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La Procuraduría General de la Nación inició investigación contra los gerentes de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (ERU), Nicolás Corso Salamanca y Liliana María Ospina Arias, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos con la extinta Fundación San Juan de Dios, durante la gestión de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá.
La Procuraduría tratará de determinar si ERU celebró negocios jurídicos de promesa de compraventa y arrendamiento con opción de compra con la fundación. En estos contratos podrían haberse comprometido dineros de la capital por el valor de $7 570 millones de pesos (USD $2 045 millones), a pesar de que la propiedad recaía en cabeza del departamento de Cundinamarca.
La Procuraduría también busca establecer si la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá suscribió 25 contratos y un convenio interadministrativo por más de $9 755 millones de pesos (USD $2 636 millones), destinados a adecuaciones locativas del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, sin que se hubiese dado la expropiación del bien.
El ente de control colombiano ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar las irregularidades en los contratos para determinar si constituyen faltas disciplinarias y así esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, y el posible perjuicio causado a la administración pública.
Esta investigación se suma a otras que se adelantan por dudosas contrataciones hechas durante la administración de Gustavo Petro. Durante su gestión en Bogotá los contratos celebrados —alrededor del 96 %— fueron a “dedo” a pesar de que la legislación colombiana establece hacer licitaciones para otorgar contratos.
La Contraloría ya le había impuesto multas de $130 000 millones de pesos a Gustavo Petro por detrimento patrimonial durante el fallido modelo de recolección de basura, multa que fue revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que estableció “la suspensión provisional de los efectos jurídicos del juicio de responsabilidad fiscal” argumentando que la sanción no podía caer sobre Gustavo Petro porque «le ocasionan un prejuicio consistente en la imposibilidad de ejercer sus derechos políticos, en particular, el de desempeñar cargos públicos, hecho que por sí mismo también comporta la demostración del año y/o prejuicio que se requiere como presupuesto para la procedencia de la medida».
Curiosamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría ordenado la reapertura del Hospital San Juan De Dios en el 2018. Dicho proceso se haría de la mano de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, no se dio y ahora será demolido y reemplazado por un nuevo complejo hospitalario a cargo de la Secretaría de Salud de la ciudad capital.
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