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Una de las primeras políticas implementadas en Bogotá por parte del Alcalde Enrique Peñalosa después de haber tomado posesión como Alcalde de Bogotá fue la de la recuperación del espacio público, política que hoy lo pone en aprietos con la justicia colombiana.
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Peñalosa inició su Gobierno con una agresiva campaña para recuperar el espacio público, especialmente de la calle 72, en el centro financiero de Bogotá y la calle 19, una de las calles más concurridas ubicada en el centro de la ciudad. Esta campaña consistía en desalojar a los vendedores ambulantes que hicieran uso del espacio público sin permiso y bloquearan la vía para los peatones.
A pesar de que la política también contemplaba que los vendedores desalojados debían registrarse en el Instituto para la Economía Social (IPES), entidad encargada de la protección de estas personas, con el fin de ser reubicadas en quioscos autorizados por el Gobierno Distrital.
Sin embargo, hubo muchas personas que tuvieron que salir del espacio público de estas calles y no pudieron continuar con sus trabajos, por lo cual instauraron una demanda al Distrito con la que, dicen ellos, tratan de proteger su derecho al trabajo.
La demanda dio los frutos que esperaban los vendedores y un jueza administrativa de Bogotá le solicitó al alcalde a través de una decisión judicial, que dialogue con los vendedores para lograr acuerdos en los cuales ellos también se beneficien y no sean afectados por la política de recuperación del espacio público.
Esta decisión se dio gracias el concepto de la juez, quien consideró que la administración del Alcalde Peñalosa habría incumplido con el Decreto 098 del 2004 que habla sobre “la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales”.
Inti Asprilla, Representante a la Cámara por Bogotá y quien presentó la demanda junto a los vendedores el 13 de mayo de 2016, aseguró que es triste que haya que acudir a instancias judiciales para que el Alcalde cumpla con los principios democráticos, ya que una población se está viendo afectada con estas políticas.
“Es triste acudir a instancias judiciales para que un alcalde cumpla lo que debe ser un principio democrático como sentarse a dialogar con las personas que resultan afectadas con sus políticas” afirmó Asprilla.
El Alcalde, por su parte, ha hecho declaraciones en las que indica que los intereses de una población específica, como lo son los vendedores ambulantes, no pueden sobreponerse sobre los intereses de toda la ciudad que hace uso de las dos calles mencionadas anteriormente y de todo el espacio público en Bogotá.
Se espera que los diálogos lleven a una política que le permita a los vendedores ser tratados como emprendedores y no como un problema para la ciudad; que reciban un apoyo para que sus negocios crezcan, se fortalezcan, se formalicen y empiecen a generar empleo con sus ideas y capacidad de ventas, y dejen de ser perseguidos por considerar que la ciudad se me ve más bella sin ellos en las calles.
Fuentes: Revista Semana
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