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En toda democracia es natural que ante cualquier suceso público las fuerzas políticas tomen posiciones para comprobar que son ciertas sus posturas. Sin embargo, la reciente masacre ocurrida en Tumaco (Nariño, en el suroccidente de Colombia) en la que seis personas murieron y veinte más resultaron heridos, tiene a todos los sectores políticos de Colombia inmersos en una profunda confusión. Desde todos los espectros políticos se leen conclusiones que intentan clamar la masacre como el hecho irrefutable que comprueba sus posturas.
Con la información reportada inicialmente por la Policía, según la cual los autores de la masacre eran las disidencias de las FARC, algunos opositores del acuerdo de La Habana reaccionaron rápido y de forma previsible: la impunidad y la lucha desganada que mantiene el gobierno contra las drogas son las responsables de esta matanza.
Por su parte, los defensores del proceso de La Habana se enfrentaron al inconveniente inicial de explicar que la paz venidera ya no estaba tan cerca como prometieron. Por suerte para ellos, las versiones de algunas asociaciones de cocaleros y posteriormente lo expresado por la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado, les otorgó el salvavidas que necesitaban: la masacre habría sido perpetrada por la fuerza pública. Por lo tanto, al no existir relación con las FARC, sino con los excesos de los policías y acaso con la torpeza del gobierno nacional, lo de Tumaco se sumaba al prontuario de atropellos desde el Estado hacia las movilizaciones sociales.
No obstante, independientemente del autor de la masacre, la pesca que están obteniendo los sectores políticos en estas aguas turbulentas –por rentable que sea- solo enturbia más el panorama y poco sirve para aproximarse realmente a las dinámicas de la violencia que afectan a la región.
Para empezar, se debe tener en cuenta que, como consecuencia del lucrativo negocio de la coca, los habitantes de este municipio hace mucho conviven con la violencia. La posición geográfica del municipio nariñense le ha permitido concentrar cerca del 80 % de la exportación de coca del país, razón por la cual diferentes grupos armados -incluyendo a la disidencia de las FARC, al ELN, al Clan del Golfo y al mismísimo Estado colombiano- buscan desesperadamente controlar la zona que previamente dominó las FARC.
De esta forma, como se puede observar en el Gráfico 1 elaborado por la Fundación Ideas para la Paz, la coca y la violencia homicida han estado estrechamente relacionadas en esta zona, al punto en que se percibe una sincronización casi perfecta entre el aumento de cultivos de coca y el incremento de los homicidios.
Gráfico 1: relación entre tasa de homicidios, cultivos de coca y acciones de los Grupos Armados Ilegales en Tumaco 1991 – 2012
Si a esta relación se le añade que en los últimos años Tumaco cuadruplicó sus cultivos de coca al pasar de 5.065 en 2012 a 23.148 hectáreas en 2016, se debe prever que la situación puede empeorarse aún más y, de hecho, así está ocurriendo. Los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados han implicado que la violencia homicida se dispare en los últimos meses de tal forma, que tan solo para agosto del 2017 ya se superaba en un 36,5 % el total de homicidios que ocurrieron en el año 2016.
Sin embargo, contrario al lugar común que frecuentemente se escucha, no es la ausencia del Estado sino su exceso lo que explica la dinámica de la violencia en Tumaco. En primer lugar, porque en momentos de menor inversión social en la zona, como a inicios de la década del noventa, se tenía una violencia menor que solo repunta cuando así lo hacen los cultivos de coca.
En segundo lugar, porque parte de los ingresos de los grupos al margen de la ley lo obtienen a través de las extorsiones al gobierno local, por lo cual, incrementar los giros del gobierno central hacia la zona inevitablemente aumentará los recursos de los grupos que se pretende combatir.
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En tercer lugar porque, tal como lo señala Francisco Thoumi, el narcotráfico, al ser una economía ilegal que genera riesgos penales, empuja aquellos dedicados a este negocio a desarrollar mecanismos que les protejan de tales riesgos, tales como la corrupción a la policía y a la rama judicial. Esto explicaría, no solo los episodios confusos de la policía que dispara a las comisiones investigadoras, también estaría detrás de la razón por la cual Tumaco cuenta con uno de los peores desempeños de justicia local en el país, con altísimos índices de impunidad.
Finalmente, en cuarto lugar, porque el prohibicionismo, que no es más que el desbordamiento de las funciones originales del Estado, genera un incremento artificial en la rentabilidad de la clorhidrato de cocaína, un producto completamente artesanal. Sin esta rentabilidad extraordinaria sencillamente no habría incentivos para las disputas territoriales, ni ingresos extraordinarios para comprar armas y explosivos o para sobornar a la policía y a la justicia.
Por esto se debe decir que el vacío de poder creado por los acuerdos de La Habana es el responsable directo del incremento de la violencia homicida que vive hoy Tumaco. Si el Estado colombiano llevaba demostrando por décadas su incapacidad para ofrecer seguridad y justicia a los colombianos ¿exactamente qué llevó a los defensores de los acuerdos a pensar que mágicamente esto iba a cambiar tras la firma del acuerdo? Igualmente, si el prohibicionismo solamente ha acrecentado el poder de los mercados ilegales y toda la violencia que los rodea, sin tener mayor efecto sobre el consumo ¿exactamente qué lleva a pensar a los prohibicionistas que podrían revertir una tendencia de fracasos que suma más de cinco décadas?
Inexplicablemente algunos aún consideran que la legalización de la producción y comercialización de las drogas es improcedente, mientras fantasean con que estrategias fracasadas como la firma de un papel o el incremento de la represión eventualmente disminuirá la violencia en lugar de incrementarla. Pero sus estrategias vienen probadas como falsas por la misma historia. Entre tanto, hay que decirlo, los acuerdos de La Habana seguirán constituyéndose como la mayor irresponsabilidad política de las últimas décadas en Colombia, responsables de un número creciente de homicidios.
