Han pasado varios días desde que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, revivió una propuesta de cohabitación entre la oposición y el narcorégimen chavista. El planteamiento es casi el mismo que intentaron negociar durante 2019 los miembros del G4 para el 30 de abril y durante el fracasado diálogo de Oslo-Barbados: cogobernar provisionalmente para conducir a un proceso electoral.
Uno pensaría que, después de los cargos que fueron presentados contra Maduro y otros doce funcionarios de su estructura criminal, la noción de que se está lidiando con un narcogobierno usurpador es unánime. Sin embargo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aclara que a su parecer los trece elementos buscados por la DEA no son motivo suficiente para considerar que toda la estructura chavista es narcotraficante.
Entiendo el planteamiento, pero no lo comparto.
Por ejemplo, si alguien me dice que todos los sacerdotes son pedófilos porque algunos lo son, la generalización es torpe e incorrecta. No obstante, en la Iglesia Católica podemos decir que son más los buenos. En el chavismo, el concepto de “bien” está distorsionado de origen, por lo que incluso aquellos que pudiesen no haberse visto beneficiados económicamente por el saqueo socialista apoyan una estructura cuya cúpula viola derechos humanos y es culpable de la destrucción de un país completo. Además, con trece narcotraficantes buscados por la DEA, quienes no sean cómplices, son narcocomplacientes (como dice Daniel Lara).
Dicho lo anterior, a uno le sorprende escuchar declaraciones como esta:
“No podemos suponer que es un narco-gobierno. Hay 13 personas acusadas judicialmente pero hay otros que perfectamente pueden dar un paso y ponerse del lado de la gente”, dice @jguaido. pic.twitter.com/gOLmj6Rs4E
— Jovel Álvarez (@Jovel_Alvarez) April 1, 2020
Posteriormente, llegó un titular mucho más coherente.
Guaidó: “en el nuevo gobierno no pueden participar corruptos, ni narcotraficantes” https://t.co/njhksGTF5g pic.twitter.com/eUPIBcgTTk
— RCTV (@rctv) April 3, 2020
La verdad ese titular de RCTV me habría encantado leerlo el 23 de enero de 2019. Pero justamente lo que vino después de esa fecha me hace pensar que Juan Guaidó en realidad no tiene problema en convivir y gobernar con corruptos.
Celebro el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro está más vulnerable que nunca. Tengo esperanza de que el gobierno de Donald Trump esté dispuesto a todo para sacarlo del poder, pero veo con preocupación la división dentro de la administración estadounidense en torno al abordaje de esta crisis.
Pompeo invita a una cohabitación mientras Trump apuesta por un operativo antinarcóticos.
Esto nos deja ante tres posibles escenarios:
El primero es que todo este operativo naval conjunto y las acciones que están por llegar provoquen un quiebre dentro del chavismo y terminen entregando a Maduro y su combo, dando paso al consejo de Estado paritario que propone Guaidó con respaldo de Pompeo.
El segundo es que no haya quiebre y la presión escale hasta un operativo de búsqueda y captura que termine con la detención de los capos. Lo mejor que podría suceder es que se dé paso a un gobierno de transición encabezado por Guaidó, para que sean organizados unos comicios con autoridades libres de chavismo.
El tercero es que no pase nada y esta presión termine siendo un bluff que no escale de ninguna forma ni modifique la realidad actual (no lo creo).
El primer escenario me provoca un profundo disgusto porque coincide con los intereses de quienes se apoderaron del interinato durante 2019. Ese pacto debería conducir a unas elecciones en las que el voto cuente y por fin pueda ganar un mandatario que se proponga acabar desde el ejecutivo con cualquier vestigio de cohabitación con las mafias. No obstante, siendo las mafias (chavismo y G4) quienes manejarían la transición, la desconfianza se arraiga y me hace pensar que no le permitirán llegar un candidato honrado a la meta, así le respalden los votos. Es decir, más de lo mismo.
Ante el segundo escenario, siento entusiasmo, pero me preocupa que Estados Unidos insista en que el gobierno deba estar integrado por chavistas y opositores y terminen instalando una junta de cohabitación que termine dándonos un resultado igual al del primer planteamiento. De no ser así, creo que esta sería la opción ideal.
El tercer escenario para mí es muy poco probable, pues hacer un despliegue de esta envergadura para nada, sería un lujo que Donald Trump no puede darse en un año electoral. Sacar a Maduro del poder le resultaría mucho más redituable de cada a los comicios de noviembre.
Así que, en el peor de los casos, habría que tolerar un periodo de cohabitación que conduzca a unas elecciones en las que la ciudadanía recupere el valor de su voto y decida otorgarle la presidencia a una opción disruptiva.
El nuevo gobierno –primero de la naciente democracia– probablemente investigará a quienes hayan conformado la junta transicional y emprenderá los procesos necesarios para recuperar lo saqueado y hacer que los criminales paguen por sus delitos.
¿Querrán los delincuentes chavistas y opositores que esto suceda? Probablemente no.