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Contemos esta historia por partes:
El 12 de marzo de 1948 estalló el último conflicto armado en la historia de Costa Rica. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), se rebeló en contra del gobierno del presidente Teodoro Picado tras acusarle de fraude electoral.
El caudillo se llamaba José Figueres Ferrer. Durante 44 días las fuerzas libertarias se batieron en guerra contra el gobierno y sus aliados comunistas. En el momento de mayor tensión, el presidente Picado pidió ayuda a Anastasio Somoza, lo cuál derivó en una intervención del ejército nicaragüense en territorio costarricense.
Finalmente, el 19 de abril de aquel año, Figueres ganó la guerra, Picado fue derrocado y se instaló la Junta Fundadora de la Segunda República que gobernó durante 18 meses.
Esta historia condujo al episodio que marcaría la identidad de Costa Rica a futuro: la abolición del ejército el 1º de diciembre de 1948. La historia oficial (esa que siempre cuentan los que ganan) afirma que Figueres encontró un ejército vetusto y desorganizado, por lo que decidió eliminarlo. Las mentes más suspicaces afirman que la abolición se hizo por temor a sufrir un golpe militar como el que él propinó a su predecesor.
Para ese momento Figueres tenía un respaldo: Costa Rica había suscrito un año antes el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con lo cuál se garantizaba la defensa del territorio por parte de los aliados en caso de un ataque extranjero.
Los años pasaron, y el 12 de septiembre de 1978 el ataque ocurrió. Tras el alzamiento del Frente Sandinista en contra de Anastasio Somoza, un avión nicaragüense penetró territorio costarricense y ametralló varios automóviles.
Según refleja la edición impresa de El País de España del día posterior “el Ministerio de Asuntos Exteriores costarricense presentó una protesta formal ante el gobierno de Nicaragua y amenazó con apelar a los tratados de defensa interamericanos para salvaguardar su seguridad”.
Al auxilio del indefenso país salieron dos gobiernos: el de Venezuela y el de Panamá. Así lo reseñó El País el 16 de septiembre:
Venezuela y Panamá se han puesto de acuerdo para ayudar a Costa Rica ante la eventualidad de que se produzcan nuevos incidentes fronterizos con Nicaragua, similares al ocurrido el pasado martes, cuando aviones nicaragüenses violaron el espacio aéreo de Costa Rica y ametrallaron dos patrullas asesinando a dos policías costarricenses, hiriendo a otros dos y tomando como rehén a un capitán de la Guardia Civil.
Así se interpreta el hecho de la llegada a San José de aviones de transporte de la fuerza aérea venezolana y helicópteros de la Guardia Nacional panameña.
Tanto en Caracas como en la ciudad de Panamá, la explicación oficial dada al envío de los aparatos es que éstos y sus correspondientes tripulaciones realizan misiones de «entrenamiento» y que el aterrizaje en suelo de Costa Rica es una prueba de «amistad y buena voluntad». En fuentes diplomáticas caraqueñas se interpreta la iniciativa de Carlos Andrés Pérez y Omar Torrijos como un gesto destinado a advertir al presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, que Costa Rica, a pesar de no tener fuerzas armadas, no se encontraría indefensa ante una nueva agresión fronteriza.
El canciller venezolano, Simón Alberto Consalvi, viajó inesperadamente en la tarde del jueves a San José e inmediatamente se entrevistó con el presidente Rodrigo Carazo. A mediodía se esperaba en Caracas el regreso del funcionario venezolano, que habría coordinado, probablemente, en Costa Rica, la estrategia común en la reunión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, que debía decidir la convocatoria de una reunión especial de ministros de Asuntos Exteriores para estudiar el caso de Nicaragua.
Por ende, Costa Rica consideró en 1978 que una incursión militar aérea que provocó dos bajas, dos heridos y un rehén, era motivo suficiente para convocar el artículo 8 del TIAR que prevé ayuda militar de los países firmantes. La ayuda llegó sin que el tratado tuviese que ser activado, pero esa ayuda no fue rechazada.
Pasaron los años. Venezuela se vio arrodillada por un régimen criminal que ha concentrado las fuerzas terroristas más peligrosas del mundo en su territorio, se ha apoderado de su ejército y ha provocado el éxodo de cinco millones de personas (equivalente a toda la población de Costa Rica).
No obstante, cuando Venezuela acudió el 11 de septiembre de 2019 a la Organización de Estados Americanos para pedir la invocación del TIAR, el gobierno costarricense de Carlos Alvarado propuso una enmienda para eliminar el apartado que habla de ayuda militar en el Tratado, esa ayuda que protegió a su país en los años de más ataques nicaragüenses.
Son curiosos los ciclos de la historia. Uno pensaría que cuando un amigo tiende la mano a otro, ese estará ahí para apoyarlo en los momentos difíciles. Parece que el gobierno de Alvarado ha olvidado los gestos del pasado y decidió obstaculizar la única posibilidad que tiene Venezuela de recuperar su libertad.
Tranquilos, estimados lectores, esta historia tuvo un buen final: la moción de Costa Rica fue rechazada. El TIAR ha sido activado.
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