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Tras la llegada del papa Francisco a Colombia, el Gobierno buscan materializar una ley de jubileo que busca perdonar parte de la pena para casi todos los delitos. Según explicó el ministro de justicia, Enrique Gil Botero, esto sucedería de manera gradual, inclusive podría tardar hasta una década.
“No será una estampida de 40.000 presos libres de inmediato, será gradual. Este año, según unos cuadros estadísticos del cumplimiento de penas, podrían salir 3000 reclusos. El próximo año otros, hacia el 2020, pueden haber salido unas 20.000 personas”, explicó.
Asimismo, Gil indicó que la intención es “ayudar a esa gente para que se beneficie. Esto no es para responsables de delitos graves (violación, homicidio) o de lesa humanidad. Es humanitario. En las dos visitas anteriores de un papa se hizo algo parecido”.
Gil también opinó respecto a la intención de ayudar a los imputados (quienes están siendo investigados, pero no han sido condenados) y señaló que es difícil manejar el criterio de rebaja de una sanción a quien no ha sido encontrado culpable. Agregó que cuando alguien es imputado o investigado tiene la presunción de inocencia.
Ante la propuesta de implementar esta ley, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, advirtió que la aprobación de este proyecto podría enviar “señales equivocadas frente a los casos de delincuencia ordinaria”, y señaló que “La Fiscalía ha venido expresando su preocupación por las iniciativas legislativas que, en medio de la crisis penitenciaria, buscan el otorgamiento de beneficios indiscriminados a favor de la población carcelaria sin reparar en sus consecuencias, desde la perspectiva del mantenimiento del orden y la protección de la vida y los bienes ciudadanos”, continuó.
Martínez también manifestó su preocupación respecto a como esta ley podría dejar en libertad implicados en el escándalo de Odebrecht. “La propuesta beneficiaría a personas sindicadas de delitos de corrupción, al punto que su aprobación implicaría la libertad inmediata de los procesados por el escándalo de Odebrecht“, opinó.
“Llama la atención no solo el alcance de la propuesta, sino que la misma se haya radicado en el Congreso sin consultar la opinión previa del Consejo de Política Criminal”, añadió Martínez.
Para el fiscal general, la iniciativa podría afectar la efectividad de la lucha contra los delitos de impacto ciudadano: “increíblemente favorecería a miembros de organizaciones criminales imputados por concierto para delinquir (bandas) e, inclusive, a narcotraficantes”.
Fuentes: El Colombiano; El Tiempo; El Espectador.
