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Buscar destituir al juez federal de distrito James Boasberg, quien inicialmente emitió una orden para bloquear por 14 días la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que permite acelerar las deportaciones sin audiencias y que ahora pide al Gobierno que presente información detallada sobre los vuelos a El Salvador, es la respuesta de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que solicitó una prórroga al pedido del magistrado, y ahora cuenta con una extensión del plazo hasta este jueves al mediodía.
El mandatario estadounidense ha incrementado la presión junto con su círculo más cercano para destituir al juez, al punto que el congresista republicano Brandon Gill ya presentó artículos para iniciar dicho trámite en la Cámara de Representantes. Adicionalmente, figuras cercanas al presidente como su subjefe de Gabinete, Steven Miller, y la congresista Lauren Boebert han iniciado una campaña en redes sociales contra Boasberg, calificándolo como “activista” que “no fue electo” y que “está robando el voto y la voz del pueblo estadounidense”.
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Fue el propio Trump quien alimentó este discurso contra el juez desde sus redes sociales. “¡Si un presidente no tiene el derecho de expulsar a asesinos y otros criminales de nuestro país porque un juez lunático de izquierda radical quiere asumir el papel de presidente, entonces nuestro país está en un gran problema y destinado al fracaso!”, escribió en su red Truth Social, tras haber exigido destituir al juez en una publicación previa.
El llamado de atención de la Corte Suprema
La destitución no luce probable si se toma en cuenta que luego de su eventual aprobación en la Cámara baja debe contar con el visto bueno de dos tercios del Senado, y para esto sería necesario que al menos 14 demócratas se sumaran a los republicanos. Incluso el presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, se mostró en contra de estos llamados y recordó que los desacuerdos con fallos judiciales se resuelven en el circuito de apelaciones.
La presunta falta del juez James Boasberg, de acuerdo con Trump y su círculo cercano, habría sido ordenar detener por 14 días las deportaciones de presuntos criminales del Tren de Aragua a El Salvador hasta determinar la legalidad de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que solo se ha invocado en tiempos de guerra, lo que desde el Gobierno califican como una “interferencia indebida en la discreción presidencial para manejar asuntos diplomáticos y de seguridad nacional sensibles”.
¿Información detallada o secreto de Estado?
Ahora se ha desatado un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, asomándose una crisis institucional, por no haber sido acatada dicha orden, ya que las deportaciones se concretaron el sábado alegando que los vuelos ya habían despegado, según afirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Por tal motivo, el juez Boasberg había dado plazo hasta el martes al mediodía, el cual fue extendido hasta el jueves al mediodía, para que el Gobierno presente información detallada de dichos vuelos con el objetivo de determinar si el Ejecutivo incumplió de manera deliberada la orden judicial del 15 de marzo, y en caso de haber sido así, establecer “cuáles deberían ser las consecuencias”.
El Gobierno de Donald Trump estaría en la obligación de explicar cómo salieron los aviones con los deportados de Estados Unidos el sábado, cuántas personas viajaban en cada aeronave, dónde aterrizaron, a qué hora y desde dónde despegaron. En caso contario, tendría que invocar la doctrina de secreto de Estado. Hasta el momento, tanto Trump como su entorno se han enfocado en pedir destituir al juez y en descalificarlo por su presunta posición política.
