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A lo largo de la historia, el periodismo ha sido una profesión riesgosa para quienes realmente buscan exponer la verdad en hechos de corrupción y narcotráfico. Aquellos que se han propuesto informar a la sociedad sobre lo que ocurre en ese mundo violento, se suelen enfrentar con quienes prefieren mantenerse anónimos.
Este enfrentamiento ocurrió con un reportero, un fotógrafo y un conductor del diario El Comercio de Quito. Según informó el ministro de Interior de Ecuador, César Navas, el equipo periodístico fue secuestrado la mañana del pasado lunes 26 de marzo cuando estaban trabajando en zona fronteriza de Ecuador con Colombia, en medio de las operaciones que llevan a cabo ambos países contra grupos implicados en el narcotráfico.
«Presumimos que están en Colombia (…). Sabemos que están bien. Ya ha existido un contacto, no podemos dar más detalles», informó el ministro del Interior de Ecuador, César Navas.
El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó el miércoles que el grupo responsable del secuestro forma parte de las disidencias de las FARC bajo el mando de Walter Patricio Artízala Vernaza, alias «Guacho». Es el mismo terrorista responsable del atentado a las torres de energía en Tumaco (Colombia) ocurrido el pasado 26 de marzo, que dejó a todo el municipio sin luz.
El secuestro es a penas uno de los ocho hechos violentos vinculados al narcotráfico que han ocurrido desde el pasado mes de enero en la provincia de Esmeraldas en Ecuador, donde hay disidentes de las FARC y otros grupos narcotraficantes.
Ahora, los países vecinos trabajan en conjunto para dar con el paradero de los comunicadores y proteger sus vidas.
«Inédito y condenable» el secuestro de periodistas
El «golpe» al periodismo ecuatoriano fue repudiado por la Unidad de Nacional de Periodistas de Ecuador (UNP) a través de un comunicado, recordando que «estas prácticas coercitivas y violatorias de la libertad de expresión, el ataque a los medios y periodistas para buscar su silencio, son parte de la política de amedrentamiento de fuerzas antidemocráticas y delincuenciales».
La UNP junto a otras organizaciones no gubernamentales, pidieron al Gobierno de su país solucionar con carácter de urgencia lo ocurrido, y recalcaron que es el Estado quien debe garantizar el ejercicio del periodismo. Sugirieron que se establezcan protocolos de seguridad para los periodistas que trabajen en zonas de riesgo, y así evitar que estos contextos constituyan «una de las formas de censura más extrema».
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), decidió también manifestarse y condenar lo ocurrido, instando a las autoridades a garantizar a «liberación segura y expedita» de los periodistas y señalando que es necesario condenar con severidad a los responsables para que «no deriven en consecuencias mayores contra la libertad de prensa».
«El crimen organizado le ha declarado la guerra al Ecuador»
En lo que va de año, la provincia costera fronteriza con Colombia ha sido zona de riesgo por los recurrentes ataques narcoterroristas. Los hechos violentos han ido en aumento a pesar de que el mandatario ecuatoriano ha asegurado que su país está preparado para «combatir de manera tenaz, de manera fuerte, de manera rotunda, contundente esta injerencia» de grupos criminales vinculados a las FARC.
«Esta área de límites en el sector de los ríos Mira y Mataje, entre Nariño y Ecuador, es en la que delinque ese grupo que antes era parte de la columna Daniel Aladana de las FARC y ahora se llama Grupo Armado residual Oliver Sinisterra», explicó el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Alberto Mejía.
La semana pasada, tres infantes de marina fallecieron por un explosivo que fue detonado en una carretera en la frontera donde se realizaban operativos de vigilancia, y el pasado lunes en Mataje hubo otro ataque contra un camión que abastecía de agua a las Fuerzas Armadas también en línea fronteriza.
«El crimen organizado le ha declarado la guerra al Ecuador», afirmó al ABC el general Paco Moncayo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aunque aseguró que «ahora hay una buena presencia del Estado» en esa zona de alto riesgo.
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