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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decidido extender su enfrentamiento con todo el que no apoye su proyecto político. Primero le tocó al Congreso por la firma de una ponencia por parte de ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado para archivar su reforma laboral y ahora la confrontación es con los gobernadores y alcaldes de los principales departamentos y ciudades del país que rechazan sumarse al “día cívico” decretado por el mandatario para que los empleados acudan a las marchas convocadas por el Gobierno este martes en favor de la consulta popular con la que Petro busca aprobar sus polémicas reformas evadiendo los procedimientos legislativos. Resulta por lo menos irónico que el oficialismo pretende imponer una reforma laboral haciendo llamados a no trabajar.
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Como era de esperarse, Petro ha justificado su medida proselitista invocando valores que desempolva a conveniencia como “la dignidad”. Pero no se trata más que de un capricho político para cumplir con sus promesas de campaña que no han podido avanzar por los obstáculos puestos en el camino por los congresistas, que también fueron electos por el voto popular y, como parte de sus funciones constitucionales, tienen la potestad de aprobar o rechazar los proyectos presentados por el Ejecutivo, ya que así lo garantiza el principio de separación de poderes. Sin embargo, el jefe de Estado ha preferido optar por la confrontación en la recta final de su mandato, al que le queda poco menos de año y medio, para de esta manera meterse indirectamente en la campaña presidencial de 2026 buscando impulsar en las calles el proyecto político que le heredará a quien escoja como su candidato.
Alcaldes rechazan “día cívico” de Petro
“Alcaldes del dinero queriendo amenazar al pueblo. Ningún maestro irá a su clase porque saben que la mejor lección que se le debe dar a un niño es la de la dignidad que no tienen los alcaldes, porque sirven al dinero y no a su pueblo”, así respondió Petro al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por no apegarse a su llamado de “día cívico” y anunciar implicaciones “en términos de su pago” contra los maestros que no cumplan con su responsabilidad de acudir a trabajar este martes.
Pero el alcalde de la capital no fue el único. El mandatario local de la segunda ciudad más grande del país también se manifestó en esta misma línea. “El martes 18 de marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad”, dijo el alcalde de la capital del departamento de Antioquia, Federico Gutiérrez.
“En Cali seguimos trabajando por la seguridad, el empleo y el desarrollo de nuestra gente. Este martes 18 de marzo, hospitales, colegios, servicios públicos y la administración municipal operarán con normalidad”, respondió el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ante el decreto de “paro cívico” por parte del presidente Gustavo Petro.
El alcalde de Bucaramanga tampoco se suma al llamado del mandatario. “El municipio no se acogerá al decreto del día cívico del Gobierno nacional del próximo martes”, dijo el alcalde Jaime Andrés Beltrán, aclarando que el derecho a la protesta está garantizado pero reiterando que “entidades descentralizadas e instituciones educativas públicas de la ciudad tendrán normalidad el 18 de marzo”.
Otro que desafió a Petro fue el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien sentenció que “normalidad es normalidad. Va a ser un día común y corriente”. Si bien resaltó que habrá garantías para quienes deseen protestar, agregó que las dependencias de la municipalidad no se paralizan. “El martes todos trabajamos. Las instituciones educativas oficiales operan sin novedad”. También se han sumado a este rechazo otros alcaldes como los de Barranquilla y Villavicencio.
Gobernadores contra el “día de la vagancia”
Desde las gobernaciones también ha habido rechazo a la medida. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó el decreto de día cívico como “día de vagancia” y pidió “honrar el trabajo como camino de desarrollo y oportunidades”.
Por su parte, Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, no solo se manifestó en contra de la paralización convocada desde la Casa de Nariño sino que además precisó que, según cuentas de su despacho, acogerse al “día cívico” costaría a la nómina unos 200 millones de pesos (cerca de 50000 dólares), que pagan los colombianos con sus impuestos, tal como manifestó en una entrevista con La FM.
Y tampoco se pude pasar por alto la posición del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien manifestó que espera que los funcionarios trabajen y lamentó que se pretenda “utilizar el día cívico para presionar al Congreso de la República”.
Mientras tanto, Gustavo Petro continúa promoviendo sus marchas en busca de respaldo popular este martes 18 de marzo, para así saber hasta dónde puede avanzar con su proyecto político en medio de la campaña para las próximas presidenciales que, sin duda, se cruzaría con la consulta popular convocada por el presidente, pudiendo así no solo impulsar la opción del “Sí” sino también al candidato que tome las llamadas reformas sociales como bandera política.
