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La jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a comparecer ante audiencia pública el próximo 25 de noviembre a nueve funcionarios del gobierno de Iván Duque, para verificar el cumplimiento de las órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de garantías de seguridad para los excombatientes.
Entre los llamados a comparecer a la audiencia se encuentra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa y tres ministros del Gobierno de Iván Duque; Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda; Luis Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa; y Alicia Arango, ministra del Interior.
La @JEP_Colombia cita a audiencia pública a tres ministros y al fiscal general dentro del estudio de medidas cautelares por asesinato de comparecientes firmantes del Acuerdo de Paz.
▶️Comunicado: https://t.co/X5QQksHkFk pic.twitter.com/h7HXXAMzMp— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 16, 2020
Los citados
Entre los otros funcionarios citados por la JEP está Miguel Antonio Ceballos, Alto Comisionado para la Paz; Emilio José Arcila, Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación; Mónica Cifuentes, Procuradora delegada para el Seguimiento de los Acuerdos de Paz; Ricardo Arias Matías, Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos y Sistemas de Alertas Tempranas; y Alfonso Campos Martínez, Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
A los funcionarios de rango ministerial así como al fiscal se les dio la opción de enviar a un viceministro o vicefiscal. En caso de no poder comparecer en persona, el resto de los citados sí deberán hacer acto de presencia ante el tribunal.
Según la JEP, hasta la fecha han sido asesinados 230 excombatientes de las FARC, así como varios líderes del actual partido FARC han sido sujetos de amenazas o complots de asesinato, como ocurrió con el propio Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien ha tenido dos planes fraguados contra su vida por parte de miembros de su escolta. Estos han sido desarticulados por las autoridades en ambas ocasiones, antes de que se pudiera concretar cualquier acción en contra del dirigente del Partido FARC.
Los temas
Es posible que la presencia del ministro de Hacienda haya sido requerida por la reducción del presupuesto de la JEP en 30 % con relación al año 2019, cuando se le asignaron 90 000 millones de pesos (USD $ 23,6 millones), pero este año solo contó con 67 000 millones. (USD $17,6 millones).
El testimonio del director de la UNP será de crucial importancia, pues producto de las negociaciones de la Habana se creó la Subdirección Especializada se Seguridad y Protección (SESP) conformada por 1 150 excombatientes de las FARC encargados de brindar protección a los miembros de dicho partido político y exintegrantes de este grupo que se encuentren en riesgo.
Esta subdirección de la UNP ya ha tenido varios integrantes con vinculación a grupos armados -los escoltas de Timochenko, por ejemplo- y se han extraviado dotaciones de armas de fuego a su cargo.
En la actualidad se desconoce el paradero de cerca de 8 % de los excombatientes de las FARC. Aunque no se puede afirmar que todos han vuelto a integrar grupos delincuenciales, es cierto que la disidencia se ha alimentado en buena parte de excombatientes insatisfechos con el proceso o que nunca abandonaron la ilegalidad realmente.
El 25 % de los excombatientes residen en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y el 67 % restante reside por fuera de estos espacios.
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