El pasado miércoles 26 de septiembre, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos dio el primer paso para un proceso legislativo con el que se aplicarían sanciones contra el Gobierno de Daniel Ortega.
“Como siempre he dicho, los Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados ante las varias formas de represión incesante de Ortega quien día tras día encarcela y mata a más inocentes”, manifestó la congresista Ileana Ros-Lehtinen.
Cabe destacar, que con las inciativas legislativas, cualquier persona que actúe en represantación del régimen, y sea responsable de haber ordenado o participado deliberamente en las violaciones a los derechos humanos que se han cometido y siguen cometiendo en Nicaragua, podría ser sancionado.
Las sanciones estarían dirigidas incluso a aquellos que hayan “asistido conscientemente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material y tecnológico dirigidos a reprimir y cometer abusos contra manifestantes”.
Los proyectos proponen sanciones individuales como la negación de visas y penalidades económicas, bloqueo de activos y prohibición de transacciones bajo jurisdicción estadounidense.
“El tiempo es esencial para los nicaragüenses, y trabajaré con mis colegas para que este Proyecto de Ley de sentido común sea aprobado rápidamente por el pleno del Senado”, indicó el el senador demócrata, Bob Menéndez.
Para que se apruebe la fusión de los proyectos de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, y la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), será necesario un debate y una votación en el pleno de la Cámara Alta.
Luego, se pasará la propuesta legislativa al Congreso y, por último, pasaría a manos del presidente estadounidense para la firma y ejecución de la ley.
A pesar de todo el proceso que requiere la aprobación de esta fusión de proyectos de ley, Menéndez asegura que se trabajará de una manera rauda para que se puedan aplicar sanciones rápidas y presionar al régimen para conseguir una salida de la crisis.
Es importante recalcar que estas sanciones podrían ser evitadas por el régimen si demuestra voluntad para encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que atraviesa el país, y para ello deben llevarse a cabo negociaciones reales.
Hasta ahora, el Departamento de Estado del país norteamericano ha cancelado docenas de visas a personas asociadas al régimen de Nicaragua.
Además, el Departamento del Tesoro ya ha impuesto fuertes sanciones contra varios miembros de la élite del régimen de Ortega, con las que les han congelado los activos que tenían en el país y les impiden a los estadounidenses realizar cualquier tipo de transacciones con las personas sancionadas.
Estados Unidos ha pedido a otros países que se unan a las sanciones contra el régimen de Ortega para lograr frenar las tácticas opresivas y conseguir la democratización del país, y auqnue diversos países se han unido al llamado del cese de la violencia y la condena de la violación a los derechos humanos, ha sido Estados Unidos el que ha estado liderando la presión internacional.