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Invocando una supuesta “defensa de la democracia”, el senador Renan Calheiros –uno de los 67 investigados por corrupción que conforman el equipo de transición de Lula– presentará un paquete de leyes ante el Congreso, entre las que incluye una pena de cárcel de hasta cuatro años para los manifestantes que en protestas contra el resultado electoral obstruyan vías públicas. Una condena que aplicaría en la misma medida para los funcionarios de organismos del Estado que permitan que estas acciones de calle se mantengan o se demoren en actuar para despejar las carreteras obstruidas.
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En la propuesta del parlamentario se tipifican diversos “delitos” de “intolerancia y discriminación política”. De acuerdo con la información divulgada por el medio brasileño G1, se contempla que todas estas faltas que –según Calheiros– atentan contra el Estado de derecho y contra la democracia, sean juzgados únicamente por el Supremo Tribunal Federal (STF), el cual está dominado por una amplia mayoría de jueces de izquierda. No es un secreto que siete de los once jueces del STF fueron designados durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (Lula da Silva y Dilma Rousseff). Y el octavo magistrado alineado abiertamente con la izquierda es Alexandre de Moraes (postulado por Michel Temer). La iniciativa de Calheiros tendría que ser implementada vía propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC).
Entre la militancia y la corrupción
El portal brasileño perteneciente a la cadena Globo agrega que este proyecto de ley se aplicaría para “quienes conspiran contra la voluntad popular usando mentiras y teorías conspirativas” y, de inmediato, asegura que es “exactamente lo que el presidente Bolsonaro ha estimulado hacer a sus seguidores después de perder en las urnas frente al futuro presidente Lula”.
Y con relación al presunto delito de prevaricación de funcionarios públicos que sean llamados a despejar las vías obstruidas por manifestantes y permitan que se mantenga la acción o demoren en actuar, lo cual sería penado también hasta con cuatro años de cárcel, G1 agrega que es “exactamente lo que hizo la cúpula de la Policía Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués), controlada por el senador Flávio Bolsonaro”.
No se puede olvidar que la noche del 30 de octubre, al conocerse el resultado del balotaje que daba ganador a Luiz Inácio Lula da Silva por un estrecho margen, en la redacción de la cadena Globo celebraban como si se tratara de un gol anotado por la selección brasileña en el mundial. Lo que sí parecen olvidar o pasar por alto en el portal G1, perteneciente a Globo, es que el senador Renan Calheiros, quien elabora este paquete de leyes para criminalizar la protesta, es uno de los 67 investigados por casos de corrupción que conforman el equipo de transición de Lula.
En 2021, Renan Calheiros fue procesado por la Policía Federal por corrupción y lavado de dinero por presuntamente haber recibido un millón de reales (USD 185.00) en sobornos de la constructora Odebrecht. Para ese momento su defensa se limitó a decir que no hubo pruebas contra el senador.
Lula pide adelantar su certificación como presidente electo
Por su parte, Lula da Silva habría pedido que su acto de certificación como presidente electo se realice el 12 de diciembre, es decir, una semana antes de la fecha límite fijada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pues su presidente, Alexandre de Moraes, había anunciado a comienzos de noviembre que Lula y el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, recibirían su certificación el 19 de diciembre.
La información fue dada por Lula en una reunión que sostuvo este lunes en la sede de la transición con líderes del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). “Dijo que el día 12 será su certificación. (…) Entonces, después de ese día, tendrán más tranquilidad para anunciar los nombres del gobierno”, anunció el líder del MDB en la Cámara, Isnaldo Bulhões, tras participar del encuentro con el PT, según reseñó Gazeta Brasil.
