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Mientras el expresidente Iván Duque premiaba la excelencia académica con el programa “Ser pilo paga”, los valores se invirtieron desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia en 2022, que en vez de estimular el mérito prefirió destinar recursos del Estado para “resarcir” el daño que la sociedad le ha hecho a quienes la izquierda –apegada a la doctrina Zaffaroni– considera víctimas del sistema opresor. Fue así como en octubre de 2023 el gobierno colombiano publicó el decreto con el que concretó uno de sus proyectos enmarcado dentro del llamado “perdón social”, que le ha merecido críticas por traducirse en una especie de indulto a criminales o potenciales delincuentes, otorgando pagos mensuales con el fin de “prevenir delitos” mediante el programa “Jóvenes en Paz”, que también se ha denominado popularmente como “pagar para no matar”, luego de que Petro lo calificara así en una ocasión. Hoy, el fracaso de esta iniciativa tiene rostro: el de un adolescente que luego de pasar –sin éxito– por este programa descargó un arma contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por su vida.
“Lamentamos que el menor haya desistido de su participación en el programa, que busca brindar a las juventudes oportunidades y acompañamiento para que puedan construir un futuro de vida y esperanza alejado de la violencia”, señala el Ministerio de Igualdad en un comunicado difundido este martes en el que ratifica que “como confirmó el señor presidente de la República Gustavo Petro Urrego, el menor de edad involucrado en los hechos donde resultó gravemente herido el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Trubay, participó brevemente en el programa ‘Jóvenes en Paz'”.
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De acuerdo con la cartera ministerial creada por el actual gobierno, el adolescente de 14 años que se ve en los videos disparando contra Miguel Uribe “fue preinscrito en el programa el 16 de agosto de 2024, iniciando el día 12 de septiembre de 2024 en uno de los puntos de atención de la ciudad de Bogotá, al que dejó de asistir desde el día 22 de noviembre del año 2024, razón por la cual registra como inactivo desde diciembre del año pasado”.
#ComunicadoPúblico
Desde @MinIgualdad_Col nos permitimos comunicar que, como confirmó el señor Presidente @petrogustavo, el menor involucrado en los hechos donde resultó herido el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, fue preinscrito en agosto de 2024 en el… pic.twitter.com/rWt94fE5ym— Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia 🇨🇴 (@MinIgualdad_Col) June 10, 2025
¿Delincuentes encarcelados o con subsidios del Estado?
La política de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue la excusa de Gustavo Petro para plantear desde su llegada a la Casa de Nariño iniciativas totalmente opuestas, tras calificar como “campo de concentración” el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) inaugurado por el mandatario salvadoreño para recluir a pandilleros. La insólita propuesta del jefe de Estado colombiano fue entregar 800.000 pesos mensuales (cerca de 200 dólares) a los 100.000 jóvenes entre 14 y 28 años que salieran beneficiados con su programa para que así dejaran de delinquir, una cifra que finalmente elevó a un millón de pesos (unos 240 dólares), lo que le cuesta al Estado un total de 1,2 billones de pesos (cerca de 290 millones de dólares) por año, según estimaciones.
El atentado contra Miguel Uribe le puso rostro al fracaso de este programa del gobierno colombiano, que ya se evidenciaba con cifras, si se comparan con los resultados de las políticas de seguridad en El Salvador. En el país centroamericano la tasa de homicidios ha caído de 103 casos por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2019 a 1,8 en 2024, registrándose además una reducción de 26 % en comparación con 2023, según datos oficiales, al bajar las muertes violentas de 154 a 114. En contraste, Colombia cerró 2024 con una tasa de homicidios de 25,6 por cada 100.000 habitantes, sin mayor variación durante la última década, que registró un pico de 28 casos por cada 100.000 en 2014 y había tocado mínimos con Iván Duque en 2020, cuando la tasa fue de 23,8. Pero en lo que va de 2025 se observa un incremento de 1 %, al subir los asesinatos de 4231 entre enero y abril de 2024 a 4276 durante el mismo periodo del año en curso, según las últimas estadísticas del Ministerio de Defensa.
La nefasta doctrina Zaffaroni
Pero a pesar del fracaso que evidencia tanto este programa ‘Jóvenes en Paz’ como su política de seguridad, Gustavo Petro insiste en victimizar al victimario, alegando que las leyes y las normas obligan a “proteger al niño, por ser niño”, haciendo referencia al adolescente que disparó contra el senador Miguel Uribe. Aunque el presidente no asume esta postura solo por tratarse de un menor. Pues luego agrega que “los menores asesinos que saben matar” lo hacen “porque su familia es pobre”.
Se trata de la doctrina garantista –que algunos prefieren denominar como abolicionista–, que ve al delincuente como una víctima de la sociedad, al delito como una creación política y al proceso penal como una farsa de los poderosos para imponer penas sin legitimidad, de acuerdo con las ideas que inspiró el juez argentino Raúl Zaffaroni, que luego de integrar la Corte Suprema del país sudamericano entre 2003 y 2014 formó parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2016 y 2022. Y esta doctrina a su vez se fundamenta en el dogma del sociólogo francés Émile Durkheim, quien defendía que los valores de las personas están en gran medida determinados por la influencia de los demás y no por su propia experiencia, de modo que la intencionalidad supuestamente reside en la “conciencia colectiva” de una sociedad y no en las mentes separadas de los individuos que la componen.
