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El justo reclamo venezolano del territorio Esequibo –que el régimen chavista ha usado de diversas maneras para beneficio político– pone entre la espada y la pared a Nicolás Maduro, quien una vez más apela al sentimiento nacionalista para intentar darle un carácter épico al show electoral convocado para el 25 de mayo con el que pretende que el país y la comunidad internacional pasen la página del descarado fraude cometido en las presidenciales del 28 de julio, pero con el agravante de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) está interviniendo directamente para pedir a Caracas que se abstenga de celebrar elecciones en el territorio en disputa, a pesar de que no tenga jurisdicción para resolver este conflicto fronterizo.
Poniéndose en sintonía con el reclamo de Guyana, la CIJ ordenó al régimen de Maduro suspender las elecciones en el Esequibo, que incluyen la escogencia de un gobernador y ocho diputados, dictaminando en un comunicado que “en espera de una decisión definitiva sobre el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de celebrar elecciones o preparar elecciones en el territorio en disputa, que la República Cooperativa de Guyana administra actualmente y sobre el cual ejerce control”. Un llamado de atención que fue celebrado por el presidente guyanés, Irfaan Ali. “Una vez más, la postura de Guyana ha prevalecido. Una vez más, se ha demostrado que la postura de Guyana se ajusta al derecho internacional”, festejó el mandatario de la ex colonia británica.
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Por el lado venezolano, como era de esperarse, el régimen chavista respondió este viernes con un comunicado en el que rechaza “categóricamente” las “abusivas e intervencionistas” medidas provisionales que fueron solicitadas por Guyana y ratificadas por el tribunal internacional, que se declaró competente para resolver la disputa territorial. “Venezuela ratifica que, fiel a su posición histórica, no reconoce ni reconocerá jamás ni la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia ni acatará decisión alguna que emane de esta para dirimir la controversia”. Adicionalmente, desde Caracas reiteran que “nada en el derecho internacional permite a la Corte Internacional de Justicia inmiscuirse en asuntos que son exclusividad del derecho interno de Venezuela, ni pretender prohibir un acto soberano”, ratificando además que el diferendo limítrofe solo podrá ser resuelto mediante lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que contempla “un arreglo práctico y mutuamente aceptable”.
Sin aliados ni legitimidad
Si bien el argumento venezolano es el correcto, hay una larga lista de actos previos e irregularidades en el marco de las responsabilidades de un Estado democrático que restan legitimidad y desacreditan en la jurisdicción internacional al régimen que hoy ostenta por la fuerza el poder en Venezuela para ejercer una defensa adecuada en cualquier instancia. Y es que ante la ilegítima juramentación de Maduro para un nuevo periodo tras haber sido proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin totalización de resultados, sin actas y sin auditorías, la comunidad internacional en pleno se ha puesto del lado de Guyana, sin diferenciar entre lo que es un reclamo de Estado histórico y el un uso político del tema, como lo que ha hecho el chavismo en las últimas dos décadas y media. Y por si fuera poco, la dictadura venezolana no cuenta con respaldo ni de sus aliados en este asunto, pues Cuba ha tenido siempre una postura favorable a Georgetown, así como los gobiernos izquierdistas de Colombia y Brasil tampoco apoyan a Maduro en esta disputa por intereses particulares en cada caso, e incluso las grandes potencias cercanas a Caracas como Rusia y China se han mantenido siempre al margen en este tema.
No hay que olvidar que el chavismo abandonó la defensa del Esequibo desde los tiempos en que Hugo Chávez era presidente y Nicolás Maduro su canciller a cambio del apoyo de Guyana en foros internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), haciendo evidente el uso de la disputa territorial como un arma política para desviar la atención de temas trascendentales o alimentar un conveniente nacionalismo cuando el régimen se ve en aprietos. Por este motivo, nadie en la comunidad internacional toma en serio este reclamo en manos del chavismo, que Maduro desempolvó cuando se descubrieron grandes reservas de petróleo y otros minerales en el vasto territorio de 159.000 kilómetros cuadrados, casi similar a la superficie de un país como Uruguay.
El dilema de Maduro con el Esequibo
Fue justamente ante la pasividad del régimen chavista frente a esta disputa que Guyana aprovechó para pedir a la Corte Internacional de Justicia en 2018 que se declarara competente para resolver el conflicto territorial, reduciéndose la posición de Caracas a la no aceptación de su jurisdicción, pero sin una defensa efectiva más allá de actos populistas simbólicos. Fue así como en diciembre de 2023 la dictadura venezolana celebró un referendo no vinculante para intentar dar legitimidad a la creación del nuevo estado denominado Guayana Esequiba. Ahora no parece ofrecerse nada diferente.
Nicolás Maduro se pone nuevamente entre la espada y la pared con el tema del Esequibo, ya que, por un lado, no podrá ceder a la solicitud de la CIJ de suspender dicha elección ya que esto sería reconocer su jurisdicción para dirimir la disputa; pero, por el otro, tendría que aventurarse a ordenar una operación militar para tener control del territorio una vez electo el gobernador del Esequibo y sus diputados para que dicha elección no quede como un acto simbólico más, ateniéndose además en este escenario a las duras advertencias de Estados Unidos, que en palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, “sería un muy mal día para el régimen de Venezuela, si atacara a Guyana”, según insinuó durante su reciente visita a Georgetown, agregando que “la Marina de Estados Unidos ha demostrado que tiene la capacidad de llegar a cualquier parte del mundo”, lanzándole así una clara amenaza de carácter militar.
