La contención de la pandemia, globalmente, ha dado paso a una intervención jamas vista del Estado en la vida individual, social y económica de todas las naciones. Algunos gobiernos han actuado con mayor intromisión que otros, pero la cuarentena, el aviso de expansión monetaria y fiscal, y una gran incertidumbre son el panorama general del mundo. ¿Cuáles han sido esas medidas que ha asumido el Estado en Colombia? y ¿cuáles son sus consecuencias?, son preguntas que nos tenemos que responder. En PanAm Post hicimos un análisis de las políticas con mayor impacto sobre el futuro del país. Aquí les contamos lo bueno, lo malo y lo feo del estado de emergencia declarado por el Gobierno de Iván Duque.
Lo bueno
- El decreto 417, mediante el cual se decretó la emergencia, crea un fondo para manejar los recursos destinados a la atención de la emergencia que inicialmente se nutre de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema de Regalías (FAE) y del Fondo de Pensiones Territoriales, los cuales suman cerca de 15 billones de pesos (cerca de cuatro mil millones de dólares) y también se autoriza la venta de participaciones de la nación en entidades financieras, lo que daría unos 4 billones de pesos (mil millones de dólares). Lo bueno de estas medidas es el esfuerzo del Gobierno nacional por atender la emergencia sin ahondar el déficit fiscal, ni aumentar el endeudamiento de Colombia.
- El fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías, con transferencias a las entidades financieras nacionales para otorgarle al sistema financiero garantías hasta por un 90 % para que provean de liquidez a las empresas golpeadas por la crisis. Se autorizó la emisión de bonos de la nación con destino a las operaciones de liquidez del Banco de la República, lo que permite una financiación monetaria del déficit sin recurrir al crédito directo del banco central.
- El programa de Ingreso Solidario, que ha sido el instrumento de focalización más eficiente ingeniado por el Estado colombiano, hasta la fecha de este artículo 1 975 948 usuarios han sido beneficiados por las transferencias de este programa. Utilizando información del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisben IV) el programa ha transferido ayudas monetarias a 131 136 personas en pobreza extrema, 458 929 hogares en estado de pobreza y 338 685 en condiciones de vulnerabilidad económica. Igualmente, 234 218 hogares con menos de 30 puntos en el Sisbén III recibieron esta ayuda. Lo mejor de este programa es que integra al sistema financiero a millones de personas no bancarizada. La extensiva exclusión de los sistemas financieros ha sido uno de los elementos que más contribuye a que la pobreza perdure. La bancarización de esta población es sin duda un paso adelante en la lucha contra ella.
Lo malo
- Durante la emergencia el Gobierno ha tenido una fuerte resistencia a adoptar medidas de fondo para flexibilizar el mercado laboral y permitir los ajustes salariales y de las formas de contratación que minimicen el impacto de la crisis sobre el empleo. En lugar de disposiciones que permitan la reducción temporal de los salarios y permitir la flexibilización del modelo de contratación colombiano, el Gobierno ha tomado una serie de medidas puramente paliativas que no tocan el problema de fondo. El alivio de las cargas tributarias (decretos 439 y 478 de marzo) y de seguridad social (decreto 500 del 31 de marzo) y el subsidio a la nómina, hasta por el equivalente al 40 % de un salario mínimo por trabajador, que tiene un costo de 6 billones de pesos (mil setecientos millones de dólares), alivian temporalmente la situación de liquidez de las empresas, pero anticipan más impuestos en el futuro.
- La actitud del Ministerio de Trabajo frente a las empresas a las que amenaza con sanciones por despedir trabajadores o modificar los contratos laborales. También nociva la renuencia del Ministerio para responder a las 19 solicitudes de autorización de despido masivo que fuerza a las empresas a ponerse en situación de ilegalidad.
Lo feo
- Varios decretos de emergencia ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de instituciones públicas y privadas, como la concesión de la reducción o aplazamientos generalizados en el pago de los servicios públicos, créditos del Icetex y créditos de todo tipo. Probablemente, la situación misma de emergencia no permitía una focalización más adecuada de los beneficiarios, pero con esta política el Gobierno corre el riesgo de incentivar la cultura de no-pago en el país, como de elevar las tasas de interés para todo tipo de crédito, por no decir que los bancos deberán negar muchos más para evitar el riesgo de no pago.
- También están los decretos que imponen limitaciones al comercio exterior, como el 462 del 22 de marzo. La literatura económica ha demostrado que cerrar el comercio exterior agudiza las crisis y dificulta la posterior recuperación. Sí el Gobierno guarda algo de sensatez debería retirar esos decretos de inmediato.
- Y lo más feo de todo: la creación de la Gerencia de la Emergencia. Aprovechar cualquier situación para crear burocracia parece ser un rasgo característico del Estado colombiano.