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El sector empresarial de medicina prepagada de Ecuador asevera que el veto del Ejecutivo al proyecto de Ley de Medicina Prepagada podría “generar efectos negativos”.
Se espera, que mañana 5 de octubre, la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea trate el tema del veto y haga un informe no vinculante.
La intención de la reforma incluida en el veto indica que la empresas de medicina prepagada deberán cancelar o reembolsar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o al Ministerio de Salud cuando los afiliados que tengan seguros privados y opten por la red de salud pública.
Esto ha generado mucha preocupación tanto a aseguradoras como empresas debido a que podría generar una “catástrofe” en su sector.
Las empresas han enviado cartas a Carlos Velasco, vicepresidente de la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea, que la decisión se ha tomado con base en un informe que tiene errores sobre las utilidades que ganan.
De acuerdo a ese informe de la Dirección Actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la utilidad de 17 empresas de asistencia médica en 2014 fue de USD$ 221 millones; sin embargo, las empresas han mencionado que los datos no han sido bien elaborados dando resultado siete veces mayor al real.
De hecho, han detectado que el informe incluye a nueve empresas que no son de medicina prepagada ni de seguros de asistencia médica.
El presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu, explicó que según los estudios del IESS con corte a 2014, unas 430.000 personas tienen doble afiliación, y de ese total, 111.000 eligieron la Red de Salud Pública, lo que representó un costo de USD$ 71 millones para el sector público, lo cual, podría “reventar a las empresas” si se les llegara a cobrar un monto similar anual cuando ya se ponga en vigencia la ley.
Los datos errados y la sobreestimación de utilidades en el informe del IESS se da por una subestimación de egresos, pues solo se consideran los gastos prestacionales (reembolsos al afiliado) y no los gastos médicos, financieros, el pago a trabajadores, entre otros datos.
Leopoldo Báez, gerente general de la aseguradora Bupa, manifestó preocupación por esta situación y aseguró que la situación es “bastante delicada” y espera que “los asambleístas acojan la nueva información”.
De acuerdo al titular de la Federación Ecuatoriana de Empresa de Seguros (Fedeseg),Patricio Salas, el reembolso propuesto por el Ejecutivo a favor de los hospitales públicos no pone en riesgo a las aseguradoras, pero obligará a que las empresas aumenten sus costos de los seguros de asistencia médica.
De hecho, Aspiazu cree que la Ley podría hacer que las empresas aumenten hasta en un 50 % las tasas de los servicios que ofrecen, con un impacto sobre los asegurados.
Luis Fernando Torres, asambleísta de oposición, considera que la medida que se busca es discriminatoria, ya que si ocurriese lo contrario; es decir, que un afiliado del IESS se hace atender en la red privada, el Estado no le reembolsará a la aseguradora.
“Se está tratando de que el IESS y Ministerio de Salud saquen ventaja, cuando deberían reconocer que tienen problemas para cumplir con la atención de salud”, expresó Torres.
A pesar de estas advertencias, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa considera que los argumentos de las empresas no son válidos.
A través de su cuenta de twitter, el mandatario escribió “Las compañías de medicina “prepagada” argumentan que quebrarán si, como dice un proyecto de ley, el Estado les cobra las atenciones a sus asegurados. Es decir, ¿en sus planes de negocios consideran que el Estado debe atenderles gratuitamente una parte de sus clientes?”.
Las compañías de medicina “prepagada” argumentan que quebrarán si, como dice un proyecto de ley, el Estado les cobra las atenciones…
— Rafael Correa (@MashiRafael) October 3, 2016
..a sus asegurados.
Es decir, ¿en sus planes de negocios consideran que el Estado debe atenderles gratuitamente una parte de sus clientes?..— Rafael Correa (@MashiRafael) October 3, 2016
Fuentes: El Universo; El Comercio
