A pesar de que el Estado venezolano ha anunciado que ha pagado sus deudas y que supuestamente no ha entrado en default por el impago de intereses y bonos internacionales, el dinero aún no le ha llegado a los acreedores, por lo que estos emprendieron acciones para recuperar su dinero.
Los tenedores privados de deuda y la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) iniciaron sus reuniones el pasado jueves 9 de noviembre para discutir qué hacer ante el presunto impago de empresas estatales venezolana.
Sin embargo, el próximo lunes 13 de noviembre en Nueva York la organización profesional, integrada por 15 sociedades financieras (IDSA), junto con los afectados, continuarán analizando la acción que se tomará con respecto a la deuda de USD $1.161 millones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a acreedores internacionales.
Esto, debido a que aún la estatal petrolera tiene permitido atrasarse con el pago de los intereses de sus bonos hasta por 30 días (que se vencen el próximo viernes), y se mantiene la incertidumbre sobre el supuesto pago realizado por el Gobierno (que aún los inversionistas no reciben en sus cuentas).
Hace una semana debió pagarse el bono PDVSA 17 y no se pagó. Dijeron que los fondos estaban y no están. Bono ELECAR en default.PDVSA di algo
— Jose Guerra (@JoseAGuerra) November 9, 2017
De declararse la falta en el pago, los afectados acudirán a los seguros contratados por los acreedores para resguardarse de deudas impagas, Credit Default Swaps (CDS). Los seguros son un derivado financiero que se comprometen a pagar al inversionista la deuda de un país cuando se declara el incumplimiento en el pago.
Hasta el momento se sabe que tanto la petrolera estatal PDVSA como la empresa estatal eléctrica venezolana Corpoelec, que debió efectuar un pago de USD $28 millones por intereses correspondientes a una emisión de bonos por USD $650 millones, habrían realizado el supuesto pago de los intereses que tenían pendientes, pero desde la pasada semana los tenedores privados esperan por el dinero.
Los tenedores, que según el Gobierno venezolano son de Estados Unidos y de Canadá en un 70 %, ahora podrían argumentar que Corpoelec y PDVSA son la misma empresa y pedir el embargo de bienes de la petrolera.
“Estamos al final del juego y se volvió una cuestión de días —no semanas— hasta que se confirme el incumplimiento”, manifestó la consultora de investigación económica, Capital Economics.
El próximo año Venezuela todavía deberá enfrentar el pago por USD $8.000 millones de bonos, además de otros USD $4.000 millones por otros préstamos.
El pasado 2 de noviembre el Gobierno venezolano informó que buscará la renegociación de la deuda; sin embargo, la renegociación necesitaría un plan económico que garantice la sostenibilidad de la economía, lo cual parece que no podrá existir si se tiene en cuenta que desde el año 2014 las reformas cambiarías han sido inútiles y no hay ancla fiscal ni monetaria, explica Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera.
Asimismo, es importante destacar que la reestructuración de la deuda necesitaría la aprobación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que es desconocida por el régimen dictatorial por supuesto “desacato”. No obstante, según explica el diputado miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional José Guerra, solo se aprobaría una renegociación si en el nuevo plan económico se elimina el control de cambio.
Aquí tienen, pues. Quieren restructuración? Tienen que tener aprobación de la AN https://t.co/nZygT66B58
— Jose Guerra (@JoseAGuerra) November 9, 2017
Guerra añade que también sería necesario sincerar el precio del combustible y que se tenga un nuevo programa que aumente la exportación petrolera, de lo contrario se opondría “porque no va a haber cómo pagar”.
Fuentes: El Nacional, Noticias Caracol, Descifrado, Panorama, Prodavinci.