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Hoy, 4 de julio, se cumplen 25 años desde la inauguración de una nueva constitución política en Colombia. El cambio se dio después de que un movimiento estudiantil, cansado de las limitaciones de la constitución proclamada en 1886, decidió que era el momento de permitir más libertades a los habitantes de Colombia.
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Además, el país pasaba por un momento crítico, ya que la guerrilla “Movimiento 19 de Abril”, mejor conocida como M-19, buscaba reincorporarse a la vida civil y política, por lo que también se consideró necesaria una nueva Constitución para garantizar la inclusión de dicho movimiento en el sistema político colombiano.
A lo anterior se sumaba el hecho de que durante el tiempo en que Colombia se regía bajo la Constitución de 1886, el país se había visto envuelto en muchos Estados de Sitio, mecanismo con el cual el Presidente podía legislar bajo algunas situaciones específicas, ya que no contaba con argumentos constitucionales para afrontar ciertos problemas.
Gracias a esto, los jóvenes que lideraron el movimiento conocido como “La Séptima Papeleta” lograron que muchas personas depositaran una papeleta extra en las elecciones de 1990, que al principio no parecía tener ningún valor electoral, pero que posteriormente fue reconocida como un mecanismo de expresión del electorado por parte de la Corte Suprema de Justicia y se creó una Asamblea Nacional Constituyente que trató de incluir a políticos de todos los puntos del espectro político para la elaboración de una nueva constitución.
Los 25 años de la Constitución
Debido a los 25 años de la Constitución de 1991, el PanamPost entrevistó al abogado Mario Daza y a Luis Guillermo Vélez, profesor de economía de la universidad EAFIT, quienes compartieron a este medio sus impresiones de lo que ha sido este cuarto de siglo de la Carta guía de los colombianos.
El avance más significativo de la Constitución del 91
Lo primero que se le preguntó a los dos entrevistados fueron sus impresiones sobre el avance más grande que tuvo la Constitución de 1991 con respecto a la de 1886. En este punto ambos discreparon, lo que es lógico con una Constitución tan extensa como la colombiana, que tiene diferentes matices en diferentes temas.
Por un lado Daza aseguró que al avance más significativo fue el mecanismo de la tutela, por medio del cual los ciudadanos pueden exigirle al Estado colombiano que se les garanticen los derechos fundamentales.
Además, aseguró que la laicidad del Estado fue otro avance significativo, ya que permitió algunos avances en cuanto a libertades y derechos individuales con aplicación inmediata. Finalmente destacó el paso de un Estado de Derecho a un Estado “social”, que dio camino para una economía “social” de mercado en sentido “ordoliberal”, es decir, la posibilidad de tener un ambiente legal propicio que favorezca el libre mercado en ciertas áreas económicas.
Por otro lado, Vélez aseguró que los avances más significativos se dieron en materia económica; con la Constitución de 1991, se le dio independencia al Banco Central (Banco de la República) y, gracias a esto, la economía se liberalizó y no dependió de las decisiones estatales, que en caso de tener el banco bajo su poder, podrían haber vuelto a Colombia un país inviable.
Vélez reconoció la labor de la Comisión Quinta, presidida por Guillermo Lloreda, quien logró lo que él considera un buen régimen de servicios públicos consagrados en los artículos 142 y 143 de la Constitución del 91, que han permitido un equilibrio fiscal.
Los mecanismos de participación y control incluidos en el 91
La Constitución Política del 91 incluyo en sus textos nuevos órganos de control y acusación como la Fiscalía, la Procuraduría y la Controlaría, además de mecanismos de participación como la tutela y algunos otros que buscaban que Colombia pasara de una democracia representativa a una democracia participativa.
Sobre este punto se le preguntó a los entrevistados y nos dijeron los siguiente:
Daza considera que estos mecanismos fueron un avance muy tenue ya que aún existe un amplio desconocimiento por parte de la Fiscalía del derecho de las víctimas en los procesos judiciales. Además, considera que la Procuraduría ha hecho muy poco seguimiento a las víctimas. Por ejemplo, en temas como desplazamiento forzado, ha hecho caso omiso a los autos impartidos por la Corte Constitucional que ordenan seguimiento.
Por su parte, Vélez aseguró que la tutela le gusta, que es un mecanismo idóneo para presionar al Estado cuando actúa en contra de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, mostró preocupación porque la Corte Constitucional (Corte compuesta por 9 magistrados que estudia la constitucionalidad de las leyes y la viabilidad de las tutelas) ha aprovechado sus sentencias para hacer análisis que van más allá de la semántica y se convierten en interpretes de temas que no son de su conocimiento pleno.
Esto último genera que las decisiones entren al bloque de constitucionalidad, es decir, que se conviertan en parte de la Constitución, lo que la agranda y la hace más difícil de cumplir.
Además, habló sobre la Fiscalía y manifestó que esta debe depender del poder ejecutivo, como pasa en Estados Unidos, para que exista una política punitiva unificada.
Reconocimientos y críticas a las Constitución
Se le preguntó a Daza y a Vélez sobre cuáles consideraban que debían ser las principales críticas y reconocimientos que habría que hacerle a la Constitución Política durante estos 25 años de haber sido promulgada.
Mario Daza manifestó que el principal reconocimiento debía ser la creación de las Regiones Administrativas de Planeación (RAP), que es un mecanismo bajo el cual se piensa el país a través de sus regiones y busca fortalecerlas administrativa y económicamente. Sin embargo, Daza aseguró que había que fortalecerlas aún más, sobre todo en el tema presupuestal.
Las principales críticas de Daza a la Constitución del 91 son su permisividad en: la posibilidad de violar la separación de poderes (aunque dicho principio esté consagrado en la Constitución), la democratización de la propiedad privada, el gasto exacerbado del Estado y el endeudamiento de generaciones futuras a través de deudas “publicas” (vigencias ordinarias y excepcionales), el enaltecimiento de los derechos sociales o colectivos en sacrificio de los individuales, el Estado megalómano y la creación de elefantes blancos en el sector centralizado (Ministerios, UAE, Departamentos Administrativos, Agencias…) además de otros organismos de control; considera que muchos de estos deben ser eliminados.
Por su parte, Vélez volvió a destacar los lineamientos de la Constitución en materia económica y aprovechó para criticar el hecho de que los derechos de los ciudadanos colombianos estén consagrados en la Constitución, ya que considera que precisamente este hecho hace que los jueces de la Corte Constitucional legislen a través de sus tutelas.
Para ilustrar su punto, Vélez puso como ejemplo el sistema de salud colombiano. Aseguró que la Corte obliga a pagar a las entidades promotoras de salud (EPS) multas por incumplimientos, pero que las EPS frecuentemente no pagan por falta de dinero. Ocasionalmente, el representante legal está dispuesto a ir a la cárcel durante 5 días de cárcel (porque así lo estipula la ley), y muchas veces es contratado a sabiendas de que esto puede pasar. Lo anterior, afirma él, hace que el sistema sea ineficiente y tenga la posibilidad de ser burlado.
Además, hizo una comparación con las constituciones de otrora, en las que los textos y las normas buscaban ponerle unos límites al Estado y eran interpretadas semánticamente. Ahora, sin embargo, el poder de interpretación de la Corte ha ampliado el poder del Gobierno, el cual debería limitar la constitución.
El futuro de la Constitución
Vélez y Daza coinciden en que la Constitución de 1991 se mantendrá. En el país se ha especulado sobre la posibilidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente para incluir los acuerdos que se logren en las negociaciones entre las Farc y el Gobierno Nacional, tal y como se dio en el 91 con el M-19.
Vélez manifestó que los acuerdos serán revisados eventualmente por la Corte Constitucional, así que se volverán parte de la Constitución colombiana. Dijo que la constitución iba a durar porque es extensa y siempre habrá quienes compartan algún planteamiento del texto. Finalmente dijo que muchos defensores de la Constitución aún tienen mucha vida política por delante, así que ellos se encargarán de impedir cambios fundamentales.
Por su parte, Daza aseguró que no es bueno expedir una nueva Constitución ahora mismo, ya que según el contexto y las circunstancias, sería conceder privilegios en manos de un grupo en especifico a costa de los derechos y las libertades de los demás. Dice que eso sería “fatal” porque no solo terminaría el imperio del derecho, sino que iría en contra de la igualdad de la ley, consorte de un Estado liberal de derecho.
