La mañana de este martes, la juez 30 de garantías de Bogotá emitió un concepto a favor de que el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez —por presunta manipulación de testigos y fraude procesal— pase de la antigua ley 600 a juzgarse bajo el sistema penal acusatorio, regido por la ley 906.
La parte civil, dentro de la que se encuentra el senador de izquierda, Iván Cepeda, había solicitado que el proceso continuara a cargo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); mientras que la Fiscalía, representada por el fiscal Gabriel Jaimes Durán, y la defensa de Uribe justificaron que el proceso debía continuar bajo el nuevo sistema penal acusatorio.
En la diligencia de este martes la juez aclaró que, con excepción de los aforados constitucionales, cualquier delito anterior al 1 de enero de 2005 deberá ser juzgado bajo la figura de la ley 906 del 2004.
En este orden de ideas la ley 600 del 2000 solo resulta vigente para delitos cometidos antes del 2005 y para el juzgamiento de los miembros del Congreso, sin importar la fecha de comisión de los hechos, por ende con la renuncia de Álvaro Uribe Vélez a su curul este no podría ser procesado constitucionalmente por dicha ley a pesar de los reclamos de Eduardo Montealegre y la defensa de Iván Cepeda.
Debido a que los hechos ocurrieron en el 2018, y no se demostró que estos tenían relación alguna con las funciones de congresista de Uribe, entonces su proceso se debe llevar por la ley 906, es decir, el sistema penal acusatorio.
Aunque para la juez es claro que ella es la competente para decidir sobre la libertad de Uribe, determinó que como se elevó un conflicto de competencias esta decisión no la puede tomar ella sola, sino que como hay un desacuerdo entre ella y las partes, el caso se le debe remitir a su superior jerárquico. Por esta razón la juez de garantías remitió esta decisión a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que definir de fondo cuál es la ley y el sistema penal bajo el cual debe seguir el caso del expresidente.
A pesar de que la propia Corte Suprema de Justicia reconoció que el caso pasaba a competencia de la Fiscalía —pues Uribe no es más que un aforado y debe ser juzgado bajo el sistema penal acusatorio, como cualquier ciudadano—, la Juez declaró que solo podrá definir si a Álvaro Uribe se le levanta la medida de aseguramiento cuando la CSJ determine con cuál ley y sistema penal debe continuar su caso, y establezca si es de su competencia pronunciarse sobre la libertad del expresidente. Mientras tanto el expresidente Álvaro Uribe continuará detenido esperando a que el alto tribunal defina bajo qué ley se debe llevar su proceso, y qué autoridad debe determinar su libertad.