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La concentración del poder, el secuestro de las instituciones y el avance progresivo hacia un sistema autoritario son las mayores preocupaciones que genera la reforma judicial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la que pretende instaurar elecciones populares de todos los jueces y la Suprema Corte a partir de 2025, quedando así el Poder Judicial hipotecado a intereses políticos. Pero también hay otros riesgos de los que poco se habla: la posibilidad de que se imite el proceder de dictaduras como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que valiéndose de la persecución judicial llenan las cárceles de presos políticos, y la caída de la inversión por falta de seguridad jurídica en el país que es hoy la segunda mayor economía de Latinoamérica, solo por debajo de Brasil.
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“Este país era un país, cuando menos, de dos podres, el Poder Ejecutivo con el control del Legislativo, y el Poder Judicial como un contrapeso natural del Poder Ejecutivo. En el momento en que los inversionistas –internos y externos– tengan conciencia de que su inversión va a depender de la voluntad de un solo hombre, o de una sola persona, en ese momento la credibilidad y la certeza de la seguridad jurídica de las inversiones no va a estar presente y, en consecuencia, va a provocar que no sigan invirtiendo en México”, advierte Ignacio Morales Lechuga, exprocurador de México, en entrevista con PanAm Post.
Desinversión y presos políticos
Esta advertencia no viene sola. La desinversión ya la empieza a ver y, además, considera que el gran beneficiado será el vecino del norte. “Parece ser que muchas empresas se están yendo, unas a Canadá y otras a Texas (EE. UU.), donde hay unos programas de promoción positivos para captar esas inversiones que México no está aprovechando”, agrega Morales Lechuga, quien considera además que “México será –si las cosas así se mantienen– uno de los mejores promotores de inversiones para Texas y la frontera sur de Estados Unidos”.
El también exprocurador de la Ciudad de México y exembajador en Francia advierte que con la reforma judicial se tramita otra modificación constitucional que va en dirección contraria a la Corte Interamericana y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual afecta la presunción de inocencia, por lo que teme que esto abra la puerta para que las cárceles mexicanas se comiencen a llenar de presos políticos. “Esta otra reforma consiste en establecer prisión preventiva forzosa en contra de cualquier persona acusada de una gama de delitos, que cada día amplía el gobierno (…) esto puede tener, por supuesto, una desviación política, como la tiene Venezuela, y el día de mañana utilizarse contra la disidencia”.
México, ¿por el camino de Venezuela?
Y sobre las protestas contra la reforma judicial en México, que durante la votación en la capital terminó con la toma del Senado por parte de manifestantes, un episodio que se repitió en congresos estadales como los de Yucatán y Puebla, Ignacio Morales sostiene que esto ha ocurrido porque ante la imposición del Ejecutivo de proyectos de ley que son aprobados por un Legislativo bajo su control sin consultas y sin cambiar “ni un punto ni una coma”, como pide el presidente, la ciudadanía “llegó a un punto de decir: ‘ya basta'”. Considera que “el gobierno ha perdido la calle” porque hay “un nivel de indignación que ha ido creciendo poco a poco a lo largo de estos seis años”.
Aunque la nueva presidente, Claudia Sheinbaum –que asumirá el poder el 1 de octubre– es una ficha del mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, y Morales Lechuga no ve voluntad de su parte para frenar la polémica reforma judicial, espera que los inversionistas puedan ejercer la presión necesaria para que tome los correctivos que impidan que se haga realidad su temor: “Lo que menos quisiera ver es que México se convirtiera en Cuba, Venezuela o Nicaragua”.
