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Que Nicolás Maduro haya rogado el reconocimiento de Estados Unidos cuatro días después de la elección presidencial usando el petróleo venezolano como chantaje demuestra la dependencia del régimen de la exportación de crudo a la primera potencia mundial. El alivio de sanciones desde noviembre del año pasado en el marco del Acuerdo de Barbados –que a los pocos meses el oficialismo incumplió– aportó a Miraflores un oxígeno económico que el chavismo no quiere perder. Sin embargo, el evidente fraude electoral cometido el 28 de julio complicó los planes de convencer a Washington de la aparente normalidad democrática en el país que permitiría obtener beneficios económicos a ambos gobiernos. Las estadísticas oficiales muestran un notable avance comercial en la primera mitad del año que pronto podría empezar a derrumbarse.
Las últimas cifras publicadas este viernes por la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés), correspondientes al mes de junio, evidencian un significativo incremento en la compra de petróleo venezolano en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2023, al pasar de 19,96 millones de barriles a 35,26 millones, lo que equivale a una variación de 43,38 %. De esta manera, el promedio diario se elevó de 110.000 a 195.000 barriles.
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Solo en junio, PDVSA envió un total de 6,7 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, que equivale a un promedio de 226.100 barriles diarios. El pico en los primeros seis meses del año se registró en mayo, con 7,5 millones de barriles en total, que representan un promedio de 249.000 barriles por día. Los despachos de crudo a EE. UU. durante todo 2023 alcanzaron un total de 48,7 millones de barriles, equivalentes a 133.539 barriles diarios. Esto demuestra que, de acuerdo con la tendencia de 2024, el acumulado anual será superado, aunque no se descarta una considerable disminución en los próximos meses como consecuencia de la inestabilidad política en Venezuela y la anunciada reimposición de sanciones que podría afectar las licencias individuales que aún se mantienen vigentes.
El negocio de Chevron
Y es que el gobierno de Joe Biden ha hecho una larga lista de excepciones con el otorgamiento de licencias individuales a empresas como la española Repsol, la francesa Maurel & Prom (M&P), la estadounidense Chevron, la británica BP y la empresa estatal de Trinidad y Tobago NGC. El alivio de sanciones también había permitido el retorno desde noviembre a Venezuela del mayor operador del petróleo del mundo, Vitol Group.
Es justamente a través de Chevron que Estados Unidos está recibiendo petróleo venezolano. No hay que olvidar que esta compañía proyectó en marzo perforar hasta 30 pozos en la zona de crudo pesado de la Faja del Orinoco hasta el año 2025, como parte de las operaciones de tres empresas conjuntas entre Chevron y la estatal venezolana PDVSA, estimando con estas nuevas perforaciones alcanzar un aumento de 35 % en la producción hasta llegar a 250.000 barriles diarios en 2025, “lo que llevará a que se envíe más suministro a Estados Unidos”, según un reporte de Bloomberg publicado a inicios de marzo.
El chantaje con los BRICS
Es por esta razón que Maduro amenazó luego de las elecciones a Estados Unidos y “sus asociados en el mundo” con dar los bloques petroleros y gasíferos que operan en el país a sus aliados del grupo de economías emergentes BRICS si las autoridades de la nación norteamericana “cometen el error de su vida”, en referencia al no reconocimiento a su supuesta victoria anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin totalización, sin actas y sin auditorías a más de un mes de los comicios.
“Si esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces, esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS”, dijo el heredero del chavismo en un acto de desesperación ante la falta de reconocimiento internacional a su cuestionado triunfo, que a la fecha no convence ni a sus históricos aliados ideológicos en la región como los presidentes de Colombia, Brasil y México, que siguen exigiendo la publicación de las actas y los resultados desagregados mesa por mesa, ignorando la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista que “convalidó” los resultados y exhortó al CNE a publicarlos en Gaceta Electoral dentro de los 30 días posteriores a la proclamación, tal como establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales, pero el lapso venció y hasta el ente comicial desacató el fallo judicial.
