English Version
En la declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del 3 de octubres, tres miembros del secretariado de la narcoguerrilla Farc confesaron seis magnicidios entre los que se encuentran el del líder conservador colombiano Álvaro Gómez Hurtado.
No escudaremos nuestra responsabilidad en la confrontación armada ni atribuiremos la decisión a quienes hoy ya no están. Queremos se conozca la verdad, sin intermediarios y sin interpretaciones que obedezcan a agendas que no sean las de la verdad plena. https://t.co/O5f9xjBSjw pic.twitter.com/FbrI38XDYh
— FARC (@PartidoFARC) October 3, 2020
La confesión no resultó sorpresiva, pues viene tras varios anuncios, en Twitter y en prensa, de la senadora Piedad Córdoba, quien afirmó saber algo sobre el asesinato del líder conservador, lo que hoy ratificó en un comunicado a la prensa.
Aunque la confesión de los líderes de las Farc no resulta sorpresiva, sí es desconcertante pues va en contra de la evidencia que en 25 años de investigación se ha logrado recolectar para esclarecer un caso tan entorpecido por el Estado colombiano como el magnicidio de Álvaro Gómez.
Los primeros escépticos de la confesión de los líderes de las Farc son los familiares de Gómez, comenzando por su hijo Mauricio quien afirma que a su padre lo asesinó la mafia, específicamente el difunto jefe del cartel del Norte del Valle, Orlando Henao, al servicio de los intereses del presidente de ese entonces, Ernesto Samper Pizano.
Tras las revelaciones sobre filtraciones de dineros de la mafia a la campaña del expresidente, y las declaraciones de su tesorero Santiago Medina, y su gerente de campaña y ministro de defensa Fernando Botero Zea, Ernesto Samper se vio fuertemente presionado por Álvaro Gómez tanto en sus intervenciones en el Senado como en sus columnas en el diario El Nuevo Siglo.
En octubre, a través del abogado de la mafia, Nacho Zabala, se concretó una reunión entre Horacio Serpa y Orlando Henao donde el jefe del Partido Liberal (de línea socialdemócrata) le confirmó el interés del Gobierno nacional por deshacerse de Gómez, trato que se concretó el 2 de noviembre de 1995, día que balearon a Álvaro Gómez cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda.
Estos hechos son corroborados por el testimonio de más de 17 personas, entre las que hay varios capos de los Cárteles del Norte del Valle y Cali, y dos jefes del paramilitarismo. Entre el testimonio de las conversaciones entre el Gobierno y Orlando Henao se encuentra el de Rasguño. Víctor Patiño Fómeque, Gordo Lindo, Juan Carlos Abadía, El Alemán y Don Berna. Entre otros testimonios que implican a Samper está el de su propio exministro de defensa, Fernando Botero Zea, quién en 2007 dijo que el asesinato de Gómez debería ser considerado un crimen de Estado.
La versión que la Fiscalía sostiene hasta el momento apunta a un propósito y modus operandi por parte del expresidente Samper y su gabinete, es corroborada por varios testimonios de distintas casas criminales e incluso personas vinculadas al Gobierno de ese entonces. Hasta el momento la evidencia que se conoce por parte de las Farc, aparte de la confesión de tres cabecillas, son unas cartas del secretariado de este grupo, puestas en conocimiento por José Obdulio Gaviria, en las que se menciona a Gómez en repetidas ocasiones. Según el abogado de las víctimas, Enrique Gómez Martínez, y sobrino de Álvaro Gómez, no se puede establecer una responsabilidad del asesinato sobre el contenido de estas cartas.
También se ha hablado de unas menciones sobre el crimen de Gómez en los correos del computador de Raúl Reyes, no obstante, dentro de esos correos hay uno enviado por el propio Reyes a Nubia Calderón Iñigüez, alias Ana María, donde se lee «Por favor decirle a Carlos que, no tenemos interés en hablarle de la muerte de la hermanada de Cesar Gaviria, a nuestro juicio conviene esperar a que los enviados de Uribe a Pereira descubran los responsables de los hechos. Tampoco saben quien asesinó al asesor de Piedad Córdoba, ni quienes mataron a Álvaro Gómez Hurtado».
En un correo a alias Ana María del 5 de mayo de 2006, Raúl Reyes afirma que las FARC no saben quién asesinó a Alvaro Gómez Hurtado y que ese crímen “es responsabilidad de la oligarquía santanderista”. Los que mienten deben salir de la JEP y pagar hasta 20 años de cárcel. pic.twitter.com/ukwxBNcfUD
— Alfredo Rangel (@AlRangelS) October 6, 2020
SI las Farc en verdad es responsable de este delito tendrá que presentar pruebas sólidas que tumben la investigación actual de la Fiscalía. Para la familia de Gómez esto no es más que un entramado de esta guerrilla para exculpar a Samper y a través de la JEP achacarle la responsabilidad del magnicidio a algún cabecilla muerto, y que el caso pase a ser cosa juzgada, lo que al final podría dejar este magnicidio impune y con las múltiples dudas que se ciernen sobre el expresidente sin resolver.
