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De acuerdo con un reciente informe de Inteligencia colombiana presentado por las Fuerzas Militares, hay alrededor de 4 600 integrantes activos de las llamadas “disidencias” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 32 grupos activos, haciendo presencia en 22 departamentos del país.
La noticia no es nueva. Desde finales del año pasado se venía reportando el incremento de las “disidencias” y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en noviembre se estimaban 9 000 miembros entre los dos grupos.
Según cifras presentadas por la fundación INDEPAZ, las «disidencias» han pasado de hacer presencia en 79 municipios en el 2018 a 93 en 2019; con el agravante de que estas estructuras están reclutando más de 1 000 miembros anualmente. Para el año 2018 la fundación estimaba 2 500 integrantes de estructuras de las FARC, para el 2019 contaban con 3 400 integrantes; si esta estimación se contrasta con la actual, las FARC deben estar próximas a duplicar sus miembros con relación a sus números en el 2018.
Esta problemática se complica por la proliferación de cultivos de coca en el país, cultivos que llegaron a su punto más bajo en el año 2012 y presentaron una tendencia al alza hasta el año 2018 como principal motor de financiamiento de las “disidencias”, según fuentes del Observatorio de Drogas de Colombia.
Un agravante a la situación de seguridad es que Venezuela se ha vuelto una ruta de tráfico para las guerrillas. En complicidad con el régimen de Nicolás Maduro, las FARC y el ELN usan el país como puerto para embarcar la droga al Caribe y enviarla a Estados Unidos o Europa. La cooperación del régimen ha llegado a tal punto que ha dado refugio al prófugo Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, jefe del equipo negociador de las FARC y acusado de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz.
Al ser Venezuela una ruta óptima para el tráfico de estupefacientes se ha desencadenado una guerra entre Ejército Popular de Liberación (EPL), FARC y ELN por el control en los puntos fronterizos. La complejidad de la situación ha llegado a tal punto que en Nariño, Iván Márquez y Gentil Duarte —ambos miembros de las FARC— se encuentran enfrentados en una cruenta guerra por el control de las rutas de tráfico hacia Venezuela. Estos enfrentamientos recuerdan a los presentados entre el Bloque Metro y Cacique Nutibara tras la desintegración de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia ) en 2004 en Antioquia, o a las vendettas entre capos del pacífico, en Cauca y Valle del Cauca tras la extinción del Cartel del Norte del Valle.
Esto es lo que está pasando en Nariño, Colombia, después del acuerdo de "paz" firmado en La Habana:
Hilo
-Gentil Duarte e Iván Márquez capos de las FARC (ahora partido político con 10 escaños en el Congreso colombiano) tienen una guerra a muerte por el control de esta zona.
— Vanessa Vallejo (@vanesavallejo3) May 13, 2020
El incremento del pie de fuerza de las “disidencias” de las FARC y el aumento de su presencia en los municipios comienzan a afectar a la población civil quien tiene que someterse a sus amenazas —de homicidio— como estrategia para proteger su territorio y deslegitimar al Estado colombiano como así lo revela el último Informe de Homicidios contra Líderes Sociales y Defensores/as de Derechos Humanos en Colombia.
El incremento del pie de fuerza de las “disidencias” junto con su esparcimiento por más de 93 municipios, representa un problema de seguridad para la población de estas zonas quienes se ven envueltas en el conflicto por las rutas del narcotráfico.
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