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Ayer se conoció la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto al sonado caso de los «fondos buitre», y ésta no fue favorable para la República Argentina, dejando al gobierno al borde del cuarto default en la historia del país.
Esta situación no solo afecta al Estado argentino, dejándolo cada vez más fuera del mundo financiero global, sino también a empresas mayoritariamente estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que se encuentra en búsqueda de financiación para la explotación del yacimiento Vaca Muerta en Neuquén, y a diversas empresas privadas que buscan financiación fuera de las fronteras argentinas.
La pregunta a realizarse es quién es el verdadero culpable. ¿Los fondos buitre o el Estado argentino?
Años atrás, el gobierno argentino logró reestructurar su deuda, acordando con más del 90% de los acreedores el pago del 30% del valor inicial. El restante de la deuda pertenece en su mayoría a Elliot Management Corporation (EMC) del multimillonario Paul Singer, quien en su momento compró deuda de la Argentina en default a precios irrisorios.
EMC no aceptó el 30% que ofrecía el Estado argentino quedando fuera del canje de la deuda, y en consecuencia hoy reclama lo que le corresponde. He aquí el problema.
Muchos podrán acusar a Singer y a su compañía EMC de avaros especuladores, y la realidad es que tienen razón. Lo que no tiene sentido es decir que eso está mal. EMC adquirió los bonos de la deuda argentina de manera totalmente voluntaria, obviamente esperando que el Estado argentino pagaría sus obligaciones en cuanto saliese del default. Singer se arriesgó, esperó, y al parecer ganó.
Por otro lado, el Estado argentino, a lo largo de su historia, fue quien contrajo la deuda que hoy debe afrontar, y lo hizo de manera voluntaria, sin que nadie le pusiese un revólver en la cabeza, estableciendo tasas de interés y sus correspondientes pagos.
Entonces, ¿quién es el malo de la película? ¿El inversor que arriesga su dinero con el fin de obtener ganancias como cualquiera lo haría? ¿O el deudor que no solo no puede hacer frente a sus obligaciones contraídas voluntariamente, sino que además acusa a su contraparte de “buitre”?
La respuesta es clara: El problema no es un inversor reclamando su deuda, sino un gobierno que se endeuda más allá de sus necesidades durante su mandato en el poder, utilizando el dinero recibido en beneficio inmediato de su gestión (y muchas veces en beneficio propio del gobernante), dejándole una deuda interminable a futuras generaciones de individuos que aun ni siquiera han nacido.
Tal como lo expresa Alberto Benegas Lynch (h), “La deuda gubernamental es incompatible con la democracia, en el sentido de que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió a los gobernantes que contrajeron la deuda”.
Es verdad que el actual gobierno nacional no es directamente responsable por la totalidad de la deuda a pagar, pero como representante del Estado argentino debe cumplir con dicha obligación.
La solución, pensando en un futuro verdaderamente democrático para la República Argentina, es prohibir el endeudamiento a largo plazo por parte de cualquier organismo público. Las finanzas del Estado deben ser iguales a las de cualquier familia: Se puede gastar solamente lo que ingresa, en lo posible se ahorra, no se asumen deudas que no se puedan cumplir, y por sobre todas las cosas, nadie dispone de una máquina para imprimir billetes de curso legal.
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