Poco sorprendió la mala puntuación que obtuvo Colombia en el reporte de libertad económica elaborado por el Instituto Fraser, con sede en Canadá, en colaboración de otros 70 centros de pensamiento. Entre 159 países analizados, Colombia ocupó el lugar 112, lo que significa que, tal como lo señala Jair Peña en su artículo semanal, de no ser por Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia —pertenecientes al bloque socialista en las Américas— el país ocuparía el último lugar del continente en esta materia.
Es importante tener en cuenta que la libertad económica, lejos de tener implicaciones estrictamente materiales, afecta otros aspectos de la sociedad. De hecho, aquellos países que presentan altos índices de libertad económica cuentan también con un mayor desarrollo de libertades políticas, la existencia de mayor transparencia gubernamental y mejores prácticas para la protección de los derechos civiles. Por esto el mal desempeño de Colombia no debe ser pasado por alto, mucho menos debe ser ignorado de que no se trata de un simple problema coyuntural, al contrario, es la situación estructural de la economía colombiana.
En este sentido, no deja de ser llamativo que el país —a pesar de contar con una economía predominantemente intervenida e hiperregulada, incapaz siquiera de proteger efectivamente los derechos de propiedad— cuente con un importante número de académicos que buscan explicar sus problemas históricos en la existencia de un supuesto “capitalismo salvaje”. Diversas razones bastan para desmitificar esta creencia.
Para empezar, es importante destacar que en todos los años analizados por el reporte de “Libertad Económica en el Mundo: 2017”, la última vez que Colombia se ubicó entre las posiciones 60 y 70, la mitad del planeta se encontraba aún bajo modelos de economías centralmente planificadas.
Al observar cada una de las 5 áreas evaluadas por el reporte del Instituto Fraser, 1) tamaño del gobierno; 2) protección de derechos de propiedad y sistema legal; 3) moneda saludable; 4) libertad para el comercio internacional y 5) regulaciones, es posible hacerse una idea de la dimensión del intervencionismo estatal colombiano.
En el componente específico del tamaño del gobierno, el Instituto Fraser evalúa aspectos como el consumo del gobierno, transferencias y subsidios, empresas estatales, inversión y tasa marginal de impuestos. Así, Colombia se ubica en la posición 94 entre el total países analizados, de acuerdo con el reporte, debido a los problemas de corrupción interna y a las altísimas tasas impositivas del país. En este aspecto, vale la pena destacar que la reciente reforma tributaria incrementó el impuesto al valor agregado (IVA) hasta casi el 20 %, así como las altas tasas que mantienen a Colombia entre los 4 países del mundo con los impuestos más altos sobre las utilidades.
En el ámbito referente a la protección de derechos de propiedad y sistema legal, el Instituto Fraser incluye aspectos como la independencia judicial, la imparcialidad de las cortes, la protección a los derechos de propiedad, la interferencia militar en la política, la integridad del sistema judicial, la aplicación legal de los contratos, las restricciones regulatorias sobre la venta de propiedad, la confiabilidad de la policía y los costos del crimen sobre los negocios. En este ítem, Colombia obtiene el peor desempeño, y se ubica en la posición 132 entre todos los países analizados.
Como se puede observar en el Cuadro 1, de diez puntos posibles en cada ítem mencionado previamente, el país obtiene bajas puntuaciones en casi todas.
Cuadro 1. Desempeño de Colombia en los componentes del área de derechos de propiedad y sistema legal
En la tercera dimensión, referente a la salud de la moneda, se evalúa la posibilidad de los ciudadanos de un país de contar con estabilidad en la capacidad adquisitiva de la moneda de circulación forzosa. Entre otros factores, se tiene en cuenta la tasa de crecimiento del circulante en la economía, la desviación estándar de la inflación, la inflación del año inmediatamente anterior y la libertad para poseer cuentas en moneda extranjera.
De esta forma, como consecuencia de la relevancia que el sector de hidrocarburos llegó a tener para la economía colombiana, la caída del precio del barril de petróleo en agosto del año 2014 afectó el peso colombiano, que pasó de cotizarse a COP $1.872,43 (USD $0,62) en julio de 2014 a alrededor de COP $2.936 (USD $0,98) en octubre de 2017.
Esta volatilidad de la moneda tiene efectos directos sobre las finanzas de los ciudadanos. El Banco de la República estima que con un incremento del 1 % en la tasa de cambio, los costos de importación para los productores aumentan en un 0,43 %, y el impacto total en la inflación puede rondar el 0,1 %.
En el cuarto aspecto, referente a la libertad para comerciar internacionalmente, Colombia presenta grandes debilidades dadas sus altas barreras arancelarias y para arancelarias. Después de Brasil, Colombia es la segunda economía más cerrada de América Latina, superando incluso a Venezuela y Ecuador, países que mantienen una oposición abierta a la economía de mercado. De la misma manera, la precaria infraestructura del país encarece las importaciones y las exportaciones, generando una situación de hermetismo comercial.
Finalmente, el quinto factor, referente a las regulaciones, evalúa la producción regulatoria que rige cualquiera de los mercados, esto es, el de crédito, laboral y de negocios. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, en Colombia se expide un promedio diario de 2,8 decretos, 11,2 resoluciones, 0,3 circulares y 15,4 normatividades. La mala puntuación que obtiene el país se debe a esta producción incontrolable de normas que hace más complejo, de forma innecesaria, cualquier actividad económica.
En conclusión, el mal desempeño de la economía colombiana, con todas sus implicaciones sociales, tiene una relación directa con toda circunstancia estatal y política que acaba por restringir los mercados. El país dista de ser una economía libre y los problemas que presenta, lejos de explicarse por la supuesta existencia de un capitalismo de libre mercado, se deben en realidad por la ausencia de este. Mientras esta situación no se corrija, Colombia continuará exhibiendo profundos problemas económicos que continuarán teniendo repercusiones directas en el desarrollo económico y social del país.