El Movimiento Libertario colombiano, en una asamblea interna realizada, determinó que lo mejor sería abstenerse de participar en el plebiscito, ya que consideraban que el acuerdo logrado en La Habana no resolvía los problemas reales que tenía el país en cuanto al conflicto armado que existe con la guerrilla de las FARC.
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A pesar de esto, muchos de sus miembros hicieron campaña por el “No”, argumentando sus diferencias con el acuerdo que logró el Gobierno con las FARC, por lo que en su blog publicaron una serie de propuestas para mejorar dicho acuerdo y lograr acabar con el conflicto, dejando de lado las diferencias entre el “Sí” y el “No” en el plebiscito y empezando a proponer.
Participación política
El Movimiento Libertario siempre ha creído que “las mismas reglas de juego deben aplicar para todos los partidos y movimientos, incluyendo el que formen las FARC, cuyos miembros no condenados por delitos de lesa humanidad deben poder participar en política bajo igualdad de condiciones, sin curules directas ni garantizadas en el Congreso”.
Además, consideran que “debe haber un avance hacia una mayor apertura para la competencia política dentro del marco de la democracia, como la eliminación del umbral para la personería jurídica de un movimiento y la creación de circunscripciones territoriales especiales deben mantenerse. Dichas circunscripciones, sin embargo, no deben limitarse a las 16 que propone el acuerdo, sino extenderse a través de toda Colombia”.
En cuanto a la representación territorial de la Cámara de Representantes (161 curules), consideran que “debe ser realmente local, reduciendo el tamaño de las circunscripclones actuales para que los ciudadanos de una zona electoral definida y limitada geográficamente puedan escoger directamente a su representante.
En Bogotá, por ejemplo, habría 18 circunscripciones, cada una eligiendo a un representante, el cual sería directamente responsable ante los ciudadanos de su zona electoral. La densidad poblacional se tomará en cuenta a la hora de determinar las 161 circunscripciones territoriales”. Algo similar a como funciona este sistema en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, se mantendrían las cinco circunscripciones especiales para minorías étnicas y colombianos en el exterior.
“El incremento en curules en la Cámara de Representantes (16 nuevas curules) se balancearía reduciendo el número de senadores de 102 a 86: habría dos senadores por cada departamento (64 en total) y 22 electos nacionalmente. Este sistema, en algo similar al sistema electoral mixto que ha propuesto el exsenador John Sudarsky, contaría con 268 congresistas (182 representantes a la Cámara y 86 senadores), el mismo número que existe actualmente”.
Desarrollo rural
El Movimiento Libertario considera que “el Estado debe repartir las hectáreas de baldíos existentes, determinando de antemano cuántos terrenos están disponibles y quiénes serían los beneficiarios. La limitación de las adjudicaciones a las denominadas Unidades Agrícolas Familiares son consideradas por el movimiento como un anacronismo.
Los nuevos dueños de terrenos adjudicados deben poder “disponer libremente, y en cualquier momento, de su propiedad, sin restricción alguna”, como ha sugerido el economista Luis Guillermo Vélez Álvarez. De existir, la expropiación debe permitirse únicamente bajo el marco legal vigente, no como una meta del acuerdo; los acuerdos deben garantizar textual y explícitamente los derechos de propiedad privada y la estabilidad jurídica”.
Para el Movimiento, independientemente del acuerdo, “es esencial legalizar todos los títulos de propiedad y regresar toda hectárea despojada a su dueño legítimo. El proceso de formalización de derechos de propiedad se realizará a través de un sistema de registro transparente, descentralizado e inmutable basado en tecnología blockchain (cadena de bloques). Igualmente, se debe aprovechar la oportunidad actual para extender el derecho de propiedad al subsuelo. Es necesario eliminar todo arancel sobre los insumos agrícolas”.
Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) no se deben ampliar con el acuerdo, sin embargo, en las ZRC existentes los habitantes deben poder, como sugiere Vélez, “emplear trabajo asalariado, acrecentar el tamaño de sus parcelas, disponer libremente de su propiedad y venderla a quien deseen a un precio libremente acordado”.
Como propone Louis Kleyn, todo plan centralizado como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), “los cuales determinan lo que se podrá sembrar, dónde y cómo”, y los “demás programas o instancias que impliquen un mayor gasto estatal” se deben descartar. El acuerdo debe enfatizar y fortalecer la libertad económica necesaria para los productores agrícolas.
También los libertarios colombianos proponen que “para disminuir la brecha entre campo y ciudad por medio de la libertad económica son necesarias medida como la disminución de impuestos, reducción de impuestos indirectos como peajes y gasolinas, políticas federalistas para el campo y un régimen tributario especial”.
Drogas ilícitas
Lo primero que propone el Movimiento Libertario es que las FARC reconozcan que son un cartel de droga y que entreguen todos los bienes que han obtenido a partir de esta actividad. Además, dicen que no se puede considerar el delito del narcotráfico como delito conexo al político.
Al mismo tiempo, el acuerdo debe aprovechar la oportunidad para legalizar por completo la producción, comercialización y el consumo de la marihuana como paso previo a una legalización total de las demás drogas. Colombia estaría siguiendo los pasos de Uruguay, de Canadá, país que legalizará la marihuana en el 2017, y de varios estados en Estados Unidos que han tomado esta medida en los últimos años.
Según el Movimiento, “con la legalización en lugar de desperdiciar recursos públicos en infructuosos programas de erradicación y fumigación de cultivos ilícitos cuya producción responde a una demanda global, la legalización de la marihuana le permitirá a los cultivadores obtener incentivos para sembrar una planta con gran potencial comercial”.
De esta forma habría una carga impositiva para la marihuana y “por lo menos el 30 % del recaudo tributario de la venta de marihuana legal se destinaría a programas de tratamiento para adictos y campañas pedagógicas para prevenir el abuso de drogas. El sector privado, las fundaciones sin ánimo de lucro y las organizaciones de caridad deben poder participar plenamente en este proceso”.
Jurisdicción especial para la paz (JEP)
El movimiento propone amnistiar o indultar a los guerrilleros rasos de las Farc, tal como deja claro el acuerdo. Los dirigentes de las FARC podrían ser juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La justicia transicional debe ser aplicada por los organismos judiciales del país, y debe limitar su jurisdicción a los dirigentes de las FARC y a los militantes sobre los que pesen sindicaciones de delitos de lesa humanidad.
El movimiento propone que “los militares y civiles que tengan causas pendientes con la justicia relacionadas con el conflicto puedan, si lo creen conveniente, someterse libremente a la JEP con los beneficios especiales para aquellos que declaren la verdad. En ningún caso se tendrán en cuenta informes o acusaciones de terceros; únicamente serán considerados en sus procesos los expedientes y demás documentos aportados por las autoridades judiciales del país”.
Otros puntos
Finalmente, el Movimiento Libertario propone que las FARC entreguen todos los secuestrados, devuelvan a los menores reclutados y todas sus armas desde el primer día de este nuevo acuerdo. A cambio el estado les proveería protección física.
Fuente: Movimiento Libertario Colombia