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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien hoy se ha adjudicado junto con sus homólogos de Brasil y México la labor de mediar en la grave crisis que atraviesa Venezuela ante el fraude cometido por Nicolás Maduro en las urnas, ha permitido que el dictador venezolano se financie con recursos de la empresa de fertilizantes Monómeros, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) con sede en territorio colombiano, durante la gestión de Rodrigo Ramírez en la directiva, un cercano aliado de Petro designado en ese cargo por él, quien además aparece vinculado en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno colombiano.
“Monómeros le envió en 2023 120.000 millones de pesos (30 millones de dólares) a Petroquímicas de Venezuela (Pequiven) a través de una empresa creada en Hong Kong (IPCL), ambas controladas por el régimen”, denunció este viernes el periodista Santiago Ángel, editor de El Colombiano, mostrando las evidencias de los egresos y gastos de la compañía durante el año pasado.
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Esto además de constituir una irregularidad por el hecho de que PDVSA está sancionada por Estados Unidos y aparece en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, también desacredita a Petro como mediador en la actual crisis que atraviesa Venezuela ante la demostrada parcialidad al facilitarle violar las restricciones financieras impuestas por la Casa Blanca.
#NOTICIA Monómeros le envío en 2023 120.000 millones de pesos (30 millones de dólares) a Petroquímicas de Venezuela a través de una empresa creada en Hong Kong (IPCL) ambas controladas por el régimen. Esto sucedió estando en la junta directiva de Monómeros, Rodrigo Ramírez,…
— Santiago Ángel (@santiagoangelp) August 2, 2024
Quién es Rodrigo Ramírez
Pero además el directivo de Monómeros que permitió esta transacción, Rodrigo Ramírez, estaría involucrado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), el más reciente escándalo del gobierno de Petro, de acuerdo con unos chats revelados por el medio El Meridiano que revelan que este abogado muy cercano al hijo del presidente, Nicolás Petro, habría pedido 300 millones de pesos (74.000 dólares) a un comerciante del municipio de Corozal, departamento de Sucre, para llevar a cabo el programa gubernamental conocido como “ollas comunitarias”, según reseñó El Colombiano.
Rodrigo Ramírez entró al gobierno de Gustavo Petro desde el proceso de empalme con Iván Duque para el traspaso del poder, pues fue designado en ese momento por el entonces presidente electo para la transición con Monómeros y Ferticol, llevándolo luego a la junta directiva de la filia de PDVSA que opera en territorio colombiano. Ramírez está además estrechamente vinculado con el partido Colombia Humana, de Gustavo Petro, y fue militante de la también organización política de izquierda Unión Patriótica (UP).
¿Vacío legal o violación de sanciones?
En cuanto a la violación de las sanciones de Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que el 11 de julio de 2023 el Departamento del Tesoro hizo pública una licencia particular concedida a Monómeros por un año, la cual se emitió el 11 de mayo de 2023, en la que se autorizan operaciones entre Monómeros y sus subsidiarias Compass Rose Shipping Ltd., Monómeros International Ltd., Sociedad Portuaria Monómeros Colombo Venezolanos S.A., Ecofértil S.A., y Fertilizer International Supply Corp. S.A. Panamá, incluyendo transacciones financieras, como el pago de dividendos.
Sin embargo, todas las operaciones quedaban sujetas a las condiciones y términos impuestos por EE. UU. y el procurador general de Venezuela, cargo creado durante el extinto interinato de Juan Guaidó, pero apenas Gustavo Petro asumió la Presidencia en agosto de 2022, el régimen de Nicolás Maduro registró una nueva junta directiva de Monómeros en Barranquilla, Colombia, como parte de los acuerdos con la Casa de Nariño para el restablecimiento de relaciones.
Y alegando un supuesto vacío legal tras la disolución del interinato de Guaidó en Venezuela, el régimen de Maduro asumió el control operativo de la empresa con la ayuda de Petro, adjudicándose además las funciones que correspondían al cargo del procurador general, creado como instancia de control de los activos de Monómeros.
