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El Fiscal General de la Nación de Colombia, Jose Fernando Perdomo, manifestó que las bandas criminales, grupos derivados de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, grupo paramilitar contra-guerrilla, ya extinto), no podrán gozar de los beneficios de la justicia transicional que será aplicada en Colombia en el marco del proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Perdomo ha manifestado que las causas que motivan a las bandas criminales dejaron de ser políticas, por lo que no podrían ser sujetos a la justicia transicional en Colombia, sino a la justicia ordinaria por los crímenes cometidos, como el narcotráfico, motor de la guerra en Colombia.
“Muchas de las estructuras del crimen organizado están conformadas por exparamilitares. Esa relación existe, lo que pasa es que tenemos absoluta claridad de que en Colombia el fenómeno del paramilitarismo no existe; la motivación del surgimiento de la organización es diferente” manifestó Perdomo.
Cabe resaltar que la justicia transicional es un mecanismo para que los miembros de las FARC, de los agentes del Estado o grupos que participan del conflicto armado, que hayan cometido delitos que no sean de lesa humanidad, puedan recibir beneficios como la reducción de penas.
Un ejemplo de este beneficio son las penas por narcotráfico, delito que podría ser considerado como conexo a los delitos políticos, lo que les permitiría a los miembros subversivos recibir rebajas en sus penas, ya que el delito político en Colombia es indultable y por lo tanto también sus delitos conexos.
En ese sentido, las bandas criminales, una de las partes en conflicto, tal vez la que más le preocupa a los futuros desmovilizados de las FARC, será combatido de manera directa y seguirá operando. Esto constituye un riesgo para la seguridad de quienes salgan de las filas de las FARC y por ende para el proceso de paz, ya que a pesar de haberse dedicado a la delincuencia, muchos de los miembros de las bandas criminales pueden seguir con sus ideales anticomunistas.
Este suceso es un ejemplo de cómo en Colombia es necesario cambiar la política contra las drogas, buscando maneras más efectivas para combatir el narcotráfico, como la legalización del uso de las drogas, lo que permite que al haber más oferta e igual demanda, los precios del mercado bajen, al igual que el riesgo de producción.
Por ese motivo, si el conflicto armado en Colombia sigue teniendo su motor en el narcotráfico y este sigue siendo igual de rentable para la ilegalidad, probablemente el proceso de paz se verá amenazado fuertemente por grupos como este, que no buscan causas políticas, sino que las usan como un pretexto, para lograr sus fines primarios: exportar droga a otros países.
Así que para lograr el verdadero fin del conflicto, será necesario que no haya incentivos para seguir ocupando tierras y matando a quienes los ocupan para realizar cultivos ilícitos y esto sólo se logrará cuando se legalice la producción y el consumo de las drogas, para que de esta manera no sea rentable el negocio del narcotráfico.
Fuente: El Espectador
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