Con una tasa de desempleo que asciende al 20 %, y alcaldías y gobernaciones desesperadas por evitar a toda costa aglomeraciones con el retorno a las actividades después de la cuarentena, el Gobierno del presidente Iván Duqué lanzó una microreforma laboral que busca una flexibilización de la jornada, permitiendo acuerdos entre empleadores y empleados.
El decreto, denominado 770 de 2020 y la circular 041 del Ministerio del Trabajo, reprograma los turnos continuos. Por ejemplo, una jornada de 8 a.m. a 4 p.m sin pausa. De suerte, que se disminuya la presión sobre el sistema de transporte público y la aglomeración de personas al interior de las plantas y fábricas. El decreto permite la renegociación de la jornada continua pasando de 6 a 8 horas continuas diarias, sin exceder el límite de 36 horas semanales. Otro cambio es que, tras un acuerdo previo entre empleador y empleado, se podrán ampliar las jornadas regulares hasta 12 horas sin exceder las 48 horas semanales. De ser así una persona trabajaría 4 días a la semana.
Adicionalmente, la norma amplía la cobertura de los programas para subsidios por cesantías e incrementa la base de transferencias de las Cajas de Compensación. Para el 5 de mayo se habían postulado 597 770 cesantes, de los cuales 125 656 cumplían con los requisitos legales para ser beneficiarios de los subsidios del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC). La situación actual ha excedido la capacidad de las Cajas de Compensación Familiar que hasta el 29 de mayo sólo cubrían 138 000 beneficiarios.
Para finales de mayo 713 210 personas se presentaron al programa de protección cesante, pero solo 197 464 cumplen con los requisitos establecidos por la ley colombiana para ser beneficiarios de dicho programa.
Ante tal situación el gobierno buscando ampliar la cobertura de estos programas ha tomado la difícil decisión de “reducir el término de 6 a 3 meses, del beneficio al cesante en cuanto al pago de seguridad social y la cuota monetaria en salud y pensiones, con el objetivo de que la disponibilidad de recursos del Fondo permita una mayor cobertura respecto del número de la población cesante, modificación que permite atender a un mayor número de desempleados”.
El Ministerio de Trabajo estima en total 600 000 beneficiarios de la ampliación de los subsidios por suspensión del contrato, los cuales recibirán una ayuda de $160 000 pesos por los meses de abril, mayo y junio.
Finalmente, el gobierno nacional tiene un programa de apoyo para el pago de la prima de servicios a través de los recursos del Fondo de Mitigación que trasladarán $220 000 pesos a los empleados vigentes en las nóminas de las empresas para junio.
La circular 071 busca reglamentar todos los acuerdos de teletrabajo, estableciendo que los empleados deben contestar y responder todos los emails o mensajes de whatsapp dentro del horario laboral, y reglamentando los contactos del empleador por fuera de éste. El empleador también deberá aportar un subsidio para el pago de los servicios del internet del empelado por su uso durante el horario laboral, que será equivalente al subsidio de transporte sobre el salario mínimo de $102 853 pesos.
Aunque estas medidas pueden ser útiles, son meramente paleativas. Algunos economistas como Santiago Tobón han planteado la renegociación del salario mínimo, y se habla de un salario mínimo regional adaptando al costo de vida de las regiones.
Este es un buen momento para bajar el salario mínimo (y negociarlo de una vez por horas, y que se cotice por horas)
— Santiago Tobón (@SantiagoTobon) May 29, 2020
El comentarista y politólogo de Blue Radio, Sebastián Nohra coincide en que la legislación actual colombiana introduce “rigideces” que impedirían la rápida recuperación del empleo formal.
Nuestras leyes laborales son anteriores a la llegada del hombre a la luna. Anteriores a las revoluciones industriales que vinieron. Están desintonziadas de este mundo. Son protegidas con sangre por sindicatos con inmunidad ante las crisis, pues sus puestos jamás peligran.
— Sebastián Nohra (@SebastianNohra) May 29, 2020
La discusión de una reforma laboral no es nueva, e incluso expertos en economía laboral como el premio Nobel (2010), Cristopher Pissarides, han advertido la necesidad que tiene el país de revisar el salario mínimo afirmando qué “fue una medida terrible y desastrosa para Colombia aumentar el salario mínimo sobre la productividad… las actuales tasas de desempleo son un gran problema en términos de política económica. Los modelos tradicionales no encajaban bien con la nueva realidad”, explicó el profesor en su teoría.
El propio ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, en 2018, comentaba que “el sector formal contrata a un costo que es relativamente alto. La relación, para poner un ejemplo, entre el salario mínimo legal y el salario medio del país, está entre los más altos del mundo”.