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Andrés Giraldo es un consultor que tiene experiencia en la lucha anticorrupción, tanto así que su hoja de vida le dio para llegar a ser una de las personas que se encargaría del diseño de un proyecto de ley titulado «Protección a Reportantes de Actos de Corrupción«, que como su nombre lo indicaba buscaba proteger la vida y el trabajo de quienes denunciaran casos de este tipo.
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La Secretaría para la Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, en cabeza de Camilo Enciso, fue la encargada de liderar este proyecto. Sin embargo, Giraldo fue contratado junto con la consultora de Martha Badel, también experta en el tema, con recursos de una fundación europea que quería financiar todo este proyecto anticorrupción que ya había iniciado con una firma de abogados que, según contó Giraldo al PanAm Post, no dio los resultados esperados.
Tras un año de trabajo y de socializar el proyecto con diferentes instituciones, fue preparado un borrador de un proyecto de ley que era apoyado por distintos sectores de la sociedad civil. Sin embargo, este fue desechado por Camilo Enciso a través de un correo electrónico enviado a Giraldo, por el cual también se le informó que quedaba apartado del desarrollo de dicho proyecto.
Básicamente, lo que se buscaba con esta iniciativa era que los denunciantes pudieran hablar sobre casos de corrupción sin miedo a perder su trabajo e incluso su vida, por lo que Giraldo diseñó unos mecanismos para que esto no sucediera. Lo hizo con ayuda de la Procuraduría General y de la Unidad Nacional de Protección, encargada de estos temas.
Sin embargo, en su proyecto, Giraldo propone crear una secretaría técnica y un comité rector para un sistema unificado de protección a quienes reportan actos de corrupción, hecho que Enciso consideró como un exceso de burocracia y por esta razón apartó a Giraldo de la elaboración del proyecto. Sobre esto el asesor asegura que «es posible que tenga razón, pero esto se podía discutir y lo que él hizo fue desechar el proyecto», y afirmó que «no discute las razones, sino la forma como desecho todo el proyecto y truncó un proyecto de un año».
Giraldo afirma que aún no se conoce el articulado del nuevo proyecto, pero su principal preocupación es que en medios han dicho, desde la Secretaría de Transparencia, que a quienes denuncien se les dará una recompensa económica, sin embargo, afirma, esto no puede hacerse.
«Yo prendo la alarma porque me parece que incluir el tema de recompensas es peligroso y es un incentivo perverso teniendo en cuenta que se puede promover una práctica contraproducente porque si usted recibe 150 millones de pesos por denunciar un corrupto, si no lo tiene se lo inventa».
Además, asegura que otra crítica es que «los reportantes tendrían que colaborar con el proceso penal del denunciado y se convertirían en testigos, entonces se estaría duplicando un programa». En Colombia existe la protección para quienes actúen como testigos.
En resumidas cuentas, por las declaraciones que ha hecho la Secretaría de Transparencia en medios, el proyecto fue desechado como dice Giraldo, no obstante, el nuevo proyecto que se presentará no tiene el mismo soporte que el presentado hace un tiempo por su parte y por la otra consultora que trabajo junto a él, Martha Badel.
Por esta razón, Giraldo cree que el proyecto en realidad puede responder a un interés de protagonismo por parte de Enciso y no a las necesidades reales que tienen los denunciantes de corrupción en Colombia, un tema que está ahorita muy presente por los sobornos de Odebrecht en el país, que han salpicado a varios políticos, incluso al presidente Juan Manuel Santos y a su rival en las elecciones de 2014, Óscar Iván Zuluaga.
Finalmente, Giraldo le confirmó al PanAm Post que todas estas asesorías habrían costado cerca de los 100 millones de euros (USD $106.745.800), pero no descarta que haya sido más dinero. Esa cifra es la que él calcula según lo que se conoció durante su participación en la asesoría.
Lo único cierto es que el proyecto podría ser implementado y puede que se haga vía fast track, mecanismo que tiene el Gobierno para hacer el camino de un proyecto de ley mucho más rápido, sin embargo, no ha sido radicado ante en Congreso de la República debido a que aún está siendo revisado por Concejo Nacional de Política Criminal.
