Asado, vino y default, tres cosas que sin pensar mucho las relacionamos con Argentina.
El jueves 30 de octubre, Argentina cayó en un nuevo default “técnico” por no poder cancelar US$154 millones correspondientes a un vencimiento del pago de intereses del Bono Par emitido bajo legislación estadounidense, uno de los títulos públicos emitidos tras la reestructuración del default del 2001.
Hagamos un poco de memoria. Luego de una enorme crisis social, política y económica, Argentina cayó en cesación de pagos el 23 de diciembre de 2001 por un monto de $132 mil millones, el default más grande de la historia.
En 2005, el Gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) logró reestructurar el 76% de la deuda, y en una segunda etapa, en 2010, ya bajo la presidencia de Cristina Kirchner, el canje llegó a casi el 93% del total. En ambas oportunidades los bonos impagos fueron reemplazados por nuevos bonos de distintas características, pero todos con una importante quita.
El 7% de los bonistas que no ingresaron al canje de deuda son los denominados holdouts, que representan más de US$15 mil millones. De los bonistas que no accedieron a la propuesta de canje, los tenedores de bonos por US$1.660 millones son los denominados fondos buitre que han litigado y ganado un juicio a la Argentina en un tribunal de Nueva York.
El juez de la causa, Thomas Griesa, falló a favor de los holdouts sustentándose en la cláusula pari passu, que establece igualdad de condiciones para todos los bonistas: no se le puede pagar al que acordó y al mismo tiempo no pagarle al que no entró en el canje.
Una vez que el fallo de Griesa quedó firme, el juez levantó la suspensión de la sentencia, la medida que le permitía a la Argentina continuar pagándole a los bonistas que entraron al canje. Este cambio en la situación del Gobierno argentino ocasionó que el país ya no pueda cancelar los cupones de intereses de los bonos reestructurados sin también pagarles a los fondos buitre. Es decir, mientras no le pague a los holdouts, Argentina caerá en default, una y otra vez, en cada vencimiento que se deba pagar en la jurisdicción del juez Griesa.
¿Por qué Argentina no paga?
La clausula Derechos sobre Futuras Ofertas (RUFO) sostiene que si voluntariamente el país decide ofrecerle mejores condiciones de pago a algunos bonistas, el resto podría reclamar las mismas circunstancias. En otras palabras, si Argentina acata el fallo y negocia con los buitres antes del 31 de diciembre de este año, fecha en la que vence la cláusula, el 93% de los bonistas que aceptaron el canje podrían reclamar las mismas condiciones, retrotrayendo la situación a la que existía previo al canje.
En un intento desesperado, el Gobierno argentino modificó el lugar de pago de estos bonos con el fin de eludir la decisión de Griesa, lo que llevó al juez a declarar a Argentina en desacato. El Gobierno intentó invertir las responsabilidades y señaló que cumplían con el pago al depositar la suma necesaria para abonar los vencimientos en una entidad local, y así apuntó contra Griesa como responsable de que los acreedores no recibieran su dinero.
En conclusión, la Argentina se encuentra con tres defaults vigentes: el del 7% de los acreedores que no entraron al canje y pertenecen al default del 2001 (hace 13 años), los $539 millones correspondientes al pago de intereses del bono Discount del 30 de julio y los $154 millones correspondientes al pago de intereses del bono Par del pasado 30 de octubre.
Para ser más preciso: estos últimos dos no pueden ser considerados defaults, ni tampoco defaults técnicos, sino que son llamados “eventos de default”, condiciones necesarias pero no suficientes para un verdadero default. El contrato requiere, además de un “evento de default”, que el 25% de los tenedores exijan una aceleración del pago de la deuda.
¿Qué tan cerca estamos de caer en un default real de los bonos Discount y los bonos Par?
Muy cerca, el fondo de inversión Owl Creek Asset Management, que posee en su cartera bonos Par, está en busca del 25% de acreedores de este bono que vence en el año 2038 para solicitar la aceleración de los mismos.
El bono Discount cotiza por alrededor $85 dólares en el mercado, mientras que el bono Par se comercian por solo $50. Esto hace que sea más atractivo pedir una aceleración con el bono Par. Si lo consiguen, Argentina se verá obligada a pagar $5.400 millones (el monto total de los bonos Par emitidos) en los próximos meses en vez de hacerlo en cómodos 24 años, teniendo que negociar y refinanciar esta deuda, que a su vez es lo busca evitar el Gobierno por miedo a que se dispare la clausula RUFO.
¿Qué podría haber hecho el Gobierno?
El Gobierno argentino podría haber resuelto de inmediato el conflicto por la deuda, pagando al contado a los fondos buitre el monto de $1.600 millones. Esto podría haber evitado los eventos de default de los bonos Discount y Par, y los consecuentes peligros de aceleración, además de permitir el regreso del país a los mercados internacionales de crédito.
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, confirmó que luego del vencimiento de la cláusula RUFO el Gobierno negociará con los holdouts, intentando no modificar el discurso político combativo para no perder credibilidad.
¿La razón de esto? Existe otra causa en la que se están investigando activos y transacciones en bancos de terceros donde está involucrado el Gobierno argentino. Esto implica el potencial peligro de que les descubran y congelen dinero proveniente de la corrupción. Como verán, al fin de cuentas, todos son buitres.