. “La Nación quiere paz, pero sin la impunidad que es el engendro de nuevas violencias”, exclamó el expresidente en alusión a la consigna de la marcha. “Desde aquí le decimos al Ejército que lo acompañamos para que la combata y la derrote, quiera el Gobierno o no lo quiera”.
Además de las manifestaciones, en las redes sociales se vivió un enfrentamiento entre los críticos y defensores del proceso de paz que lleva adelante el Gobierno. Bajo el hashtag #PazSinImpunidad y #YoApoyoelProcesodePaz se agruparon ambos grupos.
Las confrontaciones virtuales fueron lideradas por el expresidente, su partido, Centro Democrático, e integrantes del Gobierno de Santos. Mientras Uribe tuiteaba que “es mejor protestar a tiempo que permitir que le entreguen el país al terrorismo”, Martín Santos, hijo del actual presidente, exigió a su oponente no “asesinar” el “anhelo de paz” del país.
Obstáculos que aún restan superar
Incluso otras personas insinuaron acerca de las supuestas conexiones entre Uribe y los grupos paramilitares pro-Gobierno creados por las sucesivas administraciones para combatir a las FARC. Entre 2003 y 2006, Uribe lideró un proceso de paz con uno de esos grupos, las Autodefensas Unidas de Colombia. Aquel proceso fue criticado por no ofrecerle justicia a las víctimas de la violencia.

El día después de las protestas, los negociadores de las FARC rechazaron la posibilidad de cualquier tipo de encarcelamiento para los guerrilleros como parte del acuerdo de paz, a menos que aquellos integrantes de la clase política y militares acusados de violencia y de “delito político” sean también castigados. Los delegados de la guerrilla en La Habana también argumentaron que la Constitución de 1991 contenía numerosas disposiciones para ofrecer amnistías a grupos rebeldes.
Paralelamente, los opositores al proceso de paz recogieron unas 1.500 firmas durante dos días reclamando que Santos castigue a las FARC y no que facilite su integración en la política formal.
A medida que el final de un conflicto que comenzó a mediados del siglo pasado —que se cobró decenas de miles de vidas, que provocó miles de refugiados y que ha sido testigo de incontables abusos de derechos humanos— se comienza a vislumbrar, el sensible asunto sobre el desarme y la integración política está demostrando ser un punto de fricción.
En un informe publicado el 11 de diciembre, el Crisis International Group argumentó que tanto el Gobierno como las FARC deberán actuar y negociar con buena fe, y acceder a una robusto monitoreo internacional, para lograr que las conversaciones sean concluidas exitosamente.
La ONG llamó a las FARC a cesar los ataques y terminar con el reclutamiento de niños, y al Gobierno a garantizar la seguridad de los exintegrantes del grupo rebelde y un plan coherente para su reintegración social a largo plazo.
Cuba está prestando atención
Mientras tanto, fuentes del servicio de inteligencia cubano sugirieron que La Habana está observando el proceso de paz con especial interés, y escalando su presencia operativa en Colombia de larga data.
“El Centro [de inteligencia cubana] en Colombia se ha convertido en los últimos años, después de la salida de la presidencia de Uribe, en uno de los más importantes que tiene Cuba en América Latina”, dijo el exespía Enrique García.
“Para Cuba, la consolidación de todo esto que ha hecho Santos, de manera consciente o inconsciente, es muy importante […] Los planes son llevar a las FARC a la presidencia, haciendo uso del dinero del narcotráfico”, agregó.
García —quien ha lanzado recientemente sus memorias de su cargo de 11 años como oficial de la inteligencia cubana— aseguró que Cuba ansía de la eventual impunidad para catapultar a excombatientes de las FARC a cargos políticos como parte de una estrategia para asumir el control de la región.
“El plan es lograr a través de los Acuerdos de Paz la impunidad que permita que todos los terroristas de las FARC puedan reinsertarse sin pagar nada por los crímenes que hicieron a la vida política del país, para que después puedan convertirse en senadores, congresistas y alcaldes y aspirar a la presidencia”, agregó García.
La presencia activa de los funcionarios de inteligencia cubanos en Colombia fue respaldada este fin de semana por una fuente independiente de noticias en Cuba. El periodista Luis Domínguez se hizo eco de las denuncias de García que afirma que Juan Robert Loforte, conocido por las autoridades colombianas como un alto funcionario diplomático, en realidad dirige las actividades de la inteligencia cubana en Colombia y Venezuela bajo su alias “Ramón”.