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Durante los últimos cuatro años el Gobierno Nacional ha estado negociando con la guerrilla de las FARC una solución para el conflicto armado que ha afectado a Colombia durante más de medio siglo. A lo largo de todo este tiempo, el Gobierno y su equipo negociador han repetido que las víctimas de las FARC son el centro de la negociación y que buscan que exista una reparación integral para ellas.
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Sin embargo, PanAm Post habló en exclusiva con Ximena Ochoa, vicepresidenta del Consejo Directivo de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (FEVCOL), para conocer su posición frente al acuerdo pactado entre el Gobierno y las FARC.
La organización a la cual Ximena Ochoa representa está compuesta por diversas asociaciones y personas naturales que hasta el momento suman unas 43.000 personas haciendo de esta una de las más grandes del país en materia de víctimas.
Ochoa ha manifestado su inconformidad con los acuerdos, el proceso para llegar a ellos y la forma en que han sido tratadas las víctimas durante estos cuatro años, según ella el acuerdo tiene algunas falencias que no permiten la reparación integral de las víctimas.
La primera inconformidad que manifiesta Ochoa es que durante las negociaciones que tuvieron lugar en La Habana entre el Gobierno y las FARC, fueron incluidas víctimas de otros grupos armados y se dejaron un poco de lado a las víctimas de las FARC que debían ser el centro de la negociación porque fueron los afectados directos de esta guerrilla, por eso ella manifiesta que le desean lo mejor a las víctimas de otros grupos armados, pero en esta ocasión no debieron haber tenido el protagonismo que tuvieron ya que no fueron directamente afectados por esta guerrilla.
Esta afirmación la basa en que al darle protagonismo a víctimas de otros grupos armados que participan en el conflicto, hace que la responsabilidad de las FARC con sus afectados se diluya ya que el foco de atención pasa a los otros grupos armados y no a la guerrilla que estuvo negociando en ese momento.
Además, considera que las víctimas fueron simplemente un justificador para llegar a los acuerdos. Según dice Ochoa se sintieron como “un florero que estaba ahí solamente para adornar las negociaciones y legitimarlas”, lo que deja un poco inconforme al colectivo con la forma en la cual se negociaron los acuerdos.
Sumado a lo anterior también criticó el hecho de que se hable de víctimas del conflicto, cuando hay unas víctimas (como ella) que son directamente de las FARC y no del conflicto en general, además criticó al alcalde de Cali quien aseguró hace unos meses que los colombianos debían pedirle perdón a la guerrilla por haberlos llevado a convertirse en lo que son, hecho que considera como algo inaceptable.
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Las críticas a la Justicia Transicional de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC
Según los acuerdos, se implementará una justicia transicional conocida como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sobre este tema, Ochoa señala que no habrá verdadera justicia y retoma la frase dicha por el director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, quien dijo que este tipo de justicia era “una piñata de impunidad”.
Sobre este punto se refirió específicamente hablando de la extorsión y el secuestro. Sobre esto dijo que estos delitos generaban después desplazamiento o desaparición forzada y según dice con la JEP las FARC no tendrían que devolver el dinero producto de estos delitos y del narcotráfico, por lo que siente que las víctimas no van a estar reparadas completamente, ya que la parte simbólica es importante, pero también necesitan que se devuelvan los bienes que les fueron arrebatados a través de los delitos económicos.
Las críticas del punto agrario del acuerdo
Según Ochoa el acuerdo desconoce la tradición agrícola en Colombia, ya que las reformas que se harán en el campo son propuestas en parte por las FARC, quienes se han dedicado a buscar territorios fértiles para cultivar coca y otras plantas que pueden derivar en estupefacientes, lo que genera mucho daño al campo. Incluso no son ellos quienes la cultivan sino otros campesinos obligados por la guerrilla, por lo que no entiende por qué son ellos quienes determinarán la política agraria y no los agricultores colombianos.
Para ejemplificar este punto, la vicepresidenta del Consejo Directiva de la Federación Colombiana de víctimas de las FARC, se refirió al surgimiento de movimientos que tomaron las banderas del agro cooptados por la guerrilla que no son representativos para los campesinos como ella, y se deja de lado a grupos como los cafeteros, quienes son monitoreados y censados constantemente por las autoridades colombianas para que cumplan unos requisitos mínimos que les permitan tener una cédula cafetera (licencia como productor de café) y estas personas no fueron tenidas en cuenta en La Habana para construir la reforma del agro y la decisión la tomaron los negociadores.
Además, criticó que las FARC tomen decisiones sobre el campo cuando en sus zonas de influencia existe ganadería “de la peor calaña, de la extensiva de la que no produce empleo” que es “de lo más perjudicial que hay para el campo” y se refirió específicamente a las zonas aledañas al Caguán donde por estos días se lleva a cabo la X Conferencia Guerrillera de las FARC, en la que esa organización dirá si acepta o no los acuerdos y que están en manos de testaferros de la guerrilla según dice Ochoa basándose en declaraciones de las autoridades colombianas.
“Las FARC no quieren la tierra para producir, la quieren porque necesitan un territorio bajo su dominio para guardar secuestrados, tener zonas de adiestramiento de guerrilleros, por donde circular armas y coca, para ellos la tierra no es para producir” asegura Ochoa y por esta razón no han realizado su reforma agraria soñada en estas tierras, por lo que critica el hecho de que las FARC hayan participado de la reforma agraria en el acuerdo.
Finalmente, aseguró conocer manuales de juntas de acción comunal que son copiados literalmente de los lineamientos que tiene la guerrilla al interior de sus filas y que son inconstitucionales e ilegales, ya que por medio de ellos buscan regular cualquier actividad en los territorios donde ellos tienen influencia, como determinar quiénes se pueden movilizar y quiénes no, incluso dice ella que los manuales solo permiten un número determinado de teléfonos celulares por familia y el acuerdo no se refiere a este problema y por el contrario garantiza la presencia de las FARC en esa zona.
“El campo lo vino a definir quienes no lo conocen y a quienes no les importa” afirmó
Participación política
En el punto de participación política a las FARC se le garantizarán diez curules durante ocho años en el Congreso de la República así no logren la votación necesaria para ello. Además, recibirán financiación estatal para su movimiento político que surja producto de la desmovilización y la entrega de armas según el acuerdo.
Además se crearán 16 curules (de circunscripciones especiales cuya finalidad es garantizar la representación de determinados grupos étnicos, sociales y políticos en el Congreso) para movimientos nuevos que se creen en las zonas donde históricamente ha habido conflicto con el fin de que las víctimas las ocupen.
Sin embargo, este último punto preocupa a Ximena Ochoa, ya que ella considera que los únicos que tienen la oportunidad de quedarse con esas 16 curules restantes son las FARC a través de la creación de nuevos movimientos políticos, ya que son ellos quienes tienen actualmente el control territorial en esos lugares y además considera que en tan poco tiempo no se podrá crear un movimiento político que les haga contrapeso a la organización que ellos (las FARC) han tenido en esos lugares durante años.
El narcotráfico
Ximena Ochoa considera que en los acuerdos no está claro cómo se va combatir el narcotráfico. Si bien es cierto que se contempla un plan de sustitución de cultivos, en términos realistas ella asegura que nadie va a dejar un negocio tan rentable si no tiene como sustituir esos ingresos, de ahí que el acuerdo pueda tener grandes problemas a la hora de la desmovilización.
