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Por irregularidades en las fuentes de financiación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia decidió abrirle investigación a la campaña presidencial de 2018 del senador Gustavo Petro. La investigación del CNE también involucraría a la gerente de su campaña, a su auditor y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), entidad que le dio el aval.
La primera investigación a la campaña del senador de la Colombia Humana inició tras la denuncia ante el CNE que afirmaba que la campaña del senador habría recibido dineros irregulares por parte de la empresa Monómeros S. A., con sede en Barranquilla, que pertenece mayoritariamente a Pequiven, una filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa). Esta donación habría sido avalada por el movimiento Mais.
La denuncia afirmaba que la gran votación que obtuvo el senador de la Colombia humana en el Caribe se debió a la participación de Monómeros, presuntamente con el aval de Nicolás Maduro. La justificación era que en la costa caribe colombiana «nunca ni el Partido Comunista, ni el Polo Democrático, ni la Alianza Verde, ni la Unión Patriótica u otro movimiento afín a la izquierda ha sacado semejante caudal electoral en la historia del país».
Según la ley colombiana, ninguna persona o empresa extranjera puede donar dineros a las campañas electorales en el país. Esta prohibición también incluye a las empresas que tienen presencia en el país, pero su capital es extranjero.
El CNE y la Superintendencia de Sociedades le pidieron a Monómeros el registro de sus libros contables y un informe de los movimientos financieros de la empresa. Los registros contables de la campaña Petro también fueron solicitados para establecer la procedencia de las donaciones recibidas.
El CNE no encontró pruebas de que se hubiera hecho donaciones a la campaña del Senador Petro y emitió un comunicado donde afirma que «no se evidencia que la sociedad Monómeros, ni las sociedades Ecofértil —parte del grupo venezolano—, Sociedad Portuaria Monómeros colombo venezolanos S. A. y la Fundación Monómeros para el Mejoramiento de la Calidad de Vida hayan realizado aportes de manera directa o indirecta a la campaña presidencial de primera vuelta del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego».
No obstante, producto del estudio de la contabilidad de la campaña de Petro, el CNE estableció que esta sí habría recibido varias donaciones de personas inhabilitadas para hacerlo. Concretamente de seis vinculadas al sector público, que por ley estarían impedidas para hacer aportes a campañas políticas.
Tras un estudio, el CNE ha verificado que un funcionario de la Contraloría, un profesor de la Universidad Pedagógica y una funcionaria de la Alcaldía de Cartagena habría hecho aportes a la campaña del senador Petro en ejercicio de sus cargos. Los funcionarios estaban impedidos para hacer esas donaciones y la campaña del senador en obligación de rechazarlas.
«El ordenamiento jurídico colombiano ha establecido una serie de mecanismos tendientes a garantizar la transparencia, igualdad, pluralidad política y moralidad pública de las campañas electorales; es así como se determinó prohibir que personas que desempeñen funciones públicas realizaran contribuciones a candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular», declaró el CNE en el auto para abrir investigación a Petro y a los otros vinculados en la presunta financiación irregular.
El CNE no solo le abrió investigación a Petro, también a Blanca Inés Duran, su gerente de campaña, Dylan Favián Fragua, su auditor, y al movimiento Mais, cuya representante legal y presidente, Martha Isabela Peralta Epiayú, también fue vinculada a la investigación.
Al senador Petro y a su gerente de campaña les esperaría una multa que podría llegar hasta los 134 millones de pesos (36 000 dólares). Adicional a ello, el CNE remitió el expediente de Petro y su gerente de campaña a la Fiscalía General para establecer si el suceso amerita una investigación penal.
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