El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos pasará a instancias de la Fiscalía General de la Nación, a cargo de Francisco Barbosa. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tomó la decisión de ceder el caso a la Fiscalía, por considerar que había perdido la competencia tras la renuncia de Álvaro Uribe a su curul en el Senado.
La decisión de Álvaro Uribe Vélez de renunciar a su curul se dio tras el pronunciamiento de la CSJ de dictarle medida de aseguramiento por el caso que se le investiga. Tras someterlo a votación en el Senado se aceptó la renuncia de Uribe, por lo cual la CSJ perdió competencias constitucionales para juzgarlo.
Varios expertos habían señalado que la CSJ perdería competitividad puesto que los delitos que se le investigan al expresidente no tuvieron nada que ver con su función como senador, ni a ninguna persona de su unidad de trabajo legislativa se le compulsaron copias, como así señaló la Procuraduría General de la Nación.
En la actualidad la CSJ tiene al menos 14 procesos preliminares en contra de Álvaro Uribe, por los cuales tendría que dar respuesta sobre su futuro, uno a uno. Entre los otros procesos que tiene la CSJ se encuentra la investigación por la masacre del Aro, el cual ya se encuentra también en investigación por la Comisión de Acusación. Varios juristas han argumentado que una persona no puede tener un mismo proceso investigado en dos instancias. Uribe ya había sido investigado como gobernador por la Fiscalía y se le dictó un auto inhibitorio en 2004. La investigación quedó en manos de CSJ tras ser reabierta por exfiscal Eduardo Montealegre quién traslada el caso ante el tribunal superior.
La opinión del exfiscal Alfonso Gómez Méndez
Aunque Uribe también fue citado a versión libre por la CSJ para responder por su rol por omisión siendo gobernador de Antioquia en la masacre del Aro, según el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, con la renuncia de Uribe al Senado tanto la Sala de Instrucción como la Corte perderían competencia y este proceso también pasaría a la Fiscalía. “El fuero de un presidente de la República comprende los actos ejecutados durante su presidencia. A partir de ahora todos los actos que se le imputen al expresidente Uribe, distintos a aquellos ubicados durante su presidencia pasarían a la Fiscalía”.
El jurista igualmente afirmó que el fiscal delegado será el encargado de determinar si Álvaro Uribe continúa con medida de aseguramiento o se declara nulidad para la medida. Según el doctor Gómez Méndez hay un problema actual, pues hay un cambio de sistema, la Sala de Instrucción estaba aplicando “la ley 600 del 2000, quién lleva el proceso dicta la medida de aseguramiento; al pasar a la Fiscalía se le aplicaría el sistema vigente acusatorio —ley 906— donde el fiscal tendría que solicitar medida de aseguramiento a través de un juez”.
Según Gómez Méndez al ser un sistema completamente nuevo, con respecto al que se venía aplicando para el caso del expresidente Álvaro Uribe, es posible que el proceso deba comenzar de nuevo según la decisión que tome el fiscal delegado.