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El presidente Juan Manuel Santos y el procurador de Colombia Alejandro Ordóñez tuvieron una fuerte discusión este martes seis de septiembre. El motivo fue la posibilidad de que los funcionarios públicos utilicen dineros públicos para apoyar las campañas del plebiscito, mecanismo seleccionado para que los colombianos digan si están o no de acuerdo con lo acordado entre el Gobierno y las FARC.
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La decisión de permitir el uso de dineros públicos para la campaña del “Sí”, expedida por Santos, generó la molestia del procurador Alejandro Ordóñez ya que este considera que es un abuso de poder por parte del mandatario y que vigilará muy de cerca a quienes hagan uso de dineros públicos para financiar dicha campaña.
Y es que la pelea entre Santos y Ordóñez no es nueva. Hace una semanas el presidente criticó al Consejo de Estado por no haber terminado el juicio que se lleva en contra de Ordóñez por supuestas irregularidades en su elección.
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Además, hay quienes aseguran que Ordóñez hoy en día, se comporta más como candidato a la presidencia y no como el procurador que debe velar por el cumplimiento de las normas administrativas por parte de los funcionarios públicos y la protección de los derechos humanos de los colombianos.
Los argumentos
Curiosamente, tanto el procurador como el presidente Santos se escudan bajo las directrices que entregó la Corte Constitucional colombiana para defender sus posturas frente a la utillización de recursos públicos en el plebiscito.
“No se muestra inconstitucional que los funcionarios y empleados públicos que adelanten campañas por el plebiscito puedan utilizar aquellos bienes y recursos públicos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los servidores. Esto bajo el entendido de que de dicha utilización no se deriva un beneficio personal para el gobernante, sino que solo facilita la participación de los ciudadanos sobre la aceptación o rechazo del Acuerdo Final” dijo la Corte Constitucional.
Por este motivo, el presidente Santos interpretó que los servidores públicos podrían usar los recursos del Estado, siempre y cuando “se ofrezcan en igualdad de condiciones a los que detentan tal calidad de funcionario público”.
Por su parte el procurador parece incomodo por la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan participar de una contienda electoral desde su cargo, ya que están autorizados a apoyar alguna de las posturas públicamente sin ninguna reglamentación.
Además, aprovechó para atacar fuertemente a la Corte Constitucional por haber declarado exequible el plebiscito bajo las condiciones que se dieron, como la baja del umbral y la posibilidad de que se utilicen dinero público en las campañas.
Fuente: El Tiempo
