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Este 20 de julio la Defensoría del Pueblo de Colombia denunció la masacre de ocho personas en la vereda del Totumito, en el municipio de Tibú, en el Norte de Santander. La denuncia original fue hecha por la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat).
1. Tras denuncias de una masacre perpetrada el día de ayer en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander, @DefensoriaCol verifica #AEstaHora este aterrador hecho. #BastaYa #QueCeseLaViolenciaYa pic.twitter.com/CSH2bZhi4s
— Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) July 19, 2020
Al parecer las personas asesinadas eran trabajadores de la finca donde ocurrieron los hechos. Las Fuerzas Armadas responsabilizaron al grupo armado organizado (GAO) Los Rastrojos, que opera en este departamento y en la frontera con Venezuela. Desde hace tres años este grupo criminal trabaja junto con el Ejército Popular de Liberación (EPL) con el objetivo de apoderarse de la zona que conecta con Venezuela, ruta segura para el tráfico de cocaína, trata de personas, contrabando y tráfico de armas.
Ascamcat también denunció el asesinato de uno de sus integrantes y el desplazamiento de más de 150 personas a la localidad de Vigilancia debido al accionar de este grupo armado. En los últimos cuatro meses se han cometido tres masacres en la zona, dejando un saldo de 18 víctimas.
#NoticiaW | Desplazamiento masivo de campesinos en Norte de Santander, luego de masacre perpetrada en el municipio de #Tibú. Más de seis personas fueron asesinadas advierten las autoridades. pic.twitter.com/VO1Vs3nmR0
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 20, 2020
El EPL, las “disidencias” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Rastrojos compiten por el dominio de los puntos fronterizos en este departamento, que ha visto el incremento de la violencia en los últimos años. En la actualidad Los Rastrojos se encuentran librando una guerra especialmente cruenta contra el ELN por el control de la frontera.
La presencia de Los Rastrojos en Venezuela, donde tendrían tratos con el hampa local, también ha sido notoria. A mediados de febrero las fuerzas de la dictadura chavista informaron el desmantelamiento de un laboratorio de drogas y una operación de contrabando de combustible que estaría a cargo de Los Rastrojos en el estado Táchira.
A comienzo de este año Los Rastrojos y el ELN fueron protagonistas de fuertes enfrentamientos en esta zona y causaron el desplazamiento forzado de más de 1 000 migrantes venezolanos.
Según el portal de investigación Insight Crime, los ataques del ELN contra Los Rastrojos pueden indicar que la guerrilla está tratando de ganar el favor de la tiranía chavista, al tiempo que aumenta su presencia en Táchira y la frontera.
Tanto las autoridades en Colombia como el régimen en Venezuela han realizado operativos en contra de Los Rastrojos. Eso sumado al enfrentamiento con el ELN, podría estar marcando el fin de esta organización y en consecuencia una escalada en su accionar violento, como lo manifiesta la Defensoría del Pueblo en una carta dirigida a la ministra del Interior de Colombia, Alicia Rango, el pasado 13 de marzo:
El conflicto entre los grupos armados se ha presentado en territorio venezolano y, según la dinámica actual de violencia, el ELN seguirá avanzando en la frontera con el objetivo de ejercer pleno dominio sobre el área rural de Cúcuta —línea de frontera—, desplazando a la estructura de Los Rastrojos. Del mismo modo se prevé la ocurrencia de homicidios selectivos y múltiples (masacres), confinamiento de la población civil, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, imposición de restricciones a la movilidad y amenazas y ataques contra los procesos sociales, líderes y lideresas de la zona.
La Defensoría también comunicó que la población civil está en grave riesgo por los «posibles enfrentamientos entre miembros del ELN y el grupo armado ilegal Los Rastrojos, así como de estos grupos con el Ejército, con interposición de personas y bienes protegidos por el DIH». En la carta también se alerta que debido a la tensión que existe en la zona «las familias se encuentran confinadas en sus viviendas y temen que se presenten enfrentamientos armados en el área».
A pesar de las denuncias de la Defensoría en donde se informa sobre “el riesgo que se advierte y que requiere medidas urgentes” dirigida a organismos como la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a la Policía Metropolitana, al grupo mecanizado No. 5 Hermógenes Daza, a la Alcaldía de Cúcuta, a la Gobernación de Norte de Santander, a la Unidad de Víctimas, a la Fiscalía y a la Procuraduría General, hasta el momento se desconocen las acciones llevadas a cabo para evitar los hechos que se han registrado en los últimos meses, producto de la confrontación entre estos dos cárteles.
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