English Version
En el Congreso de la República ya se debate el Acto Legislativo con el que se creará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que no es más que el modelo de justicia transicional que se implementará en el marco de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC. El proyecto ya fue aprobado en primer debate, sin embargo, el fiscal General, Nestor Humberto Martínez, tiene reparos frente a él.
- Lea más: Colombia: Fiscal general critica la reforma tributaria de Santos
- Lea más: Fiscal general de Colombia advierte que ELN avanza sobre territorios de FARC
Martínez considera que el proyecto de la JEP podría dar pie para que los expresidentes de la República puedan ser juzgados a través de él y no por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (sección del Congreso) como lo es hasta ahora. Este hecho no sólo ha preocupado al fiscal, sino también a los miembros del Centro Democrático quienes lo ven como una posible persecución política contra su líder, el expresidente Álvaro Uribe.
Además, el fiscal considera que no hay claridad si la JEP también tendrá la posibilidad de juzgar a los expresidentes por hechos cometidos antes o después de sus Gobiernos, por lo que pide claridad sobre este tema y no dejarlo en una zona gris.
Otro factor que preocupa al líder del ente acusador es que no haya extradición para los miembros de las FARC. Él considera que este mecanismo es una forma de cooperación internacional y que no hacer uso de ella podría generar impunidad por los crímenes cometidos por los guerrilleros en contra de Estados Unidos y otros países.
Por eso, propuso que solamente obtengan el beneficio de la no extradición, aquellos que decidieron vincularse al acuerdo Santos-FARC y no los guerrilleros que fueron amnistiados, pero se declararon en disidencia y continúan con las actividades del narcotráfico en las zonas abandonadas por la guerrilla, es decir, que no haya beneficios para reincidentes.
Finalmente el fiscal fue claro en decir que solamente deberían tener beneficios aquellos que hayan cometido delitos hasta antes del Día D, es decir, del primero de diciembre de 2016, ya que ese día inició formalmente la implementación del acuerdo, por lo que quienes hayan secuestrado o cometido algún otro delito deberán pagar por sus penas en la justicia ordinaria.
Fuente: El Espectador
