La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por considerar que las autoridades cometieron abusos en los operativos para recuperar el control de la Comuna 13 de Medellín, ciudad ubicada en el occidente del país, especialmente en la maniobra conocida como operación Orion en el año 2002. Para el fallo se tuvieron en cuenta cinco casos de mujeres que fueron detenidas ilegalmente, desplazadas y una de ellas, asesinada.
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Los hechos sucedieron durante la transición del gobierno de Andrés Pastrana al de Álvaro Uribe Vélez, quien ordenó recuperar la zona que era controlada por guerrilleros de las FARC que se disputaban el control con milicias del ELN, y el bloque Cacique Nutibara de los paramilitares. Sobre esta intervención se dice que habría habido colaboración por parte de los militares con el Estado colombiano, específicamente con la Fiscalía, la Policía y el DAS.
Para el fallo la CIDH tomó apartes del informe “La huella invisible de la guerra” realizado por el Centro de Memoria Histórica, en el cual se estudiaron algunos casos y fueron examinados para tomar la decisión de condenar al Estado colombiano por el operativo que no logró su objetivo porque hubo lugares que siguieron bajo el control de los paramilitares aún habiendo presencia estatal, según afirman.
El fallo dice que el Estado no garantizó el derecho a la vida, la libertad personal, la integridad, a la protección familiar, la honra y la dignidad, la circulación y residencia, la libertad de asociación y el derecho de tener garantías y protección judicial por los asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado que generó. Sin embargo, se hace la claridad de que el Estado no es responsable en todos los casos, pues algunos fueron investigados y los responsables condenados de manera correcta.
La denuncia, por la cual el caso llegó a la CIDH, fue hecha por el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos el pasado 27 de octubre de 2004. Gracias a este fallo, 5 mujeres deberán ser reparadas y con él se responsabiliza al Estado colombiano por los excesos de fuerza y violaciones a los derechos humanos que se realizaron durante los operativos, especialmente en la operación Orión.
Fuente: El Espectador