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Al principio de febrero, Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue separado de las investigaciones por posibles delitos electorales por parte de las campañas a la presidencia de Colombia de Óscar Iván Zuluaga y el actual presidente, Juan Manuel Santos, en el 2014. Ambas campañas han sido acusadas de recibir donaciones irrregulares de Odebrecht, la empresa de infraestructura brasilera cuyo principal modus operandi para asegurar enormes contratos a través de Latinoamérica era sobornar a políticos y funcionarios, fuera cual fuera su vertiente.
Según la bizantina estructura del CNE, los nueve magistrados encargados de llevar a cabo las investigaciones electorales son elegidos por los partidos políticos, y la composición de la sala refleja la composición del Congreso de la República. Por lo tanto, el santismo cuenta con cinco magistrados (dos del Partido de la U, dos del Partido Liberal y uno de Cambio Radical), el uribismo (Centro Democrático) cuenta con uno y al Partido Conservador, cercano tanto al uribismo como al santismo, lo representan dos magistrados. Sólo el magistrado Novoa representa a los partidos pequeños del congreso (Alianza Verde y Polo Democrático entre otros). Desde cualquier punto de vista objetivo, Novoa es la persona indicada para investigar las irregularidades electorales tanto del santismo como del uribismo.
No obstante, pocos días después de que el Fiscal remitiera al Consejo una información sobre las campañas el magistrado Novoa fue recusado (es decir, removido) de las investigaciones. Según quienes se oponían a que Novoa investigara a las campañas de Santos y de Zuluaga, el magistrado había demostrado un prejuicio frente a dichas campañas en sus declaraciones ante los medios de comunicación. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral lo separó de las investigaciones.
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Poco tiempo después los colombianos se enteraron de que, en el 2010, la campaña de Juan Manuel Santos recibió USD $400.000 por parte de Odebrecht para pagar la producción de dos millones de afiches. El propio gerente de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto, admitió ante los medios colombianos que la campaña no declaró la donación oficialmente, lo cual viola las normas electorales colombianas, y que Odebrecht hizo el pago en Panamá. El magistrado Novoa ha sido designado para investigar una irregularidad en una campaña de Juan Manuel Santos, quien publicó un vídeo en Twitter en el cual declara que se “acaba de enterar” esta semana acerca de las donaciones de Odebrecht a su organización electoral.
Mientras la opinión pública espera consecuencias concretas del ingreso de dinero de Odebrecht a la primera campaña para llegar a la Casa de Nariño del actual presidente, PanAm Post habló con el magistrado Novoa acerca de la nueva investigación que lidera.
¿Usted recibió recusación por parte de ambas campañas cuando investigaba las irregularidades del 2014?
Recibí recusación de la campaña Zuluaga, del Centro Democrático propiamente. De Santos 2014 recibí la recusación de un ciudadano, que no tengo presente su nombre, que es una recusación hecha en términos similares a los que se usaron en la de Zuluaga, lo que me hace suponer que la fuente de ambas recusaciones es la misma.
¿Habría un complot entre ambas campañas para que usted no investigara?
Eso lo está diciendo usted, yo sólo digo que los términos de las recusaciones fueron similares, casi que copiados.
¿La recusación puede venir de cualquier persona?
Uno supondría que la recusación debe venir de una parte interesada, de alguien con interés jurídico en lo que se llaman “las resultas de la investigación”. Sin embargo, yo he sostenido que los temas electorales son de interés público, no están sujetos a reserva. Lo que protegen esos procedimientos son la transparencia del sufragio y la democracia representativa. Por consiguiente, no debería existir objeción a que cualquier ciudadano pueda recusar a un consejero que tenga investigaciones relacionadas con campañas electorales.
¿De dónde surge la decisión para apartarlo de la investigación?
El Consejero recibe la recusación y la analiza. Si cree que es procedente, la acepta. Si no, tiene que manifestarlo y poner en conocimiento de los demás magistrados la situación. En este caso, como el CNE tiene una composición netamente política, la institución de la recusación puede utilizarse como una herramienta política para separar de la investigación a quien no comparte la posición de las mayorías político-electorales que se encuentran representadas aquí. En este caso fue la sala la que me apartó.
Según sus declaraciones, el público podría pensar que hay motivos para desconfiar de la sala del CNE porque tiene un componente político ¿Eso no se presta para la obstrucción de la justicia porque, en últimas, ellos se están investigando a sí mismos?
El diseño institucional del CNE tiene un pecado de origen, que es la postulación de sus miembros que proviene de los partidos representados en el Congreso. Son elegidos mediante cifra repartidora, de tal forma que la composición del CNE es un reflejo del poder legislativo. Es decir, (es) como su una extensión en los órganos de control. En cuanto a las recusaciones por las opiniones de los magistrados, alguna jurisprudencia ha dicho que esto no equivale a emitir un “concepto”. Concepto y opinión son cosas distintas. No diferenciar esta y aquel puede ser usado como un martillo para callar voces diferentes en el órgano de control electoral, que por definición son de carácter deliberativo.
¿Usted considera que la estructura del CNE debería ser cambiada?
Totalmente. Es más, estoy preparando un proyecto para hacerlo público la próxima semana y voy a adelantarles en qué sentido va. Considero que hay que suprimir el origen partidista del CNE. Eso no es fácil porque la historia electoral de este país muestra que, desde hace un siglo, se viene dando esa discusión. Hasta antes del año 1948, los miembros del Gran Consejo Electoral, compuesto por personas notables, tenían un carácter honorífico.
Luego de ese año y del asesinato de (Jorge Eliécer) Gaitán se empezó a hablar de profesionalizarlo. Siempre ha habido una constante, que son las críticas hacia su composición partidista. En el régimen del Frente Nacional (1958-1974) eso se resolvió de manera más o menos pacífica porque ambos partidos tenían mitad y mitad (en las instituciones estatales) y había un equilibrio que se mantenía por la vía de que ambos se controlaban. Pero cuando ese régimen se fracciona, la fórmula ya no funciona. Ni siquiera para los grandes.
Entonces mi conclusión es que el CNE tiene que tener un origen distinto. Sus miembros deben tener las más altas calidades académicas, y ser seleccionados por concurso de méritos y conocimientos en derecho público y derecho electoral. Esa selección debe estar en el órgano del Estado encargado de evaluar a los servidores públicos, que es el Departamento Administrativo del Servicio Civil. Deben fijarse unos puntajes. El periodo de los escogidos debería ser de ocho años, que no podrían coincidir con los periodos de elección del Congreso.
También hay que cambiar la relación institucional del CNE y la Registraduría. El registrador es un funcionario muy respetado que lo eligen los presidentes de las cortes, pero no lo controla nadie. Los procesos de contratación de la Registraduría son llenos de opacidad, no hay un sistema de auditoría externa de las elecciones. El censo electoral está lleno de agujeros negros y todo el proceso de administración de las elecciones está subcontratado con la misma empresa desde hace 12 años. Debería permitirse que nuevos oferentes entraran, que el Estado acumulara el conocimiento de esos procesos y lo guardara.
¿Con todas esas fallas se puede esperar que haya resultado en las investigaciones de Odebrecht?
Hasta hace un mes creía que no va a pasar nada con las investigaciones por la composición del Consejo. Sin embargo, con el papel que han jugado los medios de comunicación, no las ONG’s, puede que se produzca una sorpresa. Si usted mira todo esto, estamos ante el fracaso de los controles en la institucionalidad colombiana: hay unas campañas que están en el ojo del huracán por unas supuestas irregularidades y estas podrían haber pasado por las narices de todos los órganos de control, por los órganos de administración electoral. Toda esta información se conoció por un informe del Departamento de Justicia del 21 de diciembre. Nosotros tradujimos el informe, lo publicamos en mi página web. En esas 30 hojas están las señales de lo que ocurrió con Odebrecht.
¿Si la investigación no la hace Estados Unidos nunca se hubiera sabido sobre Odebrecht?
Yo tengo la impresión de que esas investigaciones se hicieron públicas en Colombia porque no había opción. Todos los medios estaban diciendo: “Y ¿Colombia qué?” Bueno, todos los medios estaban diciendo que el dinero de corrupción política fue de USD $11 millones, pero se esta descubriendo que pudo haber sido algo más. Ahí está toda la ruta de cómo movían el dinero, por dónde, cuál era la estrategia para capturar los procesos electorales, para sobornar gobernantes, para sacar provecho. Es muy impactante cómo se puede capturar la voluntad colectiva en un proceso electoral. Cuando se habla de violación de las reglas electorales no estamos hablando de un problema de contabilidad, estamos hablando de que hay un fraude al principio democrático.
La regla democrática es que los ciudadanos van a las elecciones en igualdad de condiciones, y libre y racionalmente toman una decisión y esa decisión construida así tiene una cualidad: representa la “voluntad popular” y define las mayorías. Si se allegan recursos por debajo de la mesa para financiar campañas, se produce un desequilibrio y se distorsiona la voluntad popular.
Hay un paralelo con el proceso 8.000 (ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper) ya que la defensa del presidente Santos es que “él se acaba de enterar”. ¿No es él responsable por haber sido el candidato a cuya campaña entraron esos fondos ilícitamente?
Yo le respondo con lo que establece la norma: el artículo 21 de la ley 996 de 2005 dice que, en materia del cumplimiento de la regla de la financiación de campañas, se debe responder ante la organización electoral, en primer lugar el gerente de campaña, en segundo lugar el auditor, en tercer lugar, solidariamente, el candidato. Y también hay una responsabilidad directa y en el mismo nivel de los partidos políticos que otorgaron los avales.
Al CNE le corresponde examinar el comportamiento de las agrupaciones políticas, porque aquí no estamos hablando de obligaciones individuales entre particulares. Estamos hablando de obligaciones de las agrupaciones políticas que son el instrumento de mediación entre la sociedad y el Estado. Y eso no se puede diluir en responsabilidades individuales. La violación de las reglas de financiación genera una responsabilidad de la agrupación política y no solo de un gerente y un candidato. Se ha hecho muy poca referencia a los partidos, inclusive por los medios de comunicación.
En el pasado, usted dijo que el CNE no tenía la capacidad para investigar, ¿En este nuevo proceso es diferente o se van a apoyar de la Fiscalía para buscar información?
Yo no he cambiado de opinión. Yo creo que la organización electoral es débil, que está politizada, que no tiene los instrumentos técnicos ni administrativos, que no cuenta con una unidad investigativa eficaz que pueda detectar en tiempo real las irregularidades en la financiación de una campaña. Para suplir esa carencia hay que apoyarse en otras autoridades.
Por otra parte, tenemos una División de Asuntos Electorales en la Procuraduría; una Unidad de Delitos Electorales en la Fiscalía; una Unidad Administrativa Especial (UIAF) encargada de hacerle seguimiento a las posibles conductas de lavado de activos; tenemos la Contraloría y el CNE. Tenemos varias entidades que tienen competencias concurrentes sobre el mismo asunto y, como no hay un diálogo institucional, los esfuerzos institucionales se pierden. Es necesario que todas estas instituciones funcionen para poder llegar a decisiones ejemplarizantes, o se llegue a un resultado así no sea sancionatorio.
Usted dice que puede que no haya un resultado sancionatorio pero ya Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos, admitió la compra de afiches con dinero de Odebrecht. ¿Cómo explicarle esto al ciudadano?
Es cierto que Prieto confesó algunas conductas ante un medio de comunicación y, esto podrían ser suficiente prueba. Pero desde el punto de vista jurídico hay que traer esa declaración a la investigación y traerla a través de medios válidos. Si no sigue esa ruta, se podrían generar nulidades, por violación al debido proceso, etcétera. Entonces se debe actuar con diligencia y cuidado.
Pero lo que ocurre es que el CNE tiene que actuar en forma diligente y entregar resultados en forma oportuna. Pero todo esto tiene que estar enmarcado en el debido proceso y en el derecho a la defensa.
Además en materia electoral no hay reserva, la investigación es pública, las pruebas pueden ser de acceso por parte de cualquier ciudadano, la autoridad debe brindar la información y es indispensable una celeridad proporcional al tema que estamos discutiendo.
Se habla de que ya caducó la investigación ¿cuál es su posición respecto a esto?
He recordado que la caducidad es de 3 años desde la comisión de la falta, así lo dice la ley. Contra esa interpretación cabe otra, y es que esos años deben contarse a partir de que la autoridad conoce los hechos. La tesis contraria conduce al absurdo de que si usted es hábil y oculta una información que demuestra que hubo una conducta fraudulenta, el simple paso del tiempo purga su ilegalidad, y le permite obtener provecho porque logra que el Estado le reponga en dinero los votos que saca (por medio de la reposición de votos).
En caso de que descubran que hay una culpabilidad en este proceso, ¿cuáles podrían ser las sanciones?
La ley establece que no puede haber donaciones privadas de empresas extranjeras ni de personas naturales extranjeras; que no pueden haber donaciones de personas jurídicas a las campañas presidenciales; que los aportes de particulares tienen unos topes que sumados no pueden superar el 20%; que las campañas tienen que reportar toda suma que ingrese para la financiación de la campaña; que esos informes se entregan al CNE debidamente auditados por un profesional de la contaduría.
Hay que mirar si se cumplieron, porque para cada una hay unas sanciones que pueden ir desde sanciones económicas, la pérdida del derecho del partido a postular candidatos en la misma circunscripción. También puede haber sanciones a los partidos y, si el candidato presidencial gana y se descubre que es grave la conducta, se puede solicitar la pérdida del cargo. Cualquier decisión debe aprobarse por el CNE en pleno.
