En la noche del 26 de mayo la cámara de representantes de Colombia aprobó por votación, 150 a favor y 1 en contra, el llamado proyecto de ley “Borrón y cuenta nueva”. La iniciativa impulsada por el senador David Barguil, del Partido Conservador, y con ponente en la Cámara el Representante a César Lorduy, de Cambio Radical, propone una única amnistía para las personas que salden las deudas en mora que tienen con los bancos y otras entidades financieras en los próximos 12 meses. Aunque todavía queda un último debate en el Senado, lo más posible es que el proyecto de ley se apruebe de manera unánime.
¿En qué consiste el proyecto de ley?
El proyecto de ley tiene varios pilares que buscan reducir el estrés financiero de las personas reportadas y a su vez limpiar su historial crediticio:
- Ni durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, ni en los seis meses siguientes a su terminación se realizarán reportes a centrales de riesgo.
- Las pequeñas y medianas empresas podrán solicitar, por un periodo de hasta seis meses, la suspensión de los reportes negativos, con el fin de acceder al mercado crediticio.
- Los campesinos que estén reportados por impagos a créditos agropecuarios inferiores a diez salarios mínimos (9 800 000 de pesos – 2 600 dólares) podrán solicitar que el reporte sea suspendido por seis meses.
- Las empresas del sector turístico que se pongan al día dentro de los seis meses de entrada en vigencia de la ley se beneficiarán del retiro inmediato del reporte negativo.
- El proyecto también reduciría de cuatro a dos años el tiempo máximo de los reportes negativos en las centrales de riesgo. También buscaría normalizar la calificación crediticia de todos los ciudadanos.
- Finalmente, decreta que la consulta de información crediticia siempre sea gratuita para el titular y en todos los canales, y que esto no disminuya su calificación crediticia.
Opinan los expertos
El economista y analista de riesgos David Giraldo nos cuenta que “la ley tiene dos cosas buenas, pero son arandelas: que se avise dos veces al moroso antes de reportarlo si la deuda es menor al 15 % del mínimo, y que será gratis revisar su calificación en centrales de riesgo. Pero lo central del proyecto sí me parece arma de doble filo. Pasa de agache lo que no se ve directamente y es mucho más grande: que los bancos tendrán problemas de selección adversa al entregar un crédito y por lo tanto pueden endurecer los requisitos. El 70 % de los créditos los piden estratos 1, 2 y 3, que en su mayoría no tienen bienes como garantía, sino solamente su historial. Si a ese historial se le quita peso, es más difícil que se les preste a ellos o por lo menos la tasa a la que se les va a prestar va a subir”.
El crédito a más pobres siempre ha sido "crédito hueso", lo que hace la ley de Borrón y cuenta nueva es darle más razones a bancos para no encartarse con ese hueso.
Si lo que querían era "golpear" a los bancos, terminaran fue golpeando al de siempre, al más débil.
— Daniel A. Monroy C (@DaniAlejandroM) May 27, 2020
La profesora de finanzas de la Universidad Eafit y magíster de la Universidad de la Sorbona, Gloria Tamayo, ve esta reforma como muy regresiva, puesto que en su concepto “es muy grave porque uno de los avances del sistema financiero es poder categorizar a las personas de acuerdo con su nivel de riesgo. Si todo se borra los bancos no pueden guardar un historial, y se perderían las diferenciaciones de tasa en el largo plazo que le pueden ofrecer a la gente en los préstamos según sus categorías de riesgo, no solo por sus activos, sino por el cumplimiento en sus deudas anteriores. Alguien que no tiene muchos activos para respaldar un préstamo, pero tiene un buen historial crediticio, lo que llevaría a que le presten a tasas mejores, perdería ese respaldo porque todos nos volvemos iguales. Es decir, mezclar a las personas que cumplen con aquellas que incumplen sistemáticamente llevaría a un incremento generalizado de las tasas de interés para todo el mundo”.
El decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad Eafit, César Tamayo, opina que “poner límites adicionales a los existentes a la forma en que dicho sistema puede alimentarse y almacenar la información crediticia, como lo contempla el proyecto de ley en cuestión, tiene el potencial de impactar negativamente el mercado de crédito. Una amnistía como la que se propone en este proyecto de ley dificultaría el papel de las entidades financieras en la aprobación de crédito, pues haría más difícil distinguir entre una mayoría de deudores cumplidos y honorables, de una minoría de malintencionados que pretenden defraudar el sistema. Un sistema robusto de información crediticia reduce las barreras de entrada al mercado de crédito. Es decir, facilita la entrada de nuevos competidores que encuentran formas de llegar a más hogares, con menores tasas de interés y mejor servicio”.
Vale la pena mencionar que un cambio como el que contempla el proyecto de ley ya se implementó en Chile en 2012 con consecuencias negativas que han sido ampliamente documentadas. Un estudio de investigadores de la Universidad de Princeton y la Universidad de Chicago que evalúa esta medida encontró que, producto de la reducción en la información que las centrales podían reportar, las entidades crediticias terminaron clasificando como posible incumplidor al que en el pasado siempre había cumplido con sus obligaciones y viceversa. En el agregado el crédito se redujo en al menos un 3,5 %, afectando sobre todo a quienes venían siendo cumplidos y terminaron siendo clasificados erróneamente por la menor disponibilidad de información”.
El caso chileno es el claro ejemplo de por qué no se debe aprobar el PL de #BorronYCuentaNueva. Ese país aprobó un proyecto similar en el 2012 y los efectos fueron nefastos para la población más vulnerable.
Aquí la explicación de Luis F. Mejía, Presidente de @Fedesarrollo pic.twitter.com/apiTJvAsSQ
— Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) May 25, 2020
Conclusión
Un proyecto de ley que condone el historial crediticio en un país donde solo el 4,3 % de los usuarios son morosos, castiga con mayores costos de un crédito al 95,7 % de los usuarios que han atendido sus obligaciones a tiempo.
No solo a los expertos les parece una ley inconveniente, 27 gremios económicos, entre los que se encuentran la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecamaras), alertan sobre la regresividad del proyecto y advierten que esta incentivaría el préstamo informal, el llamado “gota a gota”.
Un estudio de 2014 del Banco Mundial en 63 países encontró que introducir un buró de crédito (centrales de riesgo) incrementa la probabilidad de que una empresa acceda al crédito, al tiempo que reduce la tasa de interés y extiende los plazos del préstamo. Según el estudio, las firmas más beneficiadas con la introducción del buró son las más pequeñas y jóvenes.
Aunque en apariencia este proyecto de ley puede ser popular, el consenso entre expertos deja mucho que pensar sobre su progresividad y efectos a largo plazo. Lo más perjudicial del proyecto es que hará más costoso el acceso a créditos para las personas más pobres; al no contar con activos que sirvan de colaterales, ni un historial crediticio confiable, los bancos no tendrán más opción que subirle las tasas de interés a estas personas, o simplemente negarles el crédito, para disminuir riesgos a futuro por no pago.