La profunda polarización que sufrió Colombia a raíz de las discusiones sobre la pertinencia de las negociaciones de paz, generaron una especie de histéresis del 02 de octubre en el país, así, la sociedad colombiana conserva todavía la división que se agudizó en vísperas de la refrendación de los acuerdos de la Habana, aun en ausencia de los mismos. La alianza anunciada entre los expresidentes Andrés Pastrana Arango (1998 – 2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) para las elecciones del 2018, principales líderes y promotores del No, así parece confirmarlo. Al parecer, las FARC definirán el futuro de la política colombiana una vez más.
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Como era de esperarse, esta unión de esfuerzos de Uribe y Pastrana generó angustia electoral en diversos sectores tradicionalmente contrarios a los dos exmandatarios y a todo lo que representan. No es para menos. Con o sin mentiras, acudiendo o no a las exageraciones, lo cierto es que las fuerzas políticas que promovieron el No vencieron en un encuentro desigual en el que partieron con enormes desventajas y enfrentaron, no solo al gobierno con sus recursos descomunales destinados a promover el acuerdo, sino también a las Organización de las Naciones Unidas (ONU) , el gobierno de Estados Unidos, el Vaticano, buena parte de la burocracia internacional y a casi la totalidad de la prensa y la academia del país que rápidamente respaldaron el producto de las negociaciones con las FARC. Contra todo pronóstico, aquellos que incluso fueron imbuidos con el deshonroso título de enemigos de la paz, ganaron el plebiscito.
¿Cómo pasar por alto a un sector como el uribismo que en el pasado reciente ya se probó victorioso y, sobre todo, cómo vencerlo? Aunque parezca sorpresivo, la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece: para derrotar a Uribe lo primero que deben hacer sus contrincantes políticos más visibles es robarle sus banderas y dejar, de una vez por todas, la terquedad inquebrantable.
Un reciente ejemplo de esta terquedad lo dio Claudia López, gran perfilada como presidenciable para las elecciones del 2018. Mientras López explicaba en entrevista con el diario colombiano El Tiempo que los acuerdos de la Habana acabaron con uno de los grandes responsables de agravar los problemas de seguridad del país, Jozef Merkx, representante de Acnur en Colombia, explicó en entrevista con la Revista Semana que en tan solo los primeros cinco meses del 2017 la cifra de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia ya supera al número de personas que sufrieron este mismo delito durante todo el año 2016.
Peor aún, en su afán por obtener mayor apoyo electoral, López ha estrechado públicamente lazos con sectores políticos que le sirven en bandeja de plata a sus opositores la posibilidad de explotar políticamente el temor legítimo que existe en Colombia por terminar en una situación tan crítica como la venezolana.
Al respecto, la alianza que avanza entre López y Jorge Enrique Robledo, otro precandidato presidencial y actual dirigente del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), que públicamente en su página web explica que su movimiento tiene como misión “instaurar el socialismo en Colombia y realizar el comunismo”, lejos de sumar, le resta.
Es comprensible que en elecciones los candidatos busquen lo votos hasta debajo de las piedras, sin embargo, si en lugar de denunciar las ideas que conducen directo al totalitarismo venezolano, se alía con aquellos que defienden un sistema similar – como Robledo- y posa muy orgullosa con aquellos que han justificado y promovido a una dictadura, como Piedad Córdoba –otra candidata más a la presidencia- solo logrará permanecer en el grupo de “todo lo que las mayorías no quieren para Colombia”.
Es difícil pedir que los sectores de izquierda colombiana –en muchos casos reacios a aceptar las consecuencias negativas del socialismo y que en diversas ocasiones han demostrado apoyo incondicional a la dictadura venezolana, como en el caso de la Ministra de Trabajo y también candidata presidencial, Clara López- renuncien a sus ideas. Sin embargo, bien podrían estos sectores que compiten por la presidencia empezar a aceptar que los acuerdos avanzan con profundas irregularidades y que han tenido justo el efecto contrario al que pretendían en materia de violencia homicida, terrorismo urbano, desplazamiento interno, crecimiento económico, inversión extranjera directa y fortalecimiento de la democracia.
El apoyo a los acuerdos a ciegas y en contravía de la realidad, solo beneficia al sector uribista que se apoderó de la discusión y que a diario ven apoyadas sus tesis por sucesos como la liberación de los autores de los más horrendos crímenes, como Martín Sombra carcelero de las Farc, y de Herminsul Arellán Barajas, autor intelectual del atentado al Club El Nogal.
En cambio, ser mucho más críticos con el desarrollo del posacuerdo, mostrarse contrarios a los privilegios absurdos que están obteniendo los violadores masivos de derechos humanos y comprender el escepticismo de los colombianos que ven con temor cómo la seguridad y la justicia empeoran, podrá mostrar a los contrincantes del uribismo como candidatos reflexivos y abiertos a recapacitar.
Igualmente, una denuncia frontal y constante a los abusos de poder y la violación masiva y sistemática de los derechos humanos en Venezuela, podría dar tranquilidad a los colombianos que al demostrar su legítima preocupación por terminar como el vecino país, se les despacha ridiculizando sus temores, como si inquietarse por el deterioro de una democracia que acaba en una dictadura totalitaria fuera un miedo insignificante y digno de ser subestimado.
De esta forma, al tomar aquellas banderas que el uribismo utiliza para darse un halo de sensatez, el debate para las elecciones del 2018 quedaría sobre otras preocupaciones que ameritan discusiones técnicas y que le harían bien al país, como la solución a la corrupción rampante, la tasa de impuestos confiscatorios, la generación de riqueza, el desempleo y la reducción de la burocracia del país. Mientras esto no ocurra, la terquedad y obstinación de otros sectores solo jugará a favor del uribismo.