La Corte Constitucional de Colombia revivió la discusión sobre si el acuerdo entre el Gobierno y las FARC debe entrar a lo que se conoce como “Bloque de Constitucionalidad”.
Esta propuesta la había hecho el exfiscal general Eduardo Montealegre, el cual eleva al acuerdo Santos-FARC a un nivel constitucional, hecho que disgustó a muchos de los colombianos que votaron “No” en el plebiscito.
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La polémica revivió porque el magistrado Jorge Iván Palacio decidió retomar la tesis de Montealegre y escribir una ponencia de 97 páginas que deberá ser votada por los otros ocho miembros que componen la Corte, pero que ya contaría con el apoyo suficiente para determinar el acuerdo Santos-FARC como un “acuerdo especial”.
Esto quiere decir que el acuerdo tendría unos beneficios, entre ellos que lo acordado no tendría que ser aprobado a través de leyes, sino que automáticamente se haría parte de la Constitución, hecho que agilizaría bastante la aprobación e implementación del acuerdo con el Gobierno, ya que no daría espacio para que la oposición se pronunciara frente a él.
Además, el acuerdo no sería sujeto de tener una revisión constitucional, como lo tiene cualquier proyecto de ley o cambio constitucional, porque lo pactado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC sería tomado inmediatamente como parte de la Constitución colombiana, hecho que ha generado molestia entre algunos juristas.
Los abogados Jaime Castro, Hernando Yepes y Hugo Palacios protestaron por la forma en la que un acuerdo entre el Gobierno y las FARC pasará a ser parte de la Constitución de una forma tan fácil y rápido habiendo tantas dudas sobre lo que sucederá y más aún cuando los colombianos rechazaron inicialmente lo pactado a través del plebiscito en el que ganó el “No”, que llevó a que lo acordado fuera modificado tangencialmente y aprobado por el Congreso.
Fuente: Revista Semana.