Con una oferta de 7286 millones de dólares, Elliott Investment Management es el probable ganador de una subasta judicial de acciones de PDV Holding, empresa matriz de Citgo Petroleum –el mayor activo de Venezuela el extranjero– sujeta a disputa en tribunales internacionales por expropiaciones e impagos de deuda por parte del Estado venezolano y la estatal petrolera PDVSA.
Tras haberse cerrado una segunda y última ronda de licitación a comienzos de año, un tribunal de distrito estadounidense en Delaware nombró este viernes a Amber Energy, unidad de Elliott Investment Management, como la oferta ganadora de la subasta, según un documento judicial citado por la agencia Reuters.
Sin embargo, la recomendación de adjudicar la subasta a este inversor está sujeta a la resolución de las reclamaciones de las partes y la disposición de Elliott a mantener su propuesta, pues en caso contrario el tribunal podría considerar otras ofertas.
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La subasta de las acciones de la empresa matriz de Citgo se habría realizado el 19 de septiembre, según decidió a inicios de julio el juez estadounidense Leonard Stark para evitar que se efectuara en medio de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que terminaron con un resultado fraudulento a favor de Nicolás Maduro, sin actas, sin totalización y sin auditorías, mientras la oposición demostró con 83,5 % de las actas que el ganador de los comicios fue el exdiplomático Edmundo González Urrutia, pero el régimen se niega a reconocerlo, pese a la enorme presión de la comunidad internacional.
Bajo las leyes venezolanas
Si bien Elliott Investment Management no es un operador de refinería, ha sido tenedor de bonos venezolanos emitidos por el régimen de Nicolás Maduro poniendo como garantía 50,1 % de las acciones de Citgo, razón por la cual forma parte de los acreedores que participaron en la subasta, que buscan cobrar hasta 21.300 millones de dólares en reclamos al Estado venezolano y a PDVSA por expropiaciones e impagos de deuda.
Citgo se anotó una victoria en julio cuando el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Manhattan indicó que si bien podía decidir cuestiones de derecho extranjero, en este caso se debe aplicar la ley venezolana, tras evaluar los reclamos de los tenedores de los bonos, que representan 50,1 % de las acciones de la filial de PDVSA.
De esta manera, la junta ad hoc que había quedado a cargo de Citgo durante el extinto gobierno interino de Juan Guaidó, logró que la justicia estadounidense le diera la razón en cuanto a su argumento de que el régimen chavista había emitido los Bonos 2020 sin la autorización de la Asamblea Nacional de mayoría opositora electa en 2015 y todavía en ejercicio para ese momento, por lo que habría ocurrido una violación de las leyes venezolanas.